“Cesar Mauricio Velásquez tenía nexos con paramilitares”

Abilio Peña, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunció vinculos entre alias ‘Ricardo’ y la Casa de Nariño. Criticó el papel de generales retirados y políticos cercanos al expresidente Uribe en negocios ilegales en Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó. También, habló del papel del Gral (r) Mora Rángel en el Proceso de Paz. Entrevista

La condena a alias Ricardo, perteneciente a las AUC, por apropiarse ilegalmente de predios de las poblaciones de Curvaradó y Jiguamiandó en connivencia con funcionarios del antiguo INCORA, puso de nuevo en el tapete los alcances de las relaciones de políticos con grupos armados ilegales. La organización defensora de DDHH que acompaña a las víctimas de territorios colectivos  hizo importantes denuncias sobre los alcances de esa condena y la victimización de la que han sido objeto.

 

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ConfidencialColombia: Recientemente hubo noticias sobre el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, la condena al paramilitar ‘Ricardo’ ¿de quién se trata y qué incidencia tiene esa condena sobre el caso?

 

Abilio Peña: Se trata de Rodrigo Zapata, que según la fiscalía era puente entre “Los palmeros”, en particular Vicente Castaño también paramilitar, y el alto Gobierno. Él era el que hacia los contactos con el Incoder para todo el tramite de la legalización de tierras y para el tramite de recursos, pero además trascendió a nivel nacional.

 

Cuando hubo esa famosa reunión en la Casa de Nariño, hubo una comunicación que sostuvo Rodrigo Zapata con “Job”, en la cual “Job” le pedía que se comunicara con el secretario de presidencia Cesar Mauricio Velásquez para “seguir hablando temas”.

 

Creemos que es significativo por dos cosas, porque liga directamente uno de los despojos mas cínicos, más descarados, más públicos, donde esta más comprometido el paramilitarismo con círculos de poder supremamente altos, cercanos al presidente Álvaro Uribe como lo que ocurrió en concreto en la casa de Nariño. 

 

¿Qué intereses había en la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe  sobre Curvaradó y Jiguamiandó?

 

Pues Álvaro Uribe en concreto, nosotros pudimos hacer un seguimiento minucioso de sus declaraciones en relación con palma aceitera. Hay diez alocuciones de él en reuniones con empresarios bananeros, con empresarios palmeros, con Fedepalma, en las que habla del proyecto palmero del sur de Urabá, así lo nombra él.

 

La única palma que hay en el área es la de Curvaradó y Jiguamiandó, pero él no nombraba Curvaradó y Jiguamiandó porque en ese momento las investigaciones ya estaban avanzando y ya el impacto de una plantación de palma en territorio de comunidades negras era reconocido con el caso de Curvaradó y Jiguamiandó.

 

Lo incentivaba, entonces era un tema prioritario para él, es más, había hablado de que las bombas gasolineras de Urabá y del Choco se alimentaran con biodiesel, como le llama él, con agro diesel para abastecer el área. Además hizo todo el plan para que se convirtiera en zona franca al área, para que el nivel de impuestos, los beneficios de importación y de exportación, llegaran ala gremio palmero.

 

Estaba supremamente interesado en el tema, además habían amigos cercanos, muy cercanos, como Ignacio Guzmán Ramírez.

 

Ignacio Guzmán Ramírez fue secretario privado de la gobernación de Antioquia que durante siete ocasiones lo reemplazó como Gobernador. Además fue del equipo de la primer campaña de él. Fue en el Gobierno de Álvaro Uribe embajador de Colombia en México, cónsul en Miami, además esta implicado por “El Tuso” Sierra en temas de narcotráfico.

 

Entonces sí hay una relación muy cercana entre estas personalidades comprometidas con la palma aceitera y el circulo de Álvaro Uribe Vélez.       

 

¿Cómo está la situación de Derechos Humanos de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó que ustedes representan?

 

Hubo en el mes de marzo dos asesinatos de personas implicadas en el proceso de recuperación de tierras, Emanuel Ruiz y su hijo Samir. Y el crimen evidencia lo que pasa en la zona en este momento. A él los paramilitares lo amenazan en Mutatá porque salió por un engaño, porque supuestamente le iban a entregar un premio de un teléfono, minutos, en fin, un dinero, y sale. Los paramilitares lo acusan de ser guerrillero, después lo retiene la policía de Mutatá. Después lo sueltan cuando hay presión porque llaman a la defensoría del pueblo, llaman a distintas instancias del gobierno del Ministerio del Interior y dicen “No, es un líder”.

 

Se monta con su hijo en el transporte hacia el Curvaradó, y cuando van andando se sube un hombre armado, visiblemente armado. Hay un reten posterior de la brigada diecisiete, la brigada diecisiete requisa a todos le pide documentos  a todos menos al paramilitar que estaba armado. Otros paramilitares estaban esperando en uno de los puentes, lo bajan y lo desaparecen.                 

 

Ante la evidente presencia de la Brigada XVII y de la policía de Urabá, la misma policía cuando supo de la existencia de un cuerpo dijo que no podían ir a esa área a buscarlo porque era zona roja, era peligrosa. La misma Fiscalía dijo “No, eso es un tema de extorción”, militares dijeron “Eso es un tema afectivo”, dijeron “Eso es un auto secuestro”. Entonces todo el andamiaje de complicidad se dio en el caso de ese crimen. Eso esta ocurriendo en este momento.

 

Hay unas ordenes de la Corte Constitucional muy importantes que tienen que ver con el saneamiento de tierras, que es obligar a estos empresarios, de la ganadería extensiva y de la palma aceitera aque salgan de la zona, pero todavía no se ha concretado. Tienen que adelantar el proceso de descenso, tienen que hacer todo el proceso de formalización de la propiedad, tienen que hacer el proceso de alinderamiento y todavía no se ha hecho.

