Caso de jueza lesbiana chilena centra primeras sesiones de CorteIDH en Bogotá

El caso de la jueza lesbiana chilena Karen Atala Riffo apartada de sus tres hijas por un fallo judicial centró hoy el primero de tres días de audiencias del 92 período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Bogotá.2011-08-23 En su primera jornada, cinco jueces del alto tribunal analizaron el caso de discriminación por orientación sexual.

El 31 de mayo de 2004, la Corte Suprema de Chile, en una votación de tres a dos, decidió la custodia de las menores a favor del padre.

Según el fallo, el exmarido Jaime López debía tener la custodia dada la orientación sexual de la jueza por cuanto ésta vivía con otra mujer.

Riffo, al intervenir en la vista, consideró que antes de ser lesbiana fue “madre” y ello es “parte” de su identidad, y al quitarle hace ocho años la justicia de su país la custodia de sus hijas, la dejaron sin ella.

“El ser mujer, ser madre es parte de mi identidad, al quitarme a mis hijas me dejan sin ella”, señaló Riffo.

Según relató hoy la afectada, el padre de las menores (que hoy cuentan con 17, 13 y 11 años) ha señalado que “ser lesbiana, es ser mala madre, porque las lesbianas son promiscuas”.

En la primera sesión, las partes presentaron argumentos e interrogaron a expertos en asuntos de la misma legislación chilena y del fallo del Supremo de ese país que fue demandado por Riffo y algunas ONG.

Tanto los representantes de las víctimas, como del Estado (chileno), inquirieron a los expertos sobre el alcance de los derechos de los niños, la afectación en caso de no ser escuchados o en la integración o desintegración de la familia.

La Corte se concentra en la primera demanda de discriminación por orientación sexual presentada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Tras la declaración de Riffo, se abrió la sesión a las intervenciones de peritos propuestos por las presuntas víctimas y por el mismo sistema.

Juan Carlos Marín, un jurista chileno, que vive en México y experto en legislación de su país, aludió en la jornada al derecho procesal y a la historia de leyes y reformas en su país sobre la unidad familiar, el matrimonio, las causales de separación y las custodias.

También se refirió y fue interrogado sobre el uso del “recurso de queja” en Chile.

Igualmente en la primera parte de estas ilustraciones, el argentino Emilio García Méndez se refirió a los estándares internacionales de los derechos de los niños aplicables en casos de custodia y cuidado, y resaltó que los menores “deben ser escuchados” en asuntos que les conciernen.

Asimismo, destacó la dificultad de establecer el “delicado equilibrio” entre el “principio de no discriminación”, por una parte, y el “interés superior” de los menores, por otra.

El colombiano Rodrigo Uprimmy, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Teoría del Estado, ilustró y respondió sobre la no discriminación.

Uprimmy igualmente habló sobre los “estándares internacionales de derechos humanos en orientación sexual como un criterio prohibido de distinción, así como un aspecto de la vida privada de las personas”.

El británico Robert Wintemute ilustró respecto a legislación vigente sobre discriminación y derechos humanos y de los niños en Europa, mientras Allison Jernow abordó la no discriminación por orientación sexual en procesos de custodia.

Mañana prosigue la audiencia y se escucharán los argumentos finales de las presuntas víctimas y de los representantes del Estado (chileno).

Helena Olea, una de las abogadas de Riffo, dijo a Efe que el fallo que emita el tribunal “sentará un precedente en América”.

La CorteIDH proseguirá el miércoles con el análisis de la responsabilidad del Estado argentino en la presunta violación del derecho a la libertad de expresión de los periodistas Jorge Fontevecchia y Hector DAmico, director y editor, respectivamente, de la revista argentina Noticias.

Y el jueves revisará el cumplimiento de las medidas provisionales en dos cárceles en Brasil que buscan garantizar el respeto de los derechos de los reclusos. EFE