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El novelón jurídico de la convención conservadora

Dos impugnaciones, una acción por prevaricato contra el magistrado ponente en el CNE, la vigilancia de la Procuraduría y la incertidumbre por legalidad de la convención, componen el panorama electoral de Marta Lucía Ramírez y el Partido Conservador de cara las elecciones presidenciales. Exclusivo Confidencial Colombia

Lo que se supone sería un trayecto electoral sin mayores contratiempos para el Partido Conservador de frente a las elecciones del 25 de mayo, se convirtió en un verdadero forcejeo jurídico que se debate en el Consejo Nacional Electoral tras las impugnaciones presentadas en contra de la convención que eligió a Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial del conservatismo.

 

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Confidencial Colombia tuvo acceso a documentos de las partes involucradas, los cuales, desde ya evidencian que el dilema jurídico por precisar si se tumba o no la candidatura de Ramírez está cerca de resolverse.  

 

La balanza está de la siguiente manera:

 

Desde el plano de las acciones presentadas en contra de la convención se emitieron dos impugnaciones: Una la hizo el exmagistrado Guillermo Reyes y la otra el convencionista, Carlos Julio Manzano Ocampo. Existe también una solicitud del doctor Francisco Reyes González, por medida provisional, con el fin de evitar que se le entregara el aval a Marta Lucia Ramírez, más no a suspender la decisión adoptada por el partido.

La demanda emitida por Reyes señala una ausencia de garantías durante el evento, por tanto no se cumplieron los estatutos del partido.

-Se violó el derecho a la participación equitativa cuando el senador Roberto Gerlein se disponía a exponer las virtudes de una coalición con el presidente Santos por encima de apoyar la candidatura propia.

-El retiro de tres de los cuatro miembros del tribunal de garantías de la convención, supone que por mayoría el comité decidió retirase luego de que tanto el voto electrónico, como la rectificación del quórum, no se ejecutaron de manera correcta. El tribunal lo componían Dímas Sampayo, Claudia Beatriz Otero, Ciro Gómez y Fernando Araujo. Este último, fue quien se quedó para continuar con la verificación y transparencia del evento.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la acción de Araujo no fue correcta, puesto que una sola persona no podría asumir la vocería de un tribunal elegido por el propio partido.

En todo caso, las funciones de este comité eran garantizar el derecho al uso de la palabra, certificar la transparencia del sistema de votación y hacer e informar los escrutinios.

Los tres miembros que se retiraron esgrimieron que no hubo garantías en la votación electrónica, pues esta se tuvo que hacer varias veces debido a errores de logística.

Por tal razón, y por una violación al derecho a la palabra, la triada resolvió desistir de pronunciamientos y su retiro, según el informe, indica que sí hubo ausencia de garantías. El enunciado también sirvió de gancho para Manzano solicitara nulidad a la candidatura de Ramírez.

Paralelamente, entre las acusaciones en contra, radica una respecto a las formalidades que deben seguir los involucrados a la hora de hacer las respectivas notificaciones de la demanda.

Al parecer, la defensa de Marta Lucía estría quemando tiempo para presentar nulidad a la instancia que se estudia en el CNE, diciendo que el magistrado José Joaquín Vives –el ponente- no le ha notificado a la candidata sobre la impugnación.

Sin embargo, los expedientes conocidos por este medio en efecto confirmarían que cuando el CNE resolvió enviar por segunda vez la información de la impugnación a la oficina de Ramírez, se habría hecho efectiva la notificación que la defensa insiste que no se hizo. En otras palabras, si no se notifica, no se puede vincular a Ramírez con el proceso. Vea la batalla de formalidades entre el CNE y la candidata.

Pero, el otro lado de la balanza indicaría que quien la está embarrando es de hecho el Consejo Nacional Electoral y el magistrado, J.J Vives, en varios aspectos delicados a los que la Procuraduría ya fijó la atención.

Camilo Gómez, excomisionado de paz y miembro del quinteto de juristas contratados por Ramírez, asegura que en la convención no se violó ni la ley, ni los estatutos del partido.

 

“Cuando se revisa la grabación de la convención, una vez se calman los ánimos, citan a Gerlein, lo llaman cuatro o cinco veces y no aparece. Los que se retiraron fueron ellos porque son malos perdedores. A ellos lo llamaron, si se hubieran quedado ahí habrían podido hablar”, anotó. Respecto a la denuncia del voto electrónico dijo que el escrutinio fue limpio y que los 1047 votos que ganó la candidata son legítimos.

 

Asimismo, frente a una violación del derecho a la participación, según relata Ciro Gómez en la declaración, el punto 5 del evento -intervención de Roberto Gerlein- no se logró hacer debido a los abucheos. Luego de su retirada se dispuso a preguntar si alguien más quería intervenir pero “ninguno lo hizo”.

Entonces, expone la defensa, que se preguntó en varias ocasiones si alguien remplazaría a Gerlein para exponer los caminos de una coalición y nadie quizo. Así que la denuncia de la línea santista de declarar violación al derecho a la participación, cuando después del incidente se preguntó por un reemplazo, tendría un punto de quiebre.

 

No obstante, lo que para Camilo Gómez es aún más inquietante es la posibilidad de que desde el CNE se estén fraguando bloques en contra de la candidatura de Marta Lucía y a favor de la reelección de Santos.

 

La maraña política implicaría que la composición del Consejo Electoral –nueve magistrados- estaría en un 80 porciento viciada a favor de apoyar un segundo mandato del Presidente.  

 

“De los nueves consejeros del CNE por lo menos hay dos conservadores y los otros siete magistrados pertenecen al Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal. Eso significa que los partidos del candidato presidente van a definir si puede o no estar el candidato del partido conservador”, precisó.

 

En este orden de ideas se eleva el enunciado de una posible operación para detener el avance del conservatismo, luego de que el movimiento escogiera irse a las elecciones con candidata y no con el presidente Juan Manuel Santos.

 

Es por esto, que la intervención del la Procuraduría a petición de Ramírez en el proceso ha sido categórica en dejar claras varias cosas:

 

-Solicitar al Consejo Nacional Electoral proceder a rechazar las peticiones de suspensión provisional solicitada por los impugnantes.

-Solicitar al mismo abstenerse de decretar medida cautelar alguna, dentro de la actuación administrativa.

-Respecto a las solicitudes de Carlos Julio Manzano Ocampo y Francisco Reyes González el Ministerio Público “considera que la suspensión provisional solicitada no procede, en la medida que al Consejo Nacional Electoral no se le ha otorgado competencia constitucional ni legal para adoptar este tipo de decisiones, pues su atribución se limita a conocer de las impugnaciones contra las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos políticos, así como de las sanciones impuestas por los órganos de control de las agrupaciones políticas”.

Por último, la defensa de Marta Lucía prepara acción penal por prevaricato en contra de JJ. Vives” porque ha violado todos los procedimientos”.

 

“La Procuraduría en su intervención preventiva le dijo a JJ que había cometido el error de no notificar y que el proceso estaba viciado. La Procuraduría ya advirtió los vicios del proceso. Le han dicho que está mal”, anotó Gómez.

 

El jurista advirtió que hace falta una ley estatutaria que defina el procedimiento a seguir en temas de las impugnaciones de los partidos puesto que en estos se tocan derechos fundamentales de la Constitución.