Autollamado de alerta del gobierno en materia de derechos humanos

En su último informe el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República alerta al gobierno Santos sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos a cargos regionales y a las víctimas que reclaman restitución de tierras. Asimismo, urge al Ejecutivo a continuar en su interés de establecer la verdad de lo sucedido en los llamados falsos positivos y en el caso de las “chuzadas del DAS.2011-08-27 En el documento, revelado en las últimas horas, el Observatorio asegura que “en el 2011 el país enfrenta varias situaciones coyunturales que merecen una especial atención de las políticas del Gobierno Nacional en la senda de ahondar y consolidar los progresos en el campo de los DH y el DIH”.

Las alertas hacen parte del capítulo “coyuntura actual”, del “Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2010”.

El documento llama la atención del Gobierno sobre la existencia de “signos preocupantes” que afectan la seguridad de candidatos a las corporaciones públicas y a los cargos ejecutivos municipales y departamentales en plena campaña electoral.
“Es tarea del Estado y del Gobierno, en particular, prevenir y contrarrestar toda limitación al derecho político de la participación electoral”, afirma el texto.

El informe asegura que la interferencia de bandas criminales como las Bacrim, al proceso electoral es evidente mediante la extorsión, el asesinato, la corrupción y las alianzas con sectores políticos.

Anuncios

Es más, plantea la posibilidad de que estas alianzas cuenten con la “connivencia de algunos funcionarios públicos- en la medida que tratarán de influir en la campaña y en los resultados, para adquirir o mantener influencias para proteger sus actividades criminales y para controlar y captar recursos públicos en forma ilegal”.

Según el documento, igual amenaza al proceso electoral ejercen, en algunas regiones, las guerrilleras Farc y ELN, pese a los golpes militares recibidos, mediante amenazas, extorsiones, secuestros, toma de poblaciones y asesinatos.

Afirma que las víctimas del conflicto armado que reclaman restitución de tierras se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad por lo que se requiere la adopción de prontas medidas para garantizarles la vida.

“Se hace urgente tomar medidas para que las víctimas puedan alcanzar la restitución de las tierras que les fueron despojadas, protegiéndolas de los grupos interesados en conservar lo usurpado y que intentarán amenazar y aterrorizar a las víctimas para que no puedan reclamar lo que les fue arrebatado”.

De otro lado, asegura que es deber del Estado y en particular del Gobierno hacer todo lo posible para que a la menor brevedad se establezca la verdad de lo sucedido en los casos de los llamados “falsos positivos” y se puedan determinar, finalmente, los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, pero respetando el debido proceso y de los derechos de los implicados.
Agrega que el Ejecutivo le corresponde hacer todo lo posible para que pronto se establezca la verdad de lo sucedido en el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS.

**El balance 2010**

El documento recoge un análisis comparativo de la situación de los DDHH en Colombia del 2009 al 2010 en siete campos temáticos: Homicidios, Masacres, Homicidios a grupos o poblaciones vulnerables: autoridades locales (alcaldes, ex alcaldes y concejales) periodistas, indígenas, docentes y sindicalistas, líderes sociales y comunitarios, integrantes del clero católicos, funcionarios judiciales, secuestros, desplazamientos forzados, minas antipersonal y desmovilizados.

En cuanto a homicidios el informe refleja una reducción del 2 por ciento pasando de 15.817 a 15.459 casos.

-Alcaldes y ex alcaldes: se redujo en un 25 por ciento de los casos pasando de 4 a 3 homicidios en todo el país.

-Concejales: se redujo en un 20 por ciento, pasando de 10 a 8 homicidios de concejales.

-Indígenas: se redujo en un 29.9 por ciento al pasar de 107 a 75 indígenas asesinados.

-Clero Católico y agentes de Pastoral Social: se redujo en un 40 por ciento pasado de 5 a 3 integrantes del clero católico asesinados.

Respecto de las violaciones contra los derechos de los periodistas, en el ejercicio de su profesión, distintas al asesinato, tales como amenazas, trato inhumano o degradante, obstrucciones a su labor, secuestro, arresto o detención ilegal, exilio, herido en cubrimiento, se contabilizó una disminución del 21 por ciento, pasando de 157 casos a 124 casos.

El desplazamiento forzado se redujo en Colombia en un 46.85 por ciento al pasar de 165.541 personas a 87.990 personas.

Deterioro o aumento presentaron los siguientes casos en el 2010:

El homicidio a docentes sindicalizados, docentes no sindicalizados y sindicalistas de otros sectores pasó de 32 víctimas en el 2009 a 48 víctimas el 2010, es decir, un incremento del 50 por ciento.

El incremento de homicidios de líderes sociales y comunitarios fue de 28.57 por ciento, pasando de 42 homicidios en el año 2009 a 54 en el 2010.

El homicidio de funcionarios judiciales pasó de 0 casos en el año 2009 a 3 casos

en el año 2010. Las masacres se miden en dos dimensiones casos y número de víctimas. En la primera dimensión, el número de masacres se incrementó de 29 en el 2009 a 39 en el 2010, para un aumento del 34.48 por ciento.

Sobre un universo de 1.122 alcaldes y alcaldesas en ejercicio se registró un incremento de las situaciones en las que se reciben amenazas, de 156 casos en el 2009 a 183 casos en el 2010, para un aumento del 17.31% en el número de casos. En relación con el universo de alcaldías del país, se pasó de un 13.90 por ciento de alcaldes y alcaldesas bajo amenaza en el 2009 a un 16,31%, del total nacional, en el 2010.