Blindaje electoral para Familias en Acción

La vulnerabilidad de las 2 y medio millones de familias que son beneficiarias del programa Familias en Acción, de cara al proceso electoral, preocupa al director de Acción Social, Diego Molano. 2011-09-19 “Si usted vota por mí la meto al programa”; “si usted vota por mí, voy a hacer que le paguen en tal fecha”; “si usted no vota por mí, voy a hacer que lo saquen del programa”.

Estas son, según Diego Molano, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, algunas de las frases “intimidantes” que usan candidatos a las alcaldías, a las asambleas y aspirantes a ediles en las regiones para presionar a quienes pertenecen al programa Familias en Acción. “Sabemos de las presiones que hay sobre este grupo de personas”, afirma al revelar que hasta el momento han recibido 83 denuncias provenientes los departamentos de Santander, Valle, Caldas, Arauca y de ciudades como Bucaramanga y Sincelejo.

No es la primera vez que este programa es blanco de políticos en campaña para obtener votos a costa de mentiras y promesas falsas. En el pasado proceso electoral las denuncias fueron escandalosas.

Y es que la presencia del programa a nivel regional es tan extensa que casi el 90 por ciento de los candidatos tienen o podrían tener acceso a estas personas en forma directa o indirecta. Familias en Acción opera hoy en 32 departamentos en 1.099 de los 1.102 municipios que tiene el país. Es un programa de dimensiones grandes que beneficia a casi 7 millones de colombianos, integrantes de familias pobres del Sisben 1, desplazadas e indígenas con alto nivel de vulnerabilidad.

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No tiene un límite temporal específico y maneja dos tipos de subsidios: una familia recibe, en promedio, 700 mil pesos al año, es decir 120 mil pesos cada dos meses. Un subsidio es de nutrición, son 50 mil pesos por familia, sin importar el número de niños que tenga la familia y se mantiene hasta cuando haya menores de 7 años.

El segundo subsidio se otorga por los menores que estén en primaria y secundaria por lo cual se pueden recibir hasta 35 mil pesos por cada uno.

En entrevista con Confidencial Colombia.com, Molano asegura que entre las denuncias que han podido sistematizar hay muchos anónimos, otras que afirman que hay quienes presionan a las familias para que voten por un candidato, que hay amenazas para sacarlas del programa, o que van a incrementar el valor del subsidio si votan por un político específico.

“El esfuerzo que se ha hecho es muy grande, sabemos de las presiones que hay sobre este grupo de personas y familias. Y la gran invitación a todos es la de proteger a Familias en Acción”.

Familias en Acción opera descentralizadamente. Cuenta con un equipo de gente a nivel nacional y con algunos coordinadores departamentales, pero en los municipios el alcalde es quien delega a un enlace para que opere el programa.

La información de las familias la manejan los enlaces municipales, el equipo de coordinación departamental pero, según Diego Molano, “nadie puede meter o sacar familias sin que esté rastreada la información”.

Reconoce que en las elecciones anteriores hubo algunos enlaces buscando participación en política que fueron denunciados. “Cuando hay 7 millones de personas en 1.099 municipios, controlar el programa pues es difícil. Lo que hemos hecho es adoptar todo un programa de blindaje electoral”.

**El blindaje**

Cinco son las medias que Acción Social ha adoptado para blindar el programa y a las familias que hacen parte de él y que se encuentran en las regiones expuestas a las presiones electorales.

La primera tiene que ver con la firma de un acuerdo de transparencia entre todos los colaboradores de Acción Social y con los enlaces municipales del programa, en donde se comprometen a cumplir unas reglas y a no participar en política y con la advertencia de que serán retirados del cargo si esto ocurre.

Lo segundo es que desde hace 4 meses se inició una campaña pedagógica con las familias para que no se dejen presionar y puedan votar libremente.

La tercera es la determinación de no girar pagos ni un mes antes ni un mes después de las elecciones. “Porque cuando la gente hace cola para recibir pago están en una situación de más vulnerabilidad ante los políticos que quieren engañarlas”, explica el director de la Agencia presidencial. Lo mismo pasa con la inscripción de nuevos beneficiarios.

La cuarta medida fue la de habilitar una línea de denuncias para que la gente pueda dejar su queja, caso o irregularidad sin ningún riesgo.

Y la quinta, fue la de establecer una agenda común con la Misión de Observación Electoral para intercambio de información que permita identificar zonas de riesgo y aplicar las medidas.