Procurador, “perseguidor de mujeres”

Por: Digna Irene Urrea - @direneu | Junio 6, 2014

Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, habló con Confidencial Colombia sobre justicia transicional, la verdad que le ha llegado a las víctimas a través de la Ley de Justicia y Paz y la poca efectividad que ha tenido la Procuraduría en el caso de los “falsos positivos”.

La condecoración que recibió el 9 de abril por parte del Congreso, por el trabajo que Dejusticia ha hecho sobre las víctimas del conflicto armado, ¿demuestra un verdadero interés y compromiso con las víctimas o solo son actividades protocolarias?


El Congreso en el periodo de Santos mostró una mayor receptividad en el tema de los derechos de las víctimas, aprobando la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, creando espacios de reconocimiento. Esto, contrastándolo, ha sido mejor, pues este mismo Congreso se comportó de una manera opuesta en el periodo de Uribe, en donde lo que hizo fue recibir a los victimarios y se abstuvo de tramitar la Ley 1448 que algunos parlamentarios habían propuesto. Es difícil decir que una condecoración indique que sí hay una voluntad muy fuerte del Congreso a favor de las víctimas, pero creo que sí hay en los últimos años una mejor actitud del Estado hacia estas y eso es algo positivo.

 

¿Cómo ha sido el trabajo desde Dejusticia?


Nosotros en Dejusticia en los distintos temas que trabajamos tratamos de combinarla teoría con la investigación y a partir de la investigación proponer reflexiones, políticas públicas, realizar críticas y proponer alternativas. También trabajamos en la formación y en litigio;eso es lo que hemos hecho en el tema de víctimas y justicia transicional.

 

Asimismo, hemos trabajado en programas de formación sobre los derechos de las victimas con diplomados con énfasis en derechos de las mujeres y, finalmente, hemos presentado en algunos casos acciones judiciales, sobre todo ante la Corte Constitucional, para evitar ciertas discriminaciones que sufrieron las victimas de desplazamiento forzado en el tema de ayuda humanitaria.

 

El trabajo que hace Dejusticia podría ser asumido por algunos sectores como académico y elaborado, con base a esto ¿Cómo hacen para que toda esa información teórica- investigativa llegue al ciudadano común y qué estrategias tienen para que la información no se quede en la academia?


Hay distintos tipos de trabajo. No pensaría que el trabajo de Dejusticia es puramente teórico, nosotros trabajamos en activismo de derechos humanos, entonces combina las dos cosas. Es un trabajo de investigación, pero con proyección a actividades prácticas en materia de derechos humanos.

 

A veces hacemos trabajos muy investigativos, muy teóricos porque creemos que la teoría es muy importante. El mundo se mueve por teorías. La manera como los lideres, las sociedades discuten los problemas tienen incidencias prácticas. Hacemos una academia comprometida con trabajos prácticos, eso implica labores de divulgación, entonces, varios de nosotros escribimos columnas periodísticas que pueden tener componentes técnicos, pero que intentan explicar para el que nos es experto en la materia. Creeríamos que el ciudadano de a pie los puede entender perfectamente.

 

¿Qué es lo más complicado de trabajar en justicia transicional?


Tienen muchas dificultades. Es un tema que transpira mucho dolor porque se trata de mirar el aspecto de las victimizaciones. No es alegre (…) se enfrenta a unos conflictos de valores muy difíciles en donde encontrar formulas no es fácil. Entonces ¿cómo se busca una paz negociada que tenga en cuenta los derechos de las víctimas? Estos son temas que éticamente y jurídicamente son difíciles, tienen dificultades de buscar soluciones, y finalmente es un tema nuevo, aunque los problemas son viejos.

 

Dentro de todo el trabajo que ustedes han hecho ¿cuál ha sido la situación o el testimonio que los ha confrontado emocionalmente?


Hemos tenido confrontaciones fuertes con las víctimas en los diplomados que realizamos sobre justicia transicional y derechos de las víctimas, ahí uno encuentra testimonios conmovedores.

 

¿Cómo califica el cumplimiento de las leyes que tiene que ver con las victimas de conflicto armado y la reparación de tierras?


