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Hoy rectifica el Procurador

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Alejandro Ordóñez afirmó que este miércoles se retractará por las palabras dichas sobre las campañas de promoción de los derechos sexuales, la píldora “del día después” y los tres casos en los que la Corte ha permitido el aborto.

Cuarenta y ocho horas después de que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le notificara la decisión de la Corte Constitucional, el procurador general de la nación ha decidido rectificar.

 

Al medio día de este miércoles, y acompañado de sus 32 procuradores delegados, Alejandro Ordóñez se referirá a las afirmaciones hechas sobre el aborto, la pastilla del día después y las “campañas masivas de promoción del aborto”, como dijo este funcionario hace varios meses.

 

La decisión del jefe del Ministerio Público fue tomada en la noche del martes, luego que desde varios flancos le pidieran que acatara el fallo de la Corte y rectificara su posición.

 

El presidente Juan Manuel Santos le pidió “acatar lo ordenado por la Corte”. “El Procurador es el encargado de disciplinar a los funcionarios públicos. Mal haría yo, como Jefe de Estado, al incentivar la indisciplina”, dijo el mandatario. 

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El Alto Tribunal le notificó el pasado lunes que tiene 48 horas para retractarse de las posiciones que afirmó entre 2009 y 2011 sobre la despenalización del aborto en tres casos excepcionales y las campañas de promoción de los derechos sexuales. 

  

Ordóñez afirmó que la “pastilla del día después” sí era abortiva cuando tanto la Organización mundial de la Salud como el consejo de Estado lo han catalogado en su jurisprudencia como un anticonceptivo.

  

También señaló que las campañas de promoción de los derechos sexuales de las mujeres son “campañas masivas de promoción del aborto”. El procurador “incurrió en una equivocación al referirse a las campañas ordenadas en la sentencia T-388 de 2009 como campañas masivas de promoción del aborto como derecho”, señaló en su momento la Corte.

  

Por eso, entre otras afirmaciones morales frente a cuestiones legales, la Corte afirmó que “tras haber verificado las amenazas y vulneraciones de los derechos de las peticionarias y de las demás mujeres colombianas con las actuaciones descritas, la sala ordenó la rectificación y la modificación de las declaraciones y los actos que los configuraron, de manera ajustada a la jurisprudencia constitucional en la materia”.

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