Ejército se defiende en caso Andrómeda

La Inspección General del Ejército, de acuerdo a las órdenes impartidas por el Presidente Juan Manuel Santos presentó un informe que pretende dar cuenta de las posibles chuzadas ilegales que se habrían hecho a los miembros negociadores de la mesa de diálogos en La Habana. En él, además de señalar algunas fallas de procedimiento y hacer énfasis en el carácter legal de las actividades de inteligencia realizadas, de deja en manos de los entes judiciales las investigaciones del caso.

De acuerdo a lo solicitado por el Presidente Juan Manuel Santos, el ministro de defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, la Inspección General del Ejército presentó un informe en que señala qué se hizo desde que se hicieron públicas las posibles interceptaciones ilegales en un centro de inteligencia ubicado en el barrio Galerías de Bogotá.

 

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Según lo que se desprende del documento, la entidad revisó y verificó las órdenes de inteligencia de los años 2012 a 2014; revisó los documentos que sustentan la ejecución presupuestal con que se mantuvo y sostuvo la fachada del centro de inteligencia conocido como Buggly; entrevistó a varios de los involucrados en el funcionamiento de la fachada y solicitó información a la Fiscalía por el estado de las investigaciones y de los procesos penales que se hayan abierto. 

 

Basado en esos puntos, el informe señala que la fachada Buggly fue legal y estaba soportado en documentos de inteligencia completamente legales, según lo dicho por la Inspección General. Además, sostiene que los recursos con que se sostenía la fachada fueron legales y están soportados. Según los entrevistados por la entidad, en ningún momento hicieron interceptaciones de comunicaciones por lo cual le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría que evalúen la veracidad de esos testimonios.

 

El informe concluye con el reconocimiento de que hubo errores de procedimiento que llevaron al descubrimiento de la fachada. Con eso se infiere que hubo fallas en el control de la reserva que corresponde a un sitio de inteligencia como lo era Buggly.

 

También, sugiere el documento que seis funcionarios que participaron en la operación deben ser relvados de sus cargos mientras se lleva el proceso penal correspondiente y que se hagan revisiones mensuales de la documentación de los demás centros de inteligencia para verificar la legalidad de sus acciones.

 

El documento de la Inspección General pretende cerrar un capítulo bochornoso para las agencias de inteligencia estatales aunque por el momento es la Fiscalía General la que tiene en sus manos los equipos y dispositivos de almacenaje de la información con lo cual aún falta mucho para saber qué tan legales eran las operaciones que se llevaban a cabo en Buggly.