CorteIDH abre su 92 periodo ordinario de sesiones en Bogotá

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) abrió hoy en Bogotá su 92 periodo ordinario de sesiones con el caso de la jueza chilena lesbiana Karen Atala Riffo.2011-08-22 El tribunal, presidido por el magistrado peruano Diego García-Sayán, dio comienzo su labor con el debate de una sentencia de la Corte Suprema de Chile en relación con el caso Atala.

La jueza, de origen palestino, demandó la decisión del Supremo chileno “por el presunto trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar debido a su orientación sexual”, proceso en el que perdió la custodia de sus hijas.

En la audiencia inicial, los seis magistrados del tribunal escucharon hoy los argumentos del Estado chileno y de la defensa de Atala y sus argumentaciones.

La vista, que como las otras previstas es de medidas provisionales, proseguirá durante este martes y concluirá mañana, para dar paso a una segunda audiencia sobre un caso que alega la violación a la libertad de pensamiento y de expresión de los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, director y editor, respectivamente, de la revista argentina Noticias.

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El tribunal se ocupará de este caso en el que Noticias publicó en 1995 que existía un hijo no reconocido del ahora expresidente argentino Carlos Menem con una diputada.

Las deliberaciones concluirán el jueves con el análisis de la situación de presuntas violaciones de derechos humanos en dos cárceles de Brasil.

Además de García-Sayán, deliberan en la capital colombiana los magistrados Manuel Ventura (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (República Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).

Los fallos sobre los casos de los que se ocupa la CorteIDH en Bogotá se emitirán “en los próximos meses,” precisó a Efe su presidente García-Sayan.

Adicional a las audiencias, el tribunal interamericano tiene previsto celebrar un seminario internacional, también en Bogotá, sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial, que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto.