“Acuerdo sobre víctimas es un acuerdo de impunidad”: Human Rights Watch

José Miguel Vivanco sostuvo en conferencia de prensa en Washington que se trata de un “pacto” entre el Gobierno y las FARC que sacrifica la justicia para miles de víctimas del conflicto armado colombiano. El ministro del Interior respondió a Vivanco. 

En uno de los más fuertes cuestionamientos al proceso de paz que completa más de tres años entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC, la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights  Watch sostuvo en un informe que el acuerdo logrado hace una semana en Cuba permitirá que los responsables de los más graves delitos de guerra y de lesa humanidad no paguen por sus crímenes.

 

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que el texto aprobado entre las partes contiene  muchas imprecisiones y algunas que permiten “en el mejor de los casos, promesas vacías”.

 

HRW sostiene en el informe que el acuerdo firmado por los representantes del Gobierno y las FARC el 6 de diciembre que las restricciones a la libertad por máximo 8 años y mínimo de 5 años son una burla a la justicia porque las penas restaurativas no se compadecen con los delitos cometidos.

 

La ONG cuestiona que no hay claridad sobre el funcionamiento del tribunal especial para la paz, sobre quienes elegirán a los magistrados y sobre los mecanismos para imponer las sanciones.

 

Otra de las dudas de Vivanco tiene que ver con que los propios investigados podrán elegir la manera como pagarán por sus crímenes y los proyectos para sustituir la pena privativa de la libertad cuando confiesen sus delitos. Lo que constituye, según HRW una burla a las víctimas.

 

Otro de los fuertes cuestionamientos del organismo de defensa de los derechos humanos tienen que ver con que el acuerdo permite que esas mismas medidas se apliquen a los militares que puedan estar incursos en delitos de guerra y de lesa humanidad.

 

Esta semana el Presidente Juan Manuel Santos ha defendido en varias ocasiones el acuerdo sobre el punto de víctimas y de justicia transicional y ha dicho que es necesario sacrificar “algo de justicia en aras de lograr el objetivo de la paz” para poner fin al conflicto armado. Los negociadores de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, también han manifestado que no hay lugar a impunidad y que quienes no confiesen sus delitos podrían pagar condenas hasta de 40 años de prisión.

 

Por su parte Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, ha dicho desde Cuba que esta jurisdicción especial deberá aplicarse por igual a todos los que participaron del conflicto armado, tanto guerrilleros como militares y civiles.

 

En el informe de HRW se advierte que la Corte Penal Internacional podría intervenir en el futuro en aquellos casos en los que se considere que hay impunidad y que se violan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

 

Comunicado

Colombia: un acuerdo de impunidad

(Washington, D.C., 21 de diciembre de 2015) – El “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” entre el gobierno colombiano

Colombia | Human Rights Watch

 

La población civil de Colombia sigue siendo víctima de graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares, que surgieron luego de un proceso …y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino, señaló hoy Human Rights Watch en un análisis de este acuerdo de 63 páginas.

 

 

El acuerdo, anunciado por los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana el 15 de diciembre de 2015, establece que un nuevo Tribunal para la Paz se ocuparía de juzgar a responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Los responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen estos actos recibirían una pena máxima de ocho años en “condiciones especiales” que supondrían la “restricción efectiva de la libertad”.

 

“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.

 

El gobierno y las FARC anunciaron en septiembre que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondrían penas de prisión. El acuerdo del 15 de diciembre asegura que “en ningún caso” estas condiciones consistirán en “cárcel o prisión” ni en “medidas de aseguramiento equivalentes”, y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de “reparación y restauración”.

 

“Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, observó Vivanco. “Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio”.

 

Desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llevado adelante un examen preliminar de delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podría asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI señaló que había “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.

 

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se habían beneficiado con penas reducidas de hasta ocho años conforme a la Ley de Justicia y Paz debían cumplir la pena en cárceles ordinarias. La Corte señaló que el derecho a la justicia “podría verse también afectado por la percepción de impunidad que se deriva de adicionar a los significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena que la desvirtúan por completo”.

 

“La fiscal de la CPI y la Corte Constitucional de Colombia deberían examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”, señaló Vivanco.

 

Por su parte, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, respondió a estas declaraciones de Vivanco sosteniendo que este acuerdo también garantiza “verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición”.

 

El titular de la cartera política del gobierno de Juan Manuel Santos señaló que esa organización debe revisar a fondo lo acordado para poder entender que “…sacrificar algo de justicia, porque hay que sacrificarla, para conseguir la paz, pero garantizando mucha verdad, reparación a las víctimas y sobre todo algo esencial: garantías de no repetición”.

 

Añadió que “finalmente serán los colombianos, nosotros, nadie más, los que decidamos –cuando acudamos a las urnas para votar el plebiscito por la paz– si el contenido de ese acuerdo le conviene o no al país”.

 

El gobierno nacional se encuentra negociando con la guerrilla de las FARC un acuerdo de paz desde hace tres años en la capital de Cuba, La Habana.