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Empeora la situación en Norte de Santander

Después de 12 días de protestas campesinas en Norte de Santander, la situación no mejora y la crisis de orden público ya cobró las primeras víctimas civiles.

Según las primeras versiones, dos civiles fueron asesinados cuando la Policía trataba de recuperar el control del aeropuerto de Ocaña. César Jeréz, portavoz de los campesinos, aseguró que “la gente intentó tomar el aeropuerto y el Ejército disparó con armas de fuego”. Varios campesinos se encuentran heridos. 

 

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El director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, aseguró que “los civiles resultaron heridos cuando manipulaban artefactos explosivos, como papas bombas, bombas molotov, tatucos y demás elementos, que están utilizando en los enfrentamientos con el Esmad”.

 

Por su parte, Anzorc ( Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina), dijo a través de un comunicado que “denuncia ante la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, los medios de comunicación y la sociedad civil colombiana, los ataques con armas de fuego de los que fueron víctimas campesinos, campesinas así como los integrantes de la Comisión de Verificación, por parte de la Fuerza Pública”. 

 

La Agencia Prensa Rural, dio a conocer este video en el que aseguran que miembros del ESMAD saquean tienda y beben cerveza durante las protestas

 

 

Jesus Antonio Sánchez, alcalde de Ocaña ( Santander), lamentó los problemas de orden público : ” no sabemos cuántos muertos más se deben poner para terminar con este problema. Entendemos que la protesta es un derecho pero se debe hacer en buenos términos. Es urgente que el Gobierno Nacional meta la mano para frenar esta problemática”, aseguró.

 

El funcionario también dijo que los alimentos empezaron a escasear, debido a los taponamientos que hay en la vía por parte de los manifestantes, y que impiden que pasen los camiones con productos.

 

La periodista Claudia Julieta Duque señaló a través de su cuenta de Twitter que “3 miembros del ESMAD murieron el miércoles por la explosión de una granada”. Dos patrulleros más que resultaron heridos fueron transladados al hospital de la región y se encuentran en permanente observación médica.

 

Pliego de exigencias del campesinado movilizado de Catatumbo:

1. Que la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal se realice a través de de la Mesa de Interlocución y Acuerdo- MÍA. Que esta convoque a las autoridades competentes (ver lista al final)

 

2. La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996; así como de los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.

 

3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina.

 

4. Suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC.

 

5. Recogiendo la propuesta del gobernador, señor Edgar de Jesús Díaz Contreras, se exige mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca mediante el otorgamiento de subsidios de un millón quinientos mil pesos (1.500.000) mensuales a las familias afectadas; para tal efecto es necesario elaborar un diagnóstico que dimensione el número de familias beneficiarias. El subsidio debe prorrogarse por mínimo dos años, o hasta que la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región.

 

6. Suspensión de los proyectos de la locomotora minera y la política del plan de consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina. Reconocimiento del derecho constitucional de las comunidades campesinas a ser consultadas y a participar en todas las decisiones que puedan afectarles.

 

Noticia en desarrollo.