Dos protagonistas de la Ley

Dos políticos reconocidos por su ímpetu y firme decisión de ofrecer a las víctimas una posibilidad certera de obtener su reconocimiento y reparación integral, son los protagonistas, desde el Congreso, del trámite y aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución: Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, le apostaron a un proyecto que hoy es una realidad y un hecho histórico para Colombia. 2011-06-27 +++ Con la aprobación de la ley termina su tarea en el Congreso

** Juan Fernando Cristo, Senador de la República – Autor de la Ley**

Tiene 46 años y cuatro legislaturas encima. Los últimos 48 meses los dedicó a convencer a todos los sectores políticos nacionales e internacionales de que Colombia debía tomarse en serio una legislación que reconociera a las víctimas de la guerra en Colombia. Lo que comenzó como un proyecto de ley se fue convirtiendo en una causa política que hoy parece haber conquistado. Por diferencias sobre la Ley se alejó del Uribismo y pasó a una férrea oposición del ex Presidente, hasta hoy las diferencias continúan.

Pese a todo lo que falta para que se sientan los efectos en la vida de las víctimas, Juan Fernando Cristo siente que su aporte ya está hecho, que la misión está cumplida y que además de ser autor de una ley para los más desprotegidos, él como víctima también ha tenido su propia reparación.

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Su Padre fue asesinado en 1997 por el Eln y aunque pocas veces invoca ésta como la razón de su compromiso con esta Ley, porque siente que es una de las pocas víctimas privilegiadas a quien la violencia no le arrebató el proyecto de vida, es claro que ahora puede dormir más tranquilo. Hoy acapara la atención de los medios y su figura se proyecta a otras esferas de la vida nacional.

+++ La última esperanza de las víctimas

**Por: Guillermo Rivera, Representante a la Cámara, ponente de la Ley de Víctimas**

Eran las tres de la tarde de un día cualquiera de octubre de 2008 en Valledupar, un grupo de Congresistas habíamos acudido a escuchar a las víctimas de esa región sobre el proyecto de ley que dictaba medidas de reparación para ellas, y frente al micrófono desfilaban cientos de mujeres, pero también unos cuantos hombres, a contar su relato del horror vivido. De repente apareció Consuelo, una anciana que bordeaba los 80 años, y dijo sin ningún preámbulo: vengo a pedir por María, mi nieta, que es el fruto de una violación de un paramilitar a mi hija, que a los pocos días del parto falleció. María es una hija de la violencia, destacó su abuela, y a mí no me queda mucho tiempo de vida y quisiera dejarle algo para su futuro, fue su manifestación de corolario.

Aún no se si esta Ley satisfaga las expectativas de Consuelo, de su nieta María y de millones de colombianas y colombianos que vivieron en medio de la barbarie, quizás no pero si estoy seguro de que esta ley, no porque sea una ley en el sentido formal, sino porque representa un voltear la mirada hacia ellos de parte del Estado ausente y de la sociedad indolente de antaño, significa para las víctimas de la violencia su última esperanza. La última esperanza de sentirse parte de una sociedad, de una sociedad que es capaz de mirarse a sí misma y reconocer que dejó en el abandono, en medio de la ley de la selva, a niños, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres que sintieron que las balas y la motosierra de guerrilleros, paramilitares, y en algunos casos agentes del Estado, que paradójicamente tenían la misión de protegerlos, asesinaban a sus familiares, vecinos y los obligaban a huir abandonándolo todo.

Una ley es la expresión del querer de la sociedad a través de sus voceros en el escenario natural de la democracia que es el Parlamento, al menos esa es la teoría que sustenta la existencia del Estado moderno y la democracia representativa, y aunque en Colombia en la mayoría de las ocasiones no pareciera ocurrir así, prefiero pensar que en esta oportunidad es la sociedad colombiana la que quiere reconciliarse reconociendo y compensando a quienes padecieron de manera directa la violencia.

Lo anterior es el verdadero significado de esta ley, y eso es mucho más que la discusión sobre el costo fiscal de la misma, sobre la controversia en torno a si hay o no conflicto armado.