¿Cómo debe ser el Presidente para el posconflicto?

Humberto de la Calle se mostró reacio a la idea de dirigir desde la Casa de Nariño. Sin embargo, su reacción sirve para meditar sobre qué debe tener el Presidente que sea elegido para el posconflicto.

“No se ha logrado la firma de la paz y ya están postulando candidatos”, le dijo a este medio el exalcalde Jaime Castro, quien aseguró que es delicado ‘ensillar la bestia antes de montarla’ y más aún cuando no hay claridad frente al punto de la dejación de armas por parte de las Farc.

En efecto, se dice que la exsenadora Piedad Córdoba se anticipó a la realidad de la actualidad nacional tras sugerir que el presidente más indicado para el posconflicto sería Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz.
 

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A pesar que la postulación no cayó bien entre varios sectores, incluso De la Calle la rechazó, esta puso sobre el tapete la discusión frente a  qué cualidades y características debe tener el jefe de Estado que resulte electo de cara a un posible escenario de final del conflicto armado.
 

Quien quiera que sea, este se enfrenta a la enorme responsabilidad de garantizar la soberanía en el territorio nacional y de articular a miembros de las Farc al tablero democrático.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, el elegido debe estar dispuesto a generar los cambios institucionales, políticos y sociales que requiere la sociedad colombiana del posconflicto.
 

“Se necesita a alguien que estimule la reconciliaicón entre los colombianos, que haya defendido el proceso de paz y que garantice un ambiente propicio para que el país pueda doblar la página”, añadió.

Un nombre que ha hecho eco ante la opinión pública y que ha provocado toda suerte de reacciones es el del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado su estampa ha cogido brillo y hoy es un hecho que en la próxima consulta será candidato.
 

Hay quienes aseguran que una de las virtudes más sobresalientes de Vargas Lleras, que podría ser de gran utilidad, es que es ejecutor. De hecho se habla que tendrá un rol predominante en la época de la paz en materia económica y de infraestructura, a pesar de que mantiene diferencias con las negociaciones que hoy adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana. En todo caso, el exminsitro se postula como una figura influyente.

 
Según César Pachón, líder de Dignidad Papera y uno de los voceros del movimiento Dignidad Agropecuaria, el próximo presidente debe saber qué pasa en las regiones pues “no puede haber un posconflicto igual para cada zona del país”.

 

“Hay regiones donde hay más pobreza, otras con una topografía distinta y otras donde hay indígenas o solamente campesinos. Entonces, el nuevo Presidente debe ser una persona que haya podido estar en los diferentes sectores, que conozca de sus culturas y pensamientos y que sepa escuchar”, anotó.

 
Otro reto al que ese elegido tendrá que enfrentarse tiene que ver con la estabilidad del Legislativo y de la rama judicial, pues si las bases del Congreso y las cortes no están sólidas la situación jurídica y política de la sociedad del posconflicto pasaría de claro oscuro.

 
Así ya estén acordados los términos de la paz entre las partes, si no se logra una reconciliación entre los partidos políticos –se atenúa el bipolarismo político del país- y si no se reestructura el órgano judicial la firma de la paz no podrá traducirse en resultados palpables.

Voces cercanas a Confidencial Colombia señalan que el presidente del posconflicto debe ser el “presidente del agro”. El Estado ha tenido una deuda histórica con el campesinado y es claro que para aterrizar las bases del fin de la guerra se necesita una política de gobierno que busque revitalizar al campo, pues es la piedra angular de un escenario de paz.

 

Un estudio de Fedesarrollo advierte que el país debe darle un giro a las políticas públicas del sector rural si quiere oxigenar la agricultura, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y consolidar una paz estable y duradera.

 

El informe reseña que con un plan de ordenamiento territorial juicioso se podría concretar la seguridad alimentaria de la Nación y producir recursos para los mercados nacionales e internacionales. El mismo también destaca que el acceso a la tierra, el derecho de propiedad y su buen uso y la actualización del catastro –que tiene un atraso superior al 50 por ciento- deben ser prioridad de la política agraria.

Asimismo alerta la necesidad de dotar al campo de estrategias productivas para los pequeños productores, de tecnologías y de insumos para generar un valor agregado a la comercialización de los productos.