 

En este momento el Gobierno está planteando hacer dos procesos separados, el de Jiguamiandó y Curvaradó. Las comunidades han dicho que no están de acuerdo con que se separen, están pidiendo una reunión con el gobierno para aclarar ese asunto, y así esta la situación              

 

Recientemente trascendió, a raíz del atentado contra el exministro Fernando Londoño, de nuevo, una conversación que reveló Noticias Uno en la que habla con Rito Alejo del Río sobre Curvaradó y Jiguamiandó, se entre lee que hay cierto tipo de acuerdo con un sector de la población para atacar a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. ¿Cómo se desenvolvió eso?

 

Lo grave es que no hay ninguna investigación adelantada por obstrucción a la justicia, por lo que esta haciendo el general Rito Alejo del Río por lo que hizo con Fernando Londoño Hoyos. Esa es una manera de intentar menoscabar el trabajo que hacen las mismas comunidades y las organizaciones de derechos humanos que están en la zona, que han sido un contrapeso real a las pretensiones de control territorial en esas áreas.

 

En esa campaña ha intervenido José Obdulio Gaviria, Tamayo, han intervenido varios columnistas, en fin, pero afortunadamente se pudo revelar gracias a que noticias uno saco un video donde salieron esas conversaciones, pues lo que hay detrás, y es una manipulación también de sectores afro descendientes de la zona al servicio de estas estructuras militares también y empresariales, en el área, para intentar menoscabar la credibilidad de las organizaciones que están presentes en la zona.

 

Ahora, preocupa mucho que el general Mora Rangel sea uno de los negociadores, él fue parte de campañas de desprestigio contra la Comisión de Justicia y Paz articulado también con el general Rito Alejo del Río. Obviamente, como lo dijo el mismo presidente Pastrana, tememos que sea una gran piedra en el zapato durante el proceso de negociación.

 

¿En qué consistió esa campaña?

 

En ese dialogo lo que le dice Rito Alejo del Río a Londoño es que un grupo afro, de “negritos”, le llamo así, que están hablando contra Justicia y Paz, que están hablando contra el cura. Entonces le dice “El único medio por el que quiero que salgan es por el suyo, es decir, “por la hora de la verdad”, que es el programa de Londoño.

 

Entonces le dice “Claro, mándemelos y los ponemos a hablar cuarenta y cinco minutos”. Ahí organizan para que ellos no se devuelvan el día que tenían que devolverse, los afrodescendientes se quedaron. Y dice “Están hablando durísimo contra el cura sin nombrarme a mi”, es lo que dice él en parte de la campaña.

 

Pero además los textos, artículos de prensa, entrevistas que aparecen de algunos afrodescendientes, pues nos acusan de ser parte de la guerrilla, de que las zonas humanitarias son lugares donde se concentra la subversión, han habido comunicaciones donde nos acusan de querernos apoderar de las tierras de las comunidades, acusan a organizaciones internacionales que están presentes en el área y hablan de procesos de judicialización contra la Comisión de Justicia y Paz, nos acusan de que hemos entregado dinero miembros de la Comisión de Justicia y Paz a la guerrilla.

 

Nosotros le pedimos al fiscal general recientemente en una reunión, que para que eso no obstruya los otros procesos, porque también las mismas defensas de los empresarios y de los paramilitares convierten los procesos contra ellos, quieren convertirlos contra nosotros. Entonces nosotros le dijimos al fiscal general “Llámenos a indagatoria, hagan lo que tengan que hacer, para que resuelvan el tema de Justicia y Paz investíguennos, no estamos diciendo que no lo hagan, pero dejen la vía libre para que el otro proceso funcione bien sin este pretexto”, porque es el modo como se está tratando. Desafortunadamente no hubo una respuesta inmediata.                                     

 

Vuelvo a su preocupación sobre Mora Rangel, ¿Qué influencia tuvo en las zonas donde ustedes trabajan y qué le va a aportar o qué le va a restar él a la paz?

 

En el año 2003, él articulado con sectores empresariales, fundamentalmente de maderas con Pizano S.A., recibió a una abogada, de la empresa de Maderas del Darién, que trabajaba con el Das y que era una informante del Das en procesos de seguimientos ilegales tanto a las comunidades del Cacarica como a nosotros como Comisión de Justicia y Paz.

 

 Y  mucha de la información de los seguimientos ilegales  salió en una rueda de prensa que convoco en el año 2003 el general Enrique Mora Rangel, y puso a hablar a uno de los negritos de los que habla Rito Alejo del Río en esta interceptación, que es Adán Quinto y a esta abogada que se llama Johana Cabezas, a atacar a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

 

El problema es que él tiene una animadversión enorme contra  defensores de derechos humanos y ahí están todas las sindicaciones que se hacen de la presunta responsabilidad de este general en varios crímenes, por ejemplo en el caso Garzón que recientemente se conmemoró. Entonces la gran preocupación es que posibilidades en la negociación de garantía de defensores de derechos humanos y a las víctimas, que es uno de los temas que aparece ahí, no vaya a tener mayor avance por las condiciones que los militares puedan poner.

 

Además hay un interés muy concreto de la organización a la que él pertenece que es Acore, y es que un coronel, retirado del ejercito que se llama Luis Felipe Molano, robo tierras en el Curvaradó y tiene el control de varias áreas del Curvaradó, además es el tío de un narcotraficante que esta extraditado en los Estados Unidos.

 

Es el seguidor más directo que hemos encontrado con la Casa Castaño como ellos llaman, donde ha habido apropiación de tierras, trafico de cocaína, ha habido crímenes de personas. Entonces hay unos nexos muy directos ideológicos pero también gremiales, si se quiere decir.