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Ley del Vigilante se aprobó en medio de afanes de protagonismo con los guardas de seguridad

Miguel Ángel Díaz presidente de la Confederación de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada – CONFEVIP, habló en entrevista para Confidencial Colombia, manifestando sus preocupaciones que dejó a este gremio la Ley del Vigilante,  aprobada al finalizar  el Gobierno Santos, que debe ser reglamentada por el presidente Duque, a quien le pide escuchar las sugerencias, opiniones y conceptos que en esta materia tiene el sector que representa.

Confidencial Colombia: ¿Porque el descontento con la ley del Vigilante?

Miguel Ángel Díaz: Consideramos que la Ley 1920 de 2018 o Ley del Vigilante, realmente no ofrece nuevas garantías para los trabajadores en esta área. Nuestro gremio ha venido desde hace unos diez años,  trabajando para que se le de unas condiciones dignas a nuestros guardas de seguridad, así como beneficios sociales. Nosotros tenemos claro que debemos protegerlos y sobre todo, establecerles una estabilidad laboral. Ese ha sido nuestro compromiso desde siempre, por eso los tenemos asegurados contra accidentes, invalidez total o permanente, etc., no entendemos como o porque razón se aprueba una ley, que asegura lo que ya estaba asegurado desde mucho antes. Me parece que esta fue una idea bastante inocua porque ya el sector les protegía. Adicionalmente dejaron muchos vacíos. Esta es una ley que genera muchas incertidumbres. Por ejemplo, la obligación de mantener en la nómina a  personas que no cuentan con la capacidad física para prestar un servicio de vigilancia. Hay que tener en cuenta que el usuario es el que demanda unas condiciones,  que en su mayoría se basan en tener a gente idónea, tanto física como psicológicamente para trabajar en esto, cuando sería inhumano hacerlo. Estamos generando unos mensajes a la economía muy negativos.

C.C: ¿Advirtieron el riesgo  en que se incurre al  contratar a  personal que no cumple  con algunas condiciones tanto física como psicológica para prestar un adecuado servicio de vigilancia y seguridad privada?

M.A.D: Por supuesto. Nosotros manifestamos esa preocupación, por el impacto que esto tendría para el sector, porque genera un sobrecosto para la operación. Desafortunadamente no fuimos escuchados y hoy tenemos una ley de corte populista.

C.C: ¿Este es el único aspecto en que hay desacuerdos?

M.A.D: Otro asunto es la capacitación. Según la ley,  debe ser en un nivel técnico o tecnológico pero que no ofrece condiciones óptimas a las academias de seguridad para la prestación del servicio, cuando son las que tienen la idoneidad, por tratarse de centros dotados para la enseñanza en esta área. Debe quedar claro si es formal o no formal, porque de esta manera pasaría al control del min educación.

C.C: ¿Hubo discusión al interior del grupo de empresas de vigilancias mientras esta ley cursó su trámite en el Congreso de la República?

M.A.D: La mayoría de las empresas de vigilancia están de acuerdo en muchos de los aspectos de los que estamos hablando. Sin embargo, creo que pudo suceder, que en su momento el gremio no fue lo suficientemente consulto por parte de los ponentes y de los congresistas que apoyaban el proyecto,  y pudieron haberse omitido opiniones y considerar elementos nocivos que tiene para el sector este tipo de leyes, que básicamente favorece en determinados aspectos a las compañías de seguros y a las empresas que generan certificados de aptitud psicofísica, pero que va en desmedro de un sector que crece, que aporta a la economía, que genera empleo en su mayoría a personas de estratos 1, 2 y 3, como es el de la vigilancia y seguridad privada.

C.C: ¿Se dieron ustedes a la tarea de dialogar con los congresistas que apoyaron la aprobación de esta ley, como los senadores Luis Fernando Velasco, Mauricio Lizcano, Rodrigo Lara, etc.?

M.A.D: La aprobación de esta ley, desde mi punto de vista, se hizo con  afán de protagonismo con los guardas de seguridad de parte de algunos legisladores que hacían parte de la Unidad Nacional y  de aprobar una norma en vísperas de finalización del Gobierno Santos. Las respuestas que pide este sector, hoy están en manos del presidente Duque y su gabinete, porque es quien debe expedir la reglamentación adecuada. Confiamos  en que está se hará de la mejor manera, para que nuestras empresas no se vean abocadas a una crisis.

C.C: ¿Qué piden ustedes al Gobierno Duque, encargado de expedir esta reglamentación?

M.A.D: Que sean consideradas nuestras opiniones y conceptos de prestación del servicio de vigilancia y seguridad,  que al parecer no fueron escuchadas, ni por el Gobierno anterior, ni por los congresistas que tramitaron la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, para que esta reglamentación no cree incertidumbre, como por ejemplo el tema de cobertura de las pólizas y sus costos, ¿Cómo serán asumidos?; las capacitaciones que se deben dar, ¿Quiénes las harían?, ¿si las academias o el SENA?, ¿si es técnico o tecnólogo?; ¿Qué condiciones se deben tener en cuenta en el momento de la generación del certificado de aptitud?, ¿qué instituciones oficiales deben participar en lo que corresponde a la debida prestación del servicio?, hablo de  min Interior, Súper Vigilancia, min Trabajo, en fin, y la creación de una mesa de concertación antes de reglamentar esta norma.

 

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