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El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Energía (UTEN), sustentó ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su petición de decretar medida cautelar sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender las operaciones de explotación de hidrocarburos en el proyecto Quifa en Puerto Gaitán, Meta.

En el mes de febrero, el alto tribunal colombiano ordenó detener las actividades en una parte del campo petrolero Quifa, operado por Pacific hasta que la petrolera adelante una consulta con 13 comunidades indígenas.

 

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Para entonces, la Corte Constitucional argumentó su decisión  señalando que no se adelantó la consulta previa con las autoridades indígenas del Pueblo Sikuani del Resguardo Indígena Vencedor Pirrirí; comunidad que queda cerca al proyecto. 

 

Aunque UTEN, reconoce que si bien el fallo de la Corte es loable, en tanto reconoce los derechos de una minoría, el mismo afecta la supervivencia de 227 trabajadores, treinta de los cuales son miembros de comunidades indígenas. La decisión también afecta a cerca de 1.200 empleados directos e indirectos de Pacific E&P y al 92% de las personas de la región, entre ellas indígenas de las comunidades de la zona.

 

Durante la sustentación el sindicato dijo que,  “La suspensión de las operaciones del Campo Quifa pueden representar para el país mayores costos sociales, teniendo en cuenta los beneficios que trae su funcionamiento a la Nación. Además, el municipio de Puerto Gaitán depende de la actividad petrolera, los ingresos obtenidos por ésta, sumados a los correspondientes por regalías, resumen todo el apalancamiento financiero y viabilidad económica del municipio”.

 

Alejandro Ospina Angarita, presidente del colectivo de UTEN, advirtió que, “el fallo de la Corte, además, obvia los derechos de la mayoría de la población, caracterizada por importantes necesidades de subsistencia, escasas oportunidades de trabajo legal, importantes indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (65,6% de la población), escasos recursos públicos para realizar inversión social y bajos encadenamientos de políticas públicas del nivel nacional”.