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El desahogo de la sociedad civil

Los sectores sociales no harán parte del diálogo entre el Gobierno y las Farc. Por eso, han aprovechado el espacio que les abrió el Congreso para plantear sus propuestas frente a la agenda de discusión.

Ellos creen que la paz no se construye en una mesa y que para lograr el fin del conflicto hay que discutir las desigualdades sociales y el modelo de desarrollo económico. Crónica.

 

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“El gobierno negocia con los alzados en armas, pero no es capaz de discutir con nosotros el futuro del campo” dice un campesino en medio del receso. Tiene ojos verdes, sombrero y poncho. La piel quemada por el sol y las manos llenas de certificados de que es un trabajador de la tierra.

 

Vive y labora en el Meta, es de la zona. Con un poder cautivador, logra reunir a otros cinco asistentes a las mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto, una iniciativa del Congreso de la República y apoyada por las Naciones Unidas. En un discurso improvisado expresa el sentimiento de millones de habitantes de la Colombia rural.

 

Habla de fortalecimiento de zonas de reserva campesina, de subsidios a los pequeños empresarios del agro, de consulta previa verdadera y de humanización de las locomotoras, del “afán gobiernista” por entregar los recursos del país y encaminarse a un modelo de economía de extracción.

 

Nueve mesas de discusión dispuestas en un hotel a cuatro kilómetros de Villavicencio, por la vía a Acacías, son el espacio que ha dispuesto la organización para que campesinos, indígenas, afros, víctimas y trabajadores discutan dos de los puntos de la agenda que negociarán el gobierno y las Farc a partir del 15 de noviembre: el desarrollo rural y la participación política.

 

Llegaron más de 300 personas de seis departamentos del país. Representantes de la sociedad civil de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta, Casanare y Guaviare acudieron al llamado del legislativo para  socializar una agenda que si bien no fue consultada con ellos, recaerá sobre el campo y sobre sus hijos.

 

Los más optimistas son escépticos, la mayoría son desconfiados y algunos temerosos sobre lo que pueda pasar en La Habana y, más aún, lo que pueda suceder en la tercera etapa del diálogo: la implementación de los puntos de la agenda y el verdadero ejercicio de la paz.

 

Todos hablan de negociación, ninguno de paz. Saben que este acuerdo no fue hecho con ellos y no dudan en sacarlo cada vez que pueden. Frente a tutores de la ONU, asesores de parlamentarios y veedores dejan claro que es el único mecanismo de participación medianamente legítimo para acercarse a esa distante mesa en Cuba.

 

Las mesas tienen un objetivo claro y es la generación de propuestas, la construcción de relatorías que se llevarán a los negociadores, según se comprometieron los congresistas.

 

Sin embargo, el inicio de las discusiones tiene un tinte de desahogo. Hay cientos de personas que no han tenido un espacio tan visible para hablar, así que lo aprovechan para centrarse en historias personales y en problemáticas particulares.

 

Los pequeños empresarios de Boyacá hablan del miedo que tienen al proceso por la realidad que viven en su territorio, los sobrevivientes del genocidio de la UP en Tolima recuerdan la historia de “la mentira del Estado” cuando más de 5 mil militantes de ese partido político fueron asesinados.

 

Las discusiones para contribuir al fin del conflicto comienzan con un ejercicio de verdad espontáneo. No están en una audiencia, ni ante una comisión; están contando su tragedia, tan similar a la de los que están sentados a su lado.

 

Un capacho, instrumento tradicional de la música y el folclor llanero, sirve de moderador de la palabra y de micrófono para algunos. Los campesinos lo toman y se despachan; cuentan en desorden tratando de decirlo todo al tiempo. Sin control del tiempo ni del espacio.

 

“El miedo es que nos maten”

 

La mesa 1.3 se reconoce por un letrero morado de letras y números blancos. En ella, más o menos 18 personas escuchan a la delegada de la ONU para moderar ese espacio de diálogo, que tiene que ver específicamente con la participación política, las garantías para el ejercicio de la oposición y los mecanismos de participación ciudadana.

 

Todos tienen la agenda de negociación en la mano, y las hojas están rayadas con apuntes previos y propuestas. De a poco comienzan a soltarse para levantar la mano y pedir la palabra. Saben que no hay tiempo para perder.

