Corrupción electoral, mutación en ADN de nuestra historia

Por: Confidencial Colombia - @juankavalle | Octubre 16, 2015

¿Qué tan grandes son los tentáculos de los caciques regionales, apellidos y clanes perversos, empeñados en vivir y empoderar a punta de aspiraciones a concejos, alcaldías y gobernaciones? La Fundación Paz y Reconciliación, publica un revelador informe, donde se resuelven este y otros interrogantes, a cerca de la corrupción electoral en Colombia y de la inoperancia del CNE.

Confidencial Colombia le ofrece a sus lectores una completa investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, donde se hace un análisis histórico, del origen de la corrupción electoral en Colombia, de la permisividad de las instituciones ante este flagelo y de cómo ha mutado desde lo regional hasta lo nacional.

 

A continuación, un documento para tener en cuenta antes de votar, el próximo 25 de octubre.

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, EL RATÓN CUIDADO AL QUESO

 

¿Qué tan grandes son los tentáculos de los caciques regionales, apellidos y clanes perversos, empeñados en vivir y empoderar a punta de aspiraciones a concejos, alcaldías y gobernaciones?

 

¿El Gobierno de turno y el Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad en materia de elecciones, serán algún día capaces de revocar dichas aspiraciones?

 

El CNE cuenta en 2015 para su noble causa, con 4.941 mil millones de pesos. Además cuenta con nueve magistrados encargados de estudiar y fallar las denuncias que llegan a sus despachos.

 

Dichos magistrados son: Bernardo Franco y Alexander Vega, (Partido de la U); Héctor Helí Rojas y Emiliano Rivera, (Partido Liberal); Carlos Camargo y Ángela Hernández, (Partido Conservador); Yolima Carrillo (Cambio Radical); Felipe García (Centro Democrático), y Armando Novoa (Alianza Verde y Polo Democrático).

 

Los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República y los candidatos a esas magistraturas, son postulados por los partidos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos.

 

Cada magistrado tiene un grupo de asesores y asistentes, que en su mayoría son recomendados de los partidos políticos o de algún congresista que ayudó a su elección, que a la postre terminan por favorecer a redes clientelares de corrupción política.

 

Allí inician los problemas para que el CNE, ejerza su función de vigilancia y control correctamente, ya que sus magistrados no solo están 'hipotecados' a los congresistas, sino a los mismos partidos que les candidatizan.

 

Esta anomalía, neutraliza cualquier investigación que se deba asumir, porque finalmente los fallos que inhabiliten o destituyan a aspirantes a cargos de elección popular, terminan afectando los intereses de los mismos partidos que postularon a los magistrados veedores. Como en el caso de Héctor Elí Rojas, quien ha sido congresista, o el caso de Joaquín José Vives, expresidente del CNE.

 

Dadas estas condiciones, los candidatos locales (alcalde, concejal, edil, gobernador y diputado), siempre buscan tejer alianza con un senador o representante a la cámara, con el ánimo de que el partido político no le niegue el aval, y en segundo lugar, para asegurar una especia de inmunidad.

 

Redes de corrupción vigentes en Colombia parten de lo local extendiéndose al mismo CNE


Tradicionalmente en Colombia la política se ha venido tejiendo a través de redes que conforman a partir de las regiones, que se alimentan de las instituciones públicas en los municipios y departamentos contratando a los líderes locales que les acompañan, quienes se encargan de conseguir personas que voten por los candidatos a cambio de que estos al ser elegidos les nombren en algún cargo público en las regiones.

 

En algunos casos, cuando el salario se encuentra por encima del salario mínimo legal vigente, estos deben entregar un porcentaje del sueldo, bien sea a quien ayudó a conseguir el puesto o al mismo político elegido.


También se presenta el caso de pequeños empresarios locales que apoyan a determinado candidato a cargos de elección local, para que estos al llegar al cargo jalonen contratos a través de licitaciones públicas que de antemano están hechas a favor de sus amigos, con el firme compromiso que tras la firma del contrato, se girará un porcentaje del monto total de este.


De esta manera se han conformado en prácticamente todos los departamentos de Colombia, una serie de redes político-económicas, que se alimentan de las instituciones públicas locales, que en algunas ocasiones se conforman a partir de la ilegalidad (Narcotráfico, Paramilitarismo, Minería ilegal, etc.).

