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Contraloría y Procuraduría adelantan investigación por falta de tarjetones

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, anunció que ordenará realizar una Actuación Especial de Fiscalización sobre la forma como se invirtieron los recursos destinados a la impresión de tarjetones para las consultas interpartidistas realizadas este domingo.

En el marco de sus competencias, la Contraloría verificará los gastos en general que demandó este proceso y si hubo alguna situación en el manejo presupuestal que hubiera impedido contar con el número suficiente de tarjetones, para las dos consultas que se celebraron ayer.

La Actuación Especial de la Contraloría será realizada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública, que vigila tanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por establecer, por una presunta falta de planeación en la distribución de tarjetones para participar en las consultas interpartidistas.

La Procuraduría indagará si existía y fue aplicado un plan de contingencia como lo previó la Circular 034 del 19 de febrero de 2018 de la Registraduría, que avaló el uso de fotocopias en caso de agotarse los tarjetones.

“En caso de la utilización de tarjetas electorales en fotocopias debe procederse así: los jurados de votación de la mesa recibirán del Delegado de Puesto la tarjeta electoral en fotocopia y procederán a firmarla en el reverso de la misma (no en el anverso ya que podría anular el voto), y se encargarán de verificar que al momento de introducir la tarjeta electoral en la urna la firma corresponda, todo lo anterior sin violar el derecho del secreto al voto”, advierte el reglamento.

En el Centro de Seguimiento y Control Electoral del Ministerio fueron radicadas vía telefónica y redes sociales 186 quejas, de las cuales 45 dieron para acciones disciplinarias y 142 para acciones preventivas con las procuradurías regionales y provinciales, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, las registradurías y las personerías del país.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que en oficio GP-025 del 31 de enero de 2018, la Registraduría solicitó $26.450 millones para las consultas partidistas, con el fin de imprimir 30 millones de tarjetones.

En dicha comunicación, la Registraduría informó que esta cantidad “no generara inconvenientes al momento de la distribución de la totalidad de los puestos de votación que se instalarán para las elecciones al Congreso de la República en el país y en el exterior”.

De acuerdo con estimaciones preliminares, las consultas utilizaron alrededor de 10 millones de tarjetones, aproximadamente el 33% de los que se imprimieron. De esta manera, el presupuesto solicitado y aprobado fue suficiente para atender las necesidades de dichas consultas, prueba de ello es que se registró un sobrante de 20 millones de tarjetones frente a lo presupuestado y aprobado.

El gobierno nacional no participa de la organización y logística del proceso electoral, la Registraduría es autónoma en la distribución de los tarjetones. Este Ministerio no tiene ninguna injerencia en la utilización de los recursos asignados.

Juan Carlos Galindo, registrador nacional manifestó que la distribución del material impreso fue equitativa para todos los puestos de votación y que a los organizadores de las consultas se les informó, previamente, sobre un plan de contingencia en caso de que esta situación se presentara.

Expresó que no renunciaría a su cargo, puesto que “a cualquier registrador le hubiera pasado lo mismo”.

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