La valoración es mixta, ha habido un cambio que no es menor y que se podría revertir en estas elecciones. Las instituciones están más receptivas a las víctimas y eso es positivo. Se han hecho cosas en distintas áreas como -por ejemplo- en la restitución de tierras se ha puesto en marcha una institucionalidad para que se lleve a cabo; lo mismo en el tema de ayuda humanitaria.

 

Pero hay dos cosas muy problemáticas a nivel general: primero, que la victimización continúa y que en esas victimizaciones están involucrados agentes estatales. Segundo, es que uno ve que la magnitud del desafío es grande y lo que se ha hecho sigue siendo pobre. En la restitución de tierras los resultados siguen siendo mínimos, podemos estar hablando de unas 25 mil hectáreas restituidas cuando las valoraciones hablan de unos seis millones de hectáreas despojas y abandonadas, es decir el balance es mixto.

¿Pero no hay un desbalance entre lo que se ha invertido para reparar y los resultados?


Lo que creo es que en la valoración se tiene que tener en cuenta que la puesta en marcha del programa toma tiempo, porque eso implica preparar jueces, desarrollar doctrinas que no existían, poner en marcha la institucionalidad del Gobierno para el acompañamiento del proceso, es decir, enfrentar el tema de las víctimas no es fácil, pero con esto no quiero disculpar las limitaciones del Estado. Lo que sí es evidente, es que sí hay una atención mayor en las victimas que hace cuatro años.

 

¿Cuáles son esas limitaciones que tiene el Estado?


Es muy difícil dar respuestas fáciles, porque depende de temas. En algunos es complicada la institucionalidad -hay graves problemas de ejecución- la falta de voluntad política como, ausencia del debate del fuero militar. Y por otro lado, están sectores como el Procurador y Álvaro Uribe Vélez que no quieren una paz negociada y usan el discurso de las victimas para minar la posibilidad de una paz.

 

¿Qué importancia le ha dado el Procurador a todo lo relacionado con las víctimas y qué papel ha desempeñado en este proceso?


Ha sido extremadamente pobre, no se ve una Procuraduría activa. Por ejemplo, en los esclarecimientos de los “falsos positivos”, que es un tema en donde el Procurador tiene responsabilidades pues están involucrados agentes del Estado. En vez de andar persiguiendo a mujeres casadas en las cortes que quieren interrumpir su embarazo, ojalá estuviera esclareciendo cuáles fueron los altos mandos que estuvieron detrás de los “falsos positivos”.

 

¿Qué tanta verdad le ha llegado a las victimas con la Ley de Justicia y Paz?


El proceso de Justicia y Paz tuvo unos resultados que no son nada despreciables en términos de verdad, es decir, las versiones libres y las confesiones de los paramilitares permitieron encontrar cuerpos, esclarecer modalidades de victimización, esclarecieron ciertas alianzas que ya se conocían entre paramilitares, políticos empresarios rurales y agentes del Estado.

 

En este sentido ha producido una verdad importante, pero no ha sido suficiente ya que esa verdad se vio limitada por varios temas: la extradición de los paramilitares limitó obtener más verdad, los fiscales permitieron que se hicieran interrogatorios de parte de las victimas a los versionados y eso ocasionó una versión unilateral de los paramilitares. Por lo general eran versiones interesadas y finalmente hemos tenido verdad, pero no reconocimiento. La falta de publicidad que ha tenido el proceso de versiones libres y la falta de interés de la sociedad sobre el tema ha hecho que esta información, a veces extremadamente dura, no haya cambiado el imaginario de los colombianos.

 

¿En este orden de ideas se podría decir que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se hizo un autogol con la Ley de Justicia y Paz? Teniendo en cuenta que a través de esta ley afloró algo de verdad.


El proceso de Justicia y Paz después de un tiempo nadie lo manejó. Al principio el Gobierno lo hizo, luego los paramilitares quisieron hacerlo de una forma determinada que era la Ley de Alternatividad Penal -una mucho más suave- que no exigía confesiones plenas. En este sentido no hubo ingenuidad o un autogol, sino que se generó una dinámica que nadie esperaba al principio.


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