Gobierno radicó Ley de Amnistía que también contempla delitos del narcotráfico

 

Luego que la Corte Constitucional le diera luz verde al mecanismo de ‘fast track’, que facilita la implementación de los acuerdos de La Habana, el Gobierno en cabeza del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en el Congreso el proyecto de Ley de Amnistía que le brinda seguridad jurídica a los miembros de la guerrilla y que era una de la peticiones de ese grupo armado para empezar su proceso de transición a la legalidad.

La iniciativa también plantea beneficios para los integrantes de la Fuerza Pública que estén siendo procesados o que hayan sido condenados por delitos relacionados con el conflicto armado.

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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta iniciativa “es la que da las garantías y la certeza jurídica a los integrantes de las Farc para su desarme y desmovilización y en la misma ley vienen incorporadas las normas con la renuncia a la acción penal contra integrantes de nuestra Fuerza Pública, con lo cual damos un gran avance en materia de justicia transicional”.


Cabe señalar que de acuerdo a lo pactado entre el Gobierno y las Farc en Cuba, sólo podrán ser amnistiados los guerrilleros que hayan cometido delitos de carácter políticos, es decir, aquellas conductas que consisten en el uso de la fuerza para derrocar al Gobierno, impedir que funcione, u obligarlo a tomar determinadas decisiones.

 

Para el caso de las Farc, sería el delito de rebelión y los delitos relacionados con su lucha contra el Estado y las instituciones colombianas (porte ilegal de armas o el uso privativo de prendas exclusivas de la Fuerza Pública, por ejemplo).

 

El delito de narcotráfico está discusión, y sería tenido en cuenta única y exclusivamente cuando este haya servido para el sostenimiento de la tropa y no para un enriquecimiento personal.

 

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que la discusión de la ley de amnistía empezará la próxima semana en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y se espera que para finales de diciembre las plenarias de ambas corporaciones voten y aprueben dicha ley.

 

 

Cabe señalar que, con la entrada en vigencia del ‘fast track’ se agilizan notablemente los tiempos para la implementación del acuerdo. Las leyes ordinarias pasan de 4 a 2 debates y las reformas constitucionales de 8 a 4 debates respectivamente.