Extesorero del PP pone en ‘jaque’ al Gobierno español

El extesorero del PP- Partido Popular-, Luis Bárcenas, admitió haber llevado una contabilidad secreta durante los años 1990 y 2009. En su declaratoria ante los juzgados, el responsable de las cuentas del PP durante 20 años, ha reconocido que los documentos fueron elaborados por él.

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Bárcenas ha aportado varios documentos con los que comprometería seriamente al PP. Los documentos enfilan contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su antecesor, Álvaro Lapuerta, al que acusa de diseñar la estrategia de pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido.

 

Durante su presencia ante el juez, Bárcenas confirmó las entregas: “A Rajoy y Cospedal les hice entregas en efectivo en 2009 y 2010″. El extesorero fue más allá, y con fechas puntuales, contó que en marzo de 2010 entregó 25.000 euros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A su vez otros 25.000 a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en concepto de sobresueldos y en billetes de 500. 

 

La contabilidad, que está escrita a mano, establece la entrada de dinero descrita como “donativos de empresarios”, así como las salidas son llamadas como “pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento”. Luis Bárcenas, quien había afirmado que la letra que se ve en los libros paralelos de contabilidad no era suya, terminó modificando su declaración para admitir que sí elaboró esta segunda contabilidad.

 

En los documentos que publicó el diario El País de España se registra pagos al actual presidente del Gobierno español. Así como a los vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal.

 

Lo grave de esta denuncia es que en la mayoría de registros paralelos se vulnera la ley de financiación de partidos políticos española. Los valores superaban el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica, porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportes a los partidos.

 

La mayoría de pagos venía a nombre de empresas y empresarios del sector de la construcción, que suelen contratar habitualmente con la Administración. Ocho de estos están imputados en la misma causa.

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