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Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes ya estaba advertido de un posible motín

Cerca de las 8 p.m. de este domingo 5 de marzo, se presentó una revuelta en las instalaciones para servicios judiciales de Puente Aranda. La procuradora delegada para la defensa de los derechos de infancia y adolescencia, Sonia Téllez, había realizado denuncias sobre hacinamiento en el centro de reclusión que llevarían a un amotinamiento.

La emergencia inició luego de que los Bomberos que ingresaron a las instalaciones para apagar un incendio ocasionado por la quema de unos chonchones, fueron atacados por los amotinados, por lo cual  tuvo que hacer presencia del Esmad.

                                                                                                                                    

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Para darle control a la turbe, la policía contó con el apoyo del helicóptero Halcón  y de varias autoridades distritales. La mitad de los jóvenes fueron trasladados al centro de reclusión El Redentor.

 

“Tenemos 137 adolescentes, los cuales ninguno logró fugarse de las instalaciones. Tenemos un joven lesionado y está bien”, declaró el mayor Hoover Cuéllar, jefe de servicios de la Policía de Bogotá.

 

 

Los disturbios dentro del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, causaron altercados  sobre la Avenida NQS, lo que obligó a Transmilenio suspender el servicio en la estación de Paloquemao, como también que las autoridades de Movilidad cerraran el paso hacia el sur en esta Avenida.

 

Tras los contratiempos, los padres de los menores aseguraron que la revuelta se produjo por las condiciones insuficientes del lugar  para la reclusión de los menores, instalaciones que están a cargo del Bienestar Familiar.

 

Asimismo, Natalia Riaño, madre de familia afectada por el motín aseguró lo siguiente; “Aquí afinan a los futuros delincuentes, no tienen ninguna  ayuda, la comida es pésima, mi hijo está bajo de peso, está golpeado, se le roban la ropa. Entonces, ¿dónde está la ayuda profesional?”.

 

Vale la pena recordar que el mes pasado, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de infancia y adolescencia, Sonia Téllez, denunció hacinamiento en el centro de reclusión de Bogotá.

 

La procuradora advirtió a las autoridades encargadas, como también al mismo centro de reclusión, de  posibles amotinamientos de los jóvenes y riñas entre ellos pues se están vulnerando sus derechos fundamentales.

 

Según los datos de la Procuraduría, ese centro de reclusión para jóvenes tiene un cupo para 122 menores pero actualmente alberga 150 adolescentes.