“En este país no existe impunidad respecto a las guerrillas”

Por: Digna Irene Urrea - @direneu | Agosto 25, 2015

El español Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, habló con Confidencial Colombia sobre uno de los temas más álgidos en el marco de los diálogos de paz: la justicia.  Despejó dudas acerca de si este grupo guerrillero va o no a la cárcel y cuáles serían esas penas alternativas a las que se acogerían.

Santiago llegó hace un poco más de un año a la mesa de conversaciones, a través de los países garantes del proceso: Cuba y Noruega, quienes lo invitaron al proceso para asesorar a las Farc en materia de justicia. El abogado es militante del Partido Comunista español y de Izquierda Unida (IU).

 

El jurista señala que le ofrecieron la posibilidad de asesorar al grupo insurgente “por ser un profesional experto en derecho internacional de los derechos humanos y penal. Ser una persona de mentalidad progresista e ideas de izquierda”. 

 

¿Qué lo motivó a ser el asesor jurídico de las Farc?


Poder participar y aportar al proceso de paz para la terminación de la guerra en Colombia; aportar para acabar con el más largo conflicto armado que existe en occidente en la actualidad. Desde esa perspectiva y como jurista experto en derechos humanos y derecho internacional, contribuir asesorando sobre medidas que acaben con la victimización del pueblo colombiano, para que se garanticen la justicia, la reparación y la restitución del daño causado a las víctimas, y la no repetición del conflicto.

 

¿Qué tan difícil es asesorar (o defender) a un grupo guerrillero que de una u otra manera ha cometido errores, delitos graves contra la población civil y la misma Constitución?

 

Asesorar rigurosa y eficazmente en un proceso de paz que pretende acabar con una guerra cruel de 50 años, es sin duda difícil e implica una alta responsabilidad. Lo peor que pudiera ocurrir es que por un mal asesoramiento se dificultara alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Eso es lo más difícil y lo que entraña más responsabilidad, trabajar rigurosamente, en defensa de las víctimas del conflicto

 

No es más difícil asesorar a las Farc, que asesorar al Gobierno o a otros actores en el conflicto como grupos paramilitares. Incluso éticamente es mas fácil, visto que según las más serias fuentes sobre victimización en el conflicto -incluidas las del Estado como el Informe Basta Ya- , las Farc son el actor que menos víctimas ha causado esta guerra, especialmente menos víctimas entre la población civil.

 

Reconozco que para mí habría sido imposible asesorar a grupos paramilitares y habría sido muy difícil asesorar al Gobierno, vistas las numerosas responsabilidades que estos actores tienen por la acusación de víctimas. Aún así, hasta los más terribles infractores de las leyes tienen derecho a ser asesorados en un proceso de paz.

 

¿Cuál es el balance que usted puede hacer frente a los diálogos de paz?

 

Extremadamente positivo. Es el proceso de paz que más rápidamente ha avanzado entre todos los realizados en el mundo en los últimos 30 años. De hecho, todavía es posible que concluya en un tiempo récord atendiendo a la duración habitual de estos procesos. Situar a las víctimas en el centro de la negociación y sin cuestionar su verdad,  no solamente es la primera vez que ocurre en el mundo, sino que es un acierto desde el punto de vista ético y jurídico.

 

Otros grandes aciertos y avances han sido acordar una comisión específica sobre género, que aborde la violencia padecida por las mujeres en el conflicto, y acordar un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, donde se ofrezca verdad exhaustiva completa y detallada a la sociedad colombiana y se imparta justicia que repare a las víctimas.

 

¿Qué tan complicado está salir del tema de la justicia o que se llegue a un acuerdo en el que el Gobierno, las Farc y las víctimas queden satisfechos?

 

Dependerá de cuánta verdad están dispuestos a dar todos los actores del conflicto, empezando por los actores combatientes ya sean  - guerrilla, grupos paramilitares y fuerzas militares- pero también los actores no combatientes: los políticos e instituciones que han dirigido e instigado el conflicto o que han ordenado causar víctimas; los grupos económicos que han organizado y financiado el paramilitarismo, las compañías multinacionales que han financiado a grupos paramilitares para facilitar su actividad económica, entre otros.

 

Mientras más verdad y garantías de no repetición se ofrezcan, más favorable deberá ser el tratamiento en materia de justicia y a la inversa. Y obviamente eso no exime a ningún actor de aceptar sanciones por las infracciones a la legalidad causadas que según el derecho internacional no sean amnistiables, especialmente por la comisión de crímenes internacionales.

 

Las víctimas quedaran satisfechas si conocen la verdad, si se asumen expresamente responsabilidades y se imponen sanciones que tengan un alto contenido restaurador y reparador del daño causado. Creo que es un error centrar el debate en cuánta cárcel debe haber y para quién.