 

Tras la introducción, una víctima del Meta pide la palabra, el capacho llega a su puesto y empieza: “Las Farc no son las generadoras de toda la violencia ni de todo el conflicto en Colombia” sentencia. Esgrime estadísticas en las que evidencia que más del 90 por ciento de la guerra en Colombia es producida por otros actores.

 

A él se unen otras voces tímidas, y contenidas porque en la discusión han acordado que solo quien tenga el instrumento de moderación en la mano puede hablar. A medida de que pasan los minutos, los ojos de los participantes comienzan a llenarse de palabras. Cada vez tienen más cosas que decir.

 

El capacho comienza a pasar por las manos de los participantes y una palabra comienza a rondar en el ambiente: desigualdad. Todos coinciden en que en Colombia existe un conflicto armado y uno social, que solo se va a solucionar cuando el país se vuelva un territorio equitativo y “deje de pensar solo en los ricos”, como afirma un participante.

 

Para ellos, la única manera de pasar la página de la guerra es identificar, dimensionar y discutir las causas y motivos para el inicio de la confrontación armada. No están de acuerdo con la propuesta del gobierno de llegar a acuerdos mínimos para poner fin al conflicto, quieren discutirlo todo para obtener “una paz verdadera”.

 

El diálogo toma otro rumbo, por eso la moderadora debe aterrizarlo y recordarles que están ahí para proponer mecanismos de participación y de garantías para la oposición política.

 

Los participantes responden: proponen la creación de Consejos Municipales de Paz, de una instancia permanente de participación de la sociedad civil paralela a la mesa de diálogo, sacralizar el derecho a la oposición y le exigen a las Farc que si pierde en el juego de la política no vuelva a las armas.

 

El conflicto, según ellos, no se termina por decreto, y debe estar acompañado por implementación de políticas públicas, una reforma electoral, la creación de partidos políticos “serios” y por un respeto absoluto a la constitución.

 

Además, debe venir acompañado de la desmilitarización de los territorios y de un desarme emocional por parte de la población. “Aquí nadie recluta a nadie, todos nacemos reclutados por una sociedad militar”, afirma un líder campesino del departamento del Meta.

 

Ya emocionados, los asistentes a las discusiones proponen condiciones para que la participación política de la oposición sea efectiva: exigen el desmonte de las estructuras paraestatales, reconocimiento de la beligerancia de las guerrillas, no estigmatizar la movilización y la protesta, hacer constituyentes por la paz y archivar la ley de fuero militar que se encuentra actualmente en el Congreso.

 

La dignidad socializada

 

Hacia la una de la tarde van quedando algunos puntos de acuerdo. Las visiones se acercan y se hace más fácil construir una propuesta conjunta, que será expuesta en una plenaria donde ellos podrán hablar con algunos miembros de las comisiones de Paz del Senado y la Cámara.

 

Por eso la moderadora los invita a almorzar. Una fila larga los separa de un plato de arroz, papas, ensalada y sobrebarriga. Ellos aprovechan para conocerse e intercambiar las experiencias que los han traído a este encuentro.

 

En la hilera hay representantes de todos los sectores sociales, cada uno con una historia y un conocimiento específico sobre la realidad del país. El despojo, la lucha campesina, las experiencias educativas y los proyectos de economía solidaria confluyen en un mismo recinto, en una misma intención.

 

Comen de afán, quieren seguir hablando. Abandonan el lugar del almuerzo y se acomodan en pequeños corrillos cerca de las mesas de discusión. Allí, plantean de nuevo los puntos de la agenda entre el gobierno y las Farc.

 

Creen en la paz negociada, pero saben que el acuerdo con la guerrilla no será suficiente. A la superación de la pobreza y las garantías de participación de una nueva fuerza política compuesta por desmovilizados se suman la existencia de otros grupos armados y las “locomotoras” de la economía.

 

Pero, de todas formas, se la juegan por la iniciativa y esperan que esta “sentada” sirva para mejorar en algo la vida en sus regiones. No tienen una silla en la mesa, lo saben, pero también conocen lo que es vivir en guerra y quieren dejar de sentir la zozobra del conflicto, al menos de parte de un actor.

 

De a poco llegan todos los participantes y comienza la segunda parte de las discusiones.

 

El eje del conflicto

 

El salón del segundo piso tiene aire acondicionado. Una puerta grande a la entrada y dos más a los lados, que comunican con un par de salones pequeños. Es el espacio principal del hotel.

