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Hay que acabar con la costumbre de los políticos de auto vigilarse: Armando Novoa

Armando-Novoa
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Una de los debates que el país deberá iniciar en los próximos meses es el de una reforma política y electoral que permita sanear los vicios que existen en Colombia en materia de elecciones. Por esta razón, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, quien desde tiempo atrás viene hablando de este tema, en entrevista con Confidencial Colombia, explica su propuesta encaminada a reformar el Sistema Nacional Electoral, creando dentro de su estructura, una policía electoral.

¿Por qué y para que crear una policía electoral?

El concepto de Policía electoral es un concepto técnico que se relaciona con las competencias para vigilar el cumplimiento de los particulares con las reglas de la Administración Pública y con las responsabilidades que asumen en el ejercicio de sus actividades. En la actualidad el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene una serie de dependencias. Hay una dependencia que se llama de control y vigilancia; hay una oficina de planeación; está también el Fondo de Financiación de Campañas. La mayoría de esas dependencias tienen entre otras de sus funciones las actividades de control, pero es necesario una que actúe en tiempo indicado.

¿Esta policía electoral haría parte del CNE o estaría adscrita al CTI o a la Policía Nacional?

Cuando se habla de Policía Administrativa no necesariamente estamos hablando de unos señores con uniformes, sino de una organización al interior de la entidad que pueda concentrar unos equipos que tengan unas extensiones en los territorios y que pueda actuar en tiempo real.

¿Cuál sería su función?

Cuando suceden las campañas electoral los partidos y los candidatos pueden colocar vallas, repartir publicidad en las calles, incluso violando las reglas, hecho que es investigando cuando existe una queja ciudadana, que llega por reparto a manos de un magistrado y cuando se toma decisión alguna, el tiempo electoral ya pasó. Los fallos se hacen de manera extemporánea. Una policía electoral le daría trámite a las quejas, permitiendo decisiones de manera inmediata.

¿Esa función la podría hacer el personal que se encarga de veeduría y control?

Esa policía electoral también serviría para detectar la financiación ilegal de las campañas produciendo informes sobre las actividades que no se reportan, también haría auditorías en las sedes u oficinas de los candidatos para que la corporación tome medidas inmediatas, porque es un chiste que los gastos de campañas se reporten dos meses después de que estas terminan y el CNE se demore casi un año revisando.

¿No sería mejor pedir ayuda o coordinarla con personal de la Fiscalía y de los órganos de control?

En otros países como México existe un organismo que se llama Fiscalía Electoral. Aquí la Fiscalía tiene algo que se llama Unidad de Delitos Electorales, que va por un carril distinto al del CNE. La idea es que se pueda contar con un poder electoral fuerte que cuente con una Unidad de Investigación de Delitos Electorales que trabaje en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional. Creo que esa Policía Electoral debe hacer parte de la estructura del CNE.

¿Si cree que con esto los males que tiene el sistema electoral se acaben?

Cualquier diseño que se ponga en discusión corre el riesgo de que en algún momento se filtren actuaciones que le pongan en duda. La idea es acabar con la costumbre de permitirle a los políticos que ellos se autovigilen. Por eso se propone la creación de un comité consultivo que cumpla con una intermediación entre los magistrados y los partidos y se establece un solo órgano electoral y que sus magistrados tengan origen en la meritocracia.

Ese comité consultivo no es una manera de extender en el tiempo la presencia de los partidos políticos, cuándo la idea es separarlos del CNE.

Se lo propone con la idea de despolitizar la función del CNE. Es un órgano consultivo que deliberaría previo a cualquier decisión que el organismo tome con respecto a los fallos que debe emitir. Por ejemplo, este tiene la facultad para señalar la fecha de las consultas internas, pero eso lo hace muchas veces sin escuchar a los partidos con la idea de beneficiar a unos cuantos partidos que son los que le controlan al tener magistrados que son ternados por ellos y elegidos por sus congresistas. La propuesta va encaminada a que exista un diálogo antes de que se tome algunas medidas.

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¿Esta Organización Nacional Electoral que usted propone tendría una sede en cada departamento?

Debe manejarse en forma descentralizada, no con base en la distribución político territorial, sino con un criterio de regionalización. Por ejemplo, regional Cali-Occidente  y así respectivamente y para el efecto tendría que reorganizarse también la registraduría, por eso habló de la necesidad de un solo órgano electoral. En este momento la Registraduría tiene 1.103 delegados en los municipios y en los departamentos hay dos registradores delegados. En estas oficinas se podría desarrollar las actividades de las sedes regionales.

Para la composición de esta organización nacional electoral usted propone un concurso de méritos a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin embargo, mientras se cumple una transición entre lo que hay y lo que se crearía, se pide que las Cortes postulen a determinada persona para que ocupe el cargo de magistrado de este organismo, en momentos en que se pide quitar las funciones electorales que hoy tiene la justicia…

Una de las quejas que existe es precisamente por las funciones electorales que tienen las altas cortes, pero lo que no se ha dicho es que, si estas se suprimen, quien las asume, ¿el Ejecutivo?; ¿el legislativo? Esto existe porque la Constitución de 1991 lo determinó así para acabar con los superpoderes de un presidente de la república, que hoy se desvirtuó porque el clientelismo y la corrupción penetró las esferas de la justicia, promovida en muchos casos por el legislativo. Esta propuesta es de manera transitoria, mientras se llega al concurso de méritos.

La actual composición del Consejo Nacional Electoral tiene origen en el Acto Legislativo de 2003 ¿Es este el punto de quiebre en este organismo que permitió que hoy no cumpla con sus objetivos?

La Carta de 1991 elevó a rango constitucional el Consejo Nacional Electoral, estableciendo que este debía ser nombrado por el Consejo de Estado de listas presentadas por el legislativo, con base en su composición. Esta fórmula sin ser perfecta, neutralizaba la capacidad de influencia de los congresistas sobre los elegidos. Luego con la reforma de 2003, se le entregó esa facultad a los senadores y representantes y esto provocó que se convirtiera en una especie de cordón umbilical de esta rama del poder público, porque a ella llegan candaditos que pierden elecciones, que obedecen órdenes  en primer lugar de los  partidos quienes los postulan y en segundo lugar de  los congresistas que les eligen y como consecuencia de esto tenemos esa especie de pacto fáctico de “Yo no investigo sus bandidos y usted no investiga los míos”.

¿Cuándo fue magistrado del Consejo Nacional Electoral tuvo la oportunidad de proponer esta reforma?

Quise hacerlo, pero quienes hoy suenan como los más opcionados a ocupar el cargo de registrador nacional, no me lo permitieron. Hablo de los señores Alexander Vega y Carlos Camargo.

¿Le molesta que alguno de los dos sea elegido registrador nacional?

Me parecería inaudito que se nombre como registrador a uno de esas dos personas que son los más opcionados para el cargo de registrador nacional, después de conocer su trayectoria en el CNE.

¿Qué le motiva a desconfiar de estos dos personajes?

Muchas actuaciones de las que fui testigo cuando fui magistrado del Consejo Nacional Electoral, de falta de transparencia, incumplimiento con la Constitución, no rendir de cuentas y muchas otras cosas.

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