 

La cárcel al victimario no saca de la miseria a la victima que ha sufrido un descenso de su calidad de vida a consecuencia de su victimización, por haber quedado viuda, huérfano, lisiado, desplazado de sus tierras.

 

Deben existir sanciones, eso no es negociable, pero el contenido de estas y la forma de ejecutarlas para que sean más útiles a las víctimas es la clave del sistema de justicia. Y por supuesto debería haber un tratamiento diferenciado en materia de justicia, con una mayor carga punitiva,  para quienes no asuman ofrecer verdad exhaustiva y no se comprometan a no repetir. Creo que a la fecha de hoy se está avanzando mucho en materia de un acuerdo sobre justicia que satisfaga en primer lugar a las víctimas y a la sociedad colombiana.

 

¿Qué piden las Farc frente a justicia? ¿Para ellos cuál es el concepto de justicia?

 

No puedo hablar en nombre de las Farc. Como asesor recomiendo a las Farc que defiendan que justicia es conocer y reconocer la verdad estricta, detallada de lo ocurrido en el conflicto y sobre quienes han intervenido en este.

 

Justicia es reparar el daño causado a las víctimas y garantizarles unas condiciones dignas de vida una vez acabe el conflicto. Es poder devolver a las víctimas lo que la guerra les ha quitado, cuando aquello sea posible. Es sancionar a los responsables de los crímenes no amnistiables que han ocurrido. Y fundamentalmente, es garantizar que nunca se van a repetir las causas que motivaron el conflicto ni las violaciones del DIH y de los derechos humanos que han padecido los colombianos. Creo sinceramente que este es el concepto de justicia que vienen defendiendo las Farc.

 

¿No cárcel es sinónimo de impunidad?

 

En absoluto. Todos los códigos penales modernos contemplan densas sanciones, en estricta justicia retributiva, que no implican cárcel: trabajo comunitario, privación de derechos, obligaciones de hacer, limitaciones y prohibiciones a los victimarios, restricciones a la libertad ambulatoria y otras.

 

Recuerden que la Corte Constitucional colombiana ha declarado el "estado de cosas inconstitucional" sobre la situación en las cárceles colombianas. No parece muy adecuado exigir que el fin del conflicto se construya recurriendo unas medidas sancionadoras -la cárcel- que en Colombia incluso están en situación de inconstitucionalidad.

 

Entonces: ¿Qué es impunidad?

 

Impunidad es la ausencia de persecución a los crímenes, con todo lo que implica:  investigar y esclarecer los hechos delictivos, y una vez acreditados estos, sancionarlos debidamente para disuadir sobre su repetición y reparar el daño que han ocasionado.

 

El informe sobre situación en Colombia de la Corte Penal Internacional de noviembre de 2012, fue muy enfático en señalar que en este país no existe impunidad respecto a las guerrillas, dado que el Estado se ha aplicado eficazmente a perseguirlas: miles de guerrilleros encarcelados, condenados, buscados, capturados y abatidos en combates. Por el contrario, el informe señala que es respecto a los agentes del Estado donde puede apreciarse impunidad en Colombia, especialmente respecto a los mandos superiores de las Fuerzas Militares.

 

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hablar del marco jurídico para la paz, para  que la sociedad no confunda penas no punitivas (o cárcel)  con impunidad?

 

No creo que haya que rechazar plenamente la aplicación de  sanciones de privación de libertad en el sistema de justicia para aquellos intervinientes en el conflicto que se nieguen a ofrecer verdad. En todo caso, las sanciones que no implican cárcel también son punitivas, todas las sanciones lo son.

 

Lo importante es explicar que la no imposición de una sanción de cárcel no significa impunidad. Siempre que se haya esclarecido el crimen, se haya determinado la responsabilidad de quienes lo realizaron, ya sea mediante ofrecimiento de verdad o un procedimiento de juzgamiento, y se hayan impuesto sanciones en caso de reconocimiento o declaración de responsabilidades.   

 

La opinión pública como varios sectores políticos abogan para que los máximos responsables de las Farc paguen cárcel. En palabras castizas ¿Cómo explicarle a la gente que hay otras formas de castigar y sancionar sin que esto no se catalogue como no justicia?

 

No he conocido a ningún integrante de las Farc  que no haya recibido sanciones por parte del Estado. Sanciones legales como la cárcel que muchos cumplen o han cumplido; sanciones ilegales como tortura y malos tratos a ellos, a sus familiares y amigos; medidas cautelares como ordenes de búsqueda y captura o solicitudes de extradición.

 

Dicho esto, la sociedad colombiana debe reflexionar sobre si realmente las Farc son los grandes responsables de las desdichas del país como viene repitiéndose insistentemente desde hace 20 años en los medios de comunicación y desde los gobiernos y administraciones públicas. No creo que nadie pueda seriamente mantener que Colombia fuera precisamente un  paraíso de paz, bienestar y tranquilidad antes de que en el año 1964 se constituyeran las Farc y el ELN. Recuerden que la denominada "época de la violencia" comenzó en la década de los años 30 del siglo XX, al menos 30 años antes de que existieran las actuales guerrillas.