 

Allí acomodaron tres mesas de discusión. Una de ellas aborda el tema de la participación política y las otras dos el de la tierra y el desarrollo rural. Las discusiones sobre el tema del agro están llenas de representantes de organizaciones con experiencia, que saben qué es sacar a los actores armados de su territorio y emprender proyectos productivos de economía colaborativa.

 

Los campesinos tienen la voz en este apartado de la agenda, por eso les duele tanto no estar incluidos dentro de la mesa de negociación. Finalmente, han sido las víctimas de la degradación de la guerra, del progreso, de la explotación minero energética, del olvido.

 

Por eso llegan a estos encuentros con propuestas claras, que no solo son factibles sino que en muchas ocasiones ya se encuentran en marcha.

 

De la mesa que está ubicada al lado derecho del recinto se levanta una mujer joven, aparentemente tímida. Pero cuando comienza a hablar impone su carácter y conocimiento. Pertenece a una organización campesina del Tolima y fue escogida por su comunidad para venir a participar del encuentro.

 

“Queremos que cuando vayan a instalar un megaproyecto de extracción en nuestros territorios lo consulten con la comunidad. No con el alcalde ni con el gobernador de turno, sino con los representantes de la comunidad”, señaló.

 

También exigió acceso a viviendas dignas, a servicios públicos, a una infraestructura e transporte decente, con mejoramiento de las vías secundarias y terciarias; y educación con énfasis e inversión en lo rural “para que nuestros jóvenes no se vayan a las ciudades”.

 

Su exposición fue rápida y certera, y no dio tiempo a discusiones. En ese momento, los participantes estaban más interesados en plantear sus propuestas que en polemizar sobre las de los demás, así que capacho en mano cada uno de los representantes expuso sus ideas.

 

De la mesa surgieron iniciativas como reconocer que los campesinos son una fuerza productiva importante, respaldar las propuestas de desarrollo rural hechas por los campesinos; reglamentar y fortalecer las zonas de reserva, e incentivar su construcción en otras partes del país.

 

Los participantes de la mesa también exigieron al gobierno participación de los beneficios de la extracción del suelo y el subsuelo en sus territorios, y mayores niveles de responsabilidad social de las compañías que sacan los recursos de sus tierras.

 

Se enfocaron también en el fortalecimiento al incentivo de la producción agropecuaria. Exigieron que la cadena de producción sea garantizada por el Estado, “para que no tengamos que irnos a vender a las minas o a sembrar hoja de coca”, señaló una líder campesina del Meta.

 

Otros fueron más allá del desarrollo y propusieron un catastro alternativo, un censo paralelo al de las organizaciones actuales para dimensionar en su verdadera magnitud el fenómeno del despojo y poder difundir las verdaderas cifras de este flagelo.

 

Las propuestas brotaban de cada una de las gargantas participantes. La sociedad civil se tomó en serio la posibilidad de entrar, al menos a través de un interlocutor, a dialogar con las partes que intentan negociar el fin de la guerra.

 

Llegaron armados con documentos y experiencias, para demostrar que en sus comunidades ya están andando proyectos que podrían aplicarse a nivel nacional para superar la desigualdad e implementar lo que se discuta en La Habana.

 

Finalizando la tarde, los asistentes socializaron propuestas de desmonte de las locomotoras minero-energéticas y de la nacionalización y racionalización de estos recursos. Incluso llegaron a cuestionarse el hecho mismo de extraer esas materias primas del suelo.

 

Sigue la esperanza    

 

Las víctimas, los indígenas, los campesinos y los afrodescendientes entregaronn sus propuestas a los organizadores. Con ellas se va el anhelo de que alguna de sus ideas sea escuchada y, en el mejor de los casos, discutida en la mesa.

 

El primer día de trabajo ha terminado. A la mañana siguiente llegarán los congresistas, los medios, las plenarias y los discursos. Ya la discusión está planteada y ahora depende de la voluntad de unos y otros para que la voz de la sociedad civil se manifieste en el diálogo.

 

El ejercicio, a todas luces, es valioso. Más de 300 personas que han sufrido de alguna manera el rigor del conflicto armado superaron su tragedia y se reunieron, pensando en el futuro, a proponer.

 

Saben que, al menos por un tiempo, el Estado va a intentar poner fin a una parte del conflicto. Los más optimistas son escépticos, la mayoría son desconfiados y algunos temerosos; pero todos conservan la esperanza.