“Jamás ha sido intención de este Gobierno limitar la libertad de expresión”

A pesar de que su estilo es tranquilo y es pausado Ruth Stella Correa, la Ministra de Justicia enfrenta las fuertes tempestades que sacuden a la Justicia. Día y noche aparecen cuestionamientos a los magistrados de las altas cortes,  es aguda la crisis penitenciaria, y aun se habla de una reforma a la rama que no termina de convencer a muchos. Entrevista.

Confidencial Colombia: ¿Qué la motivó para aceptar una cartera tan complicada como la de  Justicia?

Ruth Stella Correa: El conocimiento que creo tener de lo que es la Justicia en Colombia, de sus problemas, de sus necesidades, de lo que se espera de la justicia, las ideas que tengo que creo que podrían llevar a alguna solución a través de implementar  medidas a mediano y largo plazo. En otras palabras no hay soluciones mágicas, pero en el tema de justicia sí hay que hacer unos cambios muy importantes, particularmente  de carácter operativo

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C.C: Apenas llegó al Ministerio, ¿se imaginó que iba a encontrar tantos problemas?

R.S.C: Tal vez no tenía tan clara consciencia de lo que era el problema carcelario y penitenciario, eso no lo había dimensionado en toda su magnitud. Sí esperaba  problemas como la hundida a la reforma a la justicia, la nivelación salarial en los dos meses que estuvimos en paro, la gran congestión en la administración de justicia.

C.C: ¿Cómo es la relación del Ministerio con la dirección del Inpec?

R.S.C: El Inpec es una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Justicia, por eso debe seguir las políticas públicas que acá se establece en materia de política penitenciaria.

C.C: Apenas estalló la crisis penitenciaria en el país, ¿por qué no se decretó la emergencia social?

R.S.C: Lo primero que hay que hacer antes de llegar a un estado de emergencia constitucional es agotar los mecanismos ordinarios. Cuando estos no sirven, es posible llegar al estado de emergencia. En otras palabras, la declaración de cualquier estado de excepción tiene que hacer un análisis de insuficiencia del ordenamiento vigente para conjurar el Estado, solo superado ese análisis es posible declararlo, por eso estamos dando un paso a la vez. Primero se declaró el estado de emergencia carcelario que trae el código penitenciario, porque sin dar ese paso no es posible llegar a otro posterior. Ahora, es posible que el estado de emergencia carcelario que hemos decretado nos sirva para superar la emergencia. Por eso hemos venido trabajando en un documento que nosotros denominamos Doce Pasos, en donde se contiene las actuaciones que deben ser adelantadas para superar la situación que se está presentado. Uno de esos pasos es la presentación por parte del Gobierno Nacional al Congreso de un proyecto de modificación al código penitenciario y carcelario, que en este momento ya superó la etapa de Cámara, y que no nos espera sino el tránsito por el Senado.

 C.C ¿Y las nuevas cárceles, para más cupos?

R.S C Otro paso es la construcción de nuevos cupos, hemos abordado un plan muy ambicioso: primero la construcción de 10 mil cupos en colonias con el Ejército Nacional, ellos son bastante eficientes, eso ya empezó, es una realidad. En Acacías y Yopal ya se están construyendo los primeros cuatro mil, dos mil en cada uno, y se aspira a que antes de finalizar el año se hayan construido 10 mil para trasladar población de mínima seguridad. A su vez, estamos readecuando cupos en los establecimientos de reclusión que así lo permiten, entre esa acción y dos mil cupos pendientes de los contratos de Fonade, concretamente en Guaduas, esperamos tener 14 mil cupos.

C.C: De acuerdo con lo que se ha expuesto, la crisis del sistema penitenciario y carcelario es una crisis estructural y de largo plazo. ¿Cuáles son lo paliativos y en cuánto tiempo estipula usted que se podrá tener el sistema carcelario en Colombia en cintura?