 

En su visita a la Mesa de Conversaciones de La Habana, la señora Zaynad Bangura, Representante especial del Secretario General de la ONU, para la violencia sexual en los conflictos armados afirmó  haber constado a lo largo del mundo que al acabar los conflictos armados son los ricos los que piden cárcel para los responsables del conflicto, mientras que los pobres piden medidas eficaces de reparación.

 

 

El Estado sin duda alguna también ha cometido delitos y  ha atentado contra la población civil, en este caso ¿Qué piden las Farc?

 

Las Farc piden un tratamiento similar, equitativo, aunque no simétrico, para todas las partes en el conflicto. No piden un tratamiento simétrico porque asumen plenamente que una cosa son agentes del Estado, instituciones del Estado y otra cosa son los rebeldes frente a un gobierno o un Estado.

 

Quienes ejercen el derecho a la rebelión son infractores políticos. Los funcionarios del Estado nunca cometen ese tipo de delitos, cometen otros cuando se apartan de la legalidad que defienden, de la legalidad cuyo respeto les legitima incluso para portar las armas en nombre del Estado.

 

Pero igualmente las Farc vienen defendiendo que los agentes del Estado también deben recibir un trato preferencial en materia de justicia si ofrecen verdad plena, exhaustiva, si se comprometen a  reparar el daño causado y  a ofrecer garantías eficaces de no repetición.

 

Por resumir las propuestas, porque el sistema de justicia propuesto es técnicamente complejo como cualquier sistema jurídico, a mayor verdad ofrecida, menor punibilidad, y a menor verdad, mayor punibilidad para todos.

 

¿Colombia qué puede esperar de aquí a noviembre? ¿Habrá acuerdo?

 

Estoy convencido de que la guerra va a acabar, va a haber acuerdo. Y creo que se dan las condiciones para que el acuerdo no demore demasiado. Espero que en materia de justicia y reparación a las víctimas haya un acuerdo antes de noviembre. Espero que no más tarde de noviembre exista un cese al fuego definitivo e irreversible entre el Estado y las Farc. Ojalá sea así.

 

Supongo que usted ha tenido la oportunidad de hablar con la mesa negociadora de las Farc sobre un posible escenario de posconflicto. Se habla siempre sobre si ‘Timochenko’ o Iván Márquez van o no la cárcel pero, ¿qué le espera en materia de justicia a los guerrilleros rasos, los que conforman las filas? ¿Qué se les ofrecería a ellos para ingresar a una vida civil?

 

Todos aquellos integrantes de la guerrilla que no sean responsables de crímenes internacionales deberán disfrutar de una amplia amnistía y de indulto al finalizar el conflicto. También aquellas personas que por ejercer la protesta social han sido acusados falsamente de rebeldes. Ello es una obligación legal, expresamente establecida en el artículo 6.5 del Protocolo adicional II de las Convenciones de Ginebra que obliga a Colombia.

 

Y a diferencia de lo ocurrido en otros procesos de paz en Colombia, las Farc no han pedido hasta ahora, ni creo que lo hagan, programas especiales de contendido económico cuyos destinatarios sean los antiguos combatientes guerrilleros una vez acabado el conflicto. No piden nada para ellos, ni un peso, únicamente exigen que se les permita reincorporarse a la sociedad, a sus comunidades para trabajar y obtener su sustento mediante su esfuerzo personal; tener una vida digna sin temor a ser asesinados por pensar de otra forma, por ser opositores políticos,  como pasó con el exterminio de la Unión Patriótica.

 

 ¿Cree que la sociedad está dispuesta ver a las Farc hacer política? ¿Cómo se ven ellos luego de la firma de la paz?

 

Espero que con el fin del conflicto acabe también la propaganda de guerra. Que todo el pueblo colombiano trabaje por la reconciliación nacional y por la normalización de la convivencia en paz. Si ello ocurre, al igual que ha ocurrido en todos los países que han vivido un conflicto armado, todos asumirán que su antiguo adversario pueda hacer política.

 

Nadie será obligado a votar a la fuerza política que surja de la antigua guerrilla, y nadie debería impedir que cualquier ciudadano pudiera darles su voto. Eso es la democracia, aceptar las diferencias. Y es bueno recordar que Colombia es el único país del mundo que ha tenido hasta un 40% de sus legisladores implicados en el paramilitarismo. Seria ridículo que tras haber ocurrido esto, paramilitares ocupando curules durante años y masivamente, alguien argumentará que los antiguos guerrilleros no pueden hacer política.


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