R.S.C: El plan que tenemos este año es el plan de choque. Vamos a tratar de racionalizar el sistema penitenciario y carcelario a través del código que trae algunos beneficios en materia de libertad. No es el gran código excarcelador que va a soltar mucha gente,  porque el Gobierno tuvo el propósito de presentar un proyecto racional. Por ejemplo, que la multa en ningún caso sea obstáculo para recuperar la libertad, porque hoy hay mucha gente que por no haber pagado la multa todavía sigue en la cárcel. O como que quién esté condenado a tres años o menos, lo que supone la existencia de un delito menor y no sea reincidente, tiene derecho objetivamente a estar fuera de la cárcel, que son las dos mediadas que estamos proponiendo.

C.C: Medidas como la de los brazaletes, que también ayuda a acabar con el hacinamiento en las cárceles y que ha tenido varios inconvenientes ¿Cómo viene funcionando y cuántas personas gozan de ese beneficio? 

R.S.C: Esa medida está funcionando. Lo que pasa es que cuando falla, se le da tanta publicidad ante la opinión pública que genera la idea que no está funcionando. Pero es tan bueno que el porcentaje de falla es de menos del uno por ciento. Esta cifra se debe a que nadie que tenga un brazalete va a perder los beneficios que tiene por estar delinquiendo y cualquier anomalía que se cometa es causal inmediata de revocación del beneficio. También quiero ser clara en que los beneficios, conforme al nuevo código penitenciario, no se concede al reincidente, es solo para quien delinque por primera vez. Respecto a la cantidad, entiendo que hay 2.500 personas, totalmente monitoreadas las 24 horas desde el centro de vigilancia en el Inpec.

C.C: Mucha gente no tiene claro cuál es la solución para mitigar la sobrepoblación en las cárceles. ¿Cómo se puede explicar a la gente del común estas medidas?

R.S.C: Los jueces tienen que recordar que el Sistema Penal Acusatorio privilegia la libertad, pareciera que fuera al contrario porque se están disponiendo muchísimas detenciones. Hay 40 mil personas detenidas preventivamente, eso es lo que está colapsando las cárceles. La obligación del Inpec es con los condenados, ellos tienen 76 mil cupos y entiendo que tienen 79 mil personas condenadas, todas las demás están privadas de la libertad preventivamente. Si no existiera ese número de personas detenidas preventivamente, las cárceles no estarían en las condiciones que están.

C.C: Por otra parte, uno de las causas de la gran crisis carcelaria en el país es la corrupción existente en los centros penitenciarios ¿Qué hacer con un Inpec que cada vez demuestra lo permeado que está por la corrupción?

R.S.C: Es muy preocupante lo que sucede con el Inpec. Nosotros hemos establecido algunos mecanismos de control. Por ejemplo los inscribimos dentro del plan piloto del estatuto anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Igualmente se convino con el Procurador General de la Nación el ejercicio del poder preferente, sobre todo frente a esos casos más sonados para que existan unas decisiones prontas y ejemplarizantes. Lo cierto es que tenemos una vigilancia muy estrecha de lo que está sucediendo en el Inpec, porque es realmente preocupante lo que allí sucede.

C.C: ¿Cómo corregir las dificultades presentadas en la prestación del servicio de salud en los centros de reclusión de todo el país?

R.S.C: Cuando empezamos con el Ministerio teníamos un contrato con Caprecom por disposición de la ley y no teníamos la posibilidad de contratar con otra EPS. Eso llevó a que tuviéramos que quedarnos con la misma, como estamos todavía. Luego, con el Ministerio de Salud, expedimos un decreto en diciembre que nos permitió contratar con cualquier EPS, además estableció que se determinaría una UPC diferencial para el pago de este servicio.

El desarrollo de ese decreto está en  la etapa final, en este momento la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios está adelantando el proceso de selección abreviada para contratar las EPS particulares. Se va a regionalizar y en ese proceso de contratación vamos a tener acompañamiento del Ministerio Salud. Esto se une al hecho que desde el año pasado contratamos el mantenimiento de 42 unidades sanitarias, porque uno de los problemas para no prestar el servicio de reclusión era la inexistencia de estas unidades en las cárceles. De esos contratos, 37 ya los están entregando, es decir, son realidades que se van viendo. 

C.C: Los permisos y los escándalos en los que están involucrados los ex congresistas, que al final se vuelven una bola de nieve. ¿Falta más control?

R.S.C: Vale la pena hacer una diferencia entre los permisos establecidos en la ley con las de actuaciones irregulares como: visitas que no han sido permitidas, entrar teléfonos celulares o entrar licor. En relación con el permiso que está establecido en la ley podemos decir que es muy laxo, entonces cuando se conceden  permisos como los que los medios de comunicación han mostrado la ciudadanía se escandaliza pero finalmente eso está dentro del marco legal. Lo que propone el nuevo código penitenciario es cerrar esos permisos y se establece que solo habrá lugar a ellos en caso de enfermedad grave o el fallecimiento de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad.

El otro aspecto es algo mucho más complicado, es la lucha contra la corrupción que permea en algunas ocasiones a los guardianes del Inpec. En ese punto lo que hay que hacer es un trabajo arduo, constante, con los organismos de control, que los procesos disciplinarios no se engaveten  sino que se proceda adoptar decisiones para que todas aquellas personas que han estado inmiscuidas en una situación de estas sean correctamente sancionadas.

C.C: El gobierno pasado construyó 10 megacárceles, ¿cuántas de esas están en pleno funcionamiento, cuántas siguen con problemas y si consideran que más cárceles podrán darle solución al hacinamiento?

R.S.C: Todas están llenas, con excepción a la de Guaduas, allí hubo un problema con el piso que se estaba desmoronando, además de problemas de inundaciones. Después de todos nuestros requerimientos a Fonade, logramos  que se contratara la adecuación de ese centro de reclusión. Seguimos pendientes con lo que pasa con ese arreglo y finalmente en septiembre entregan esas obras para tener esos dos mil cupos, pero son los últimos de esas 10 megacárceles.

C.C: ¿En qué consiste la actualización al Código Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993?

R.S.C: Es un código que apunta a la protección de los derechos fundamentales de los internos, a establecer principios y criterios diferenciales para el tratamiento que debe dárseles, pero sobre todo está edificado en la resocialización y en el privilegio de la libertad. Si bien es cierto que los beneficios no son muchos, ese es uno de los aspectos estructurales del código, como para recordarles a los jueces que los detenidos preventivamente no pueden ser todos, quién debe estar en una cárcel es quien esté condenado. Dentro de esa resocialización, se quiere vincular a los particulares, estableciendo la posibilidad de que haya estímulos tributarios para quienes colaboren con este tipo de entidades.

También trae beneficios en materia de libertad, son racionales, la ciudadanía no tiene por qué alarmarse pensando que vamos a excarcelar a todos los delincuentes. Realmente la novedad es la de remover la multa como obstáculo para recobrar la libertad

C.C: ¿Sintió que se le iba yendo la mano con el artículo que pretendía prohibir las entrevistas a los sindicados? ¿Se sintió desautorizada cuando el presidente Santos le solicitó al Congreso que no lo aprobara y lo sacara del proyecto?

R.S.C: El tema se malinterpretó, jamás ha sido intención de este Gobierno limitar la libertad de expresión, el carácter democrático que lo caracteriza jamás iría en contra de este derecho. Realmente lo que se estaba proponiendo era impedirle a los sindicados que usen las entrevistas  con el fin de influir en la decisión del juez. La norma no iba dirigida a los medios, estaba enfocada al proceso, a preservar la autonomía del juez, la no contaminación del mismo, ya que el juez tiene que fallar con lo que hay en el proceso y no con su conocimiento personal.

C.C: Para la cabeza de la Justicia del Gobierno ¿Qué le genera los constantes escándalos que la rama judicial viene teniendo, por ejemplo el de la magistrada Ruth Marina Díaz?

R.S.C: He repetido en varias oportunidades que no tengo una opinión pública de ese tema, pero quiero que comprendan que mi oficio como Ministra de Justicia es trabajar con las altas cortes.

C.C: Le han dado duro por todos estos problemas mencionados anteriormente, ¿se siente agotada en el cargo? ¿Qué decirle a aquellos que quieren que el Presidente anuncie pronto su salida?

 

R.S.C: Estoy envuelta en una cantidad de proyectos que estamos sacando adelante, planes  lindísimos en materia de descongestión de justicia. Dentro de poco les vamos a dar una noticia bonita que vamos a sacar en la primera semana de agosto. Es decir, estamos involucrados en muchos proyectos muy interesantes. Y respecto a la segunda pregunta, ni una sola palabra.