 

Lo anterior, con el claro conocimiento de los partidos y movimientos políticos, que les sostienen a sus representantes en la política en las diferentes elecciones, con la anuencia del Consejo Nacional Electoral que no actúa como ente de control ante estas situaciones, con el argumento de que estas personas no presentan ninguna inhabilidad ni judicial, ni disciplinaria.

 

En el caso de que a estas se les abra a investigación judicial y se les dicte fallo condenatorio alguno de sus miembros, este grupo permanece reducido por algún tiempo, mientras toma fuerza nuevamente se comienza a rehacer desde la base.

 

El más claro ejemplo de lo anterior es lo sucedido con el clan de Juan Manuel López Cabrales en Córdoba, donde hasta hace algún tiempo, estos fueron amos y señores  en el departamento y hoy día, luego de que su máximo líder fuese condenado por parapolítica, la organización política se encuentra reducida, muy a pesar de que la curul en el senado se mantiene bajo la figura de la esposa, Arleth Casado de López.

 

Llegará el día en que estos vuelvan a ser fuertes, porque a partir de esa curul, logran hacer alianzas con otros grupos apoyando candidaturas a alcaldías, consejos, asamblea departamental y gobernación, para poco a poco ir resurgiendo de las cenizas.

 

Es así como en lo local se han conformado clanes políticos asociados a una persona o grupo familiar, que a través de redes clientelares se han alimentado de la función pública. Algunos de estos son los siguientes:

Todas estas familias y grupos políticos, aumentan su poder en nombre de un partido político, cuando su arraigo con este es muy fuerte, porque en otras ocasiones mientras un miembro se encuentra en un movimiento político, su hermano o esposa (o), forma parte del otro.

 

Así por mientras el concejal de Bogotá Darío Fernando Cepeda, investigado dentro del proceso judicial conocido con el nombre  del  “Carrusel de la Contratación”, hace parte de la bancada de Cambio Radical y actualmente prepara su campaña política para una posible aspiración a la Cámara de Representantes por el mismo movimiento para el 2018,  su esposa Luz Marina Gordillo actualmente  es candidata al cabildo distrital por el Partido Liberal.

 

Esta especie de Operación Avispa familiar, en la que sus miembros se dispersan en distintos grupos o partidos políticos, termina por ayudar a consolidar el poder del clan o familia, volviéndole más influyente en las decisiones político – electorales del país.

 

Es así como resulta difícil que el Consejo Nacional Electoral, tome una decisión revocando alguna candidatura apoyada por uno de estos clanes o familias, cuando esta representa una carta ganadora del partido al que se encuentran inscritos, donde además el magistrado del CNE tiene origen político y donde se le candidatizó para que a nombre del movimiento ocupara el cargo.

 

De esta manera no resulta extraño que a pesar que por ejemplo el excongresista cordobés Francisco José Jattin, haya designado a su hija Zulema Jattin para que aspirara a la Cámara de Representantes en el año de 1998, luego de que este perdiera su investidura en 1996 por  haber votado un proyecto de ley para hundir el Proceso 8000, el CNE no hiciera nada al respecto para detener a un grupo familiar que creció políticamente con actuaciones de dudosa reputación.

 

Entre otras porque para ese entonces él órgano de control electoral contaba en su interior con magistrados candidatizados por el Partido Liberal y elegidos por su bancada en el congreso, quien en esos momentos era mayoría política en todo el país, los que claramente no iban a tomar decisiones en sus contra, ni contra los intereses de este exparlamentario, ni contra ninguno de sus integrantes, por untados que estuvieran en el escándalo de la narcopolítica en ese entonces.

 

Otro ejemplo es el de Jorge Ramón Elías Náder, preso por el Proceso 8.000, quien designó a su sobrino Bernardo Elias (Ñoño Elias), para que en 2006 acompañara a Zulema Jattin, en fórmula a la cámara de representantes, mientras esta buscaba una curul en el senado.

 

A pesar de que ambas candidaturas traían señalamientos de querer mantener el poder de una mafia política, nada se hizo al respecto, porque la justicia actúa de manera individual, es decir, se investiga y se judicializa al directamente implicado, dejando el grupo al cual beneficia política y económicamente por fuera de la decisión.

 

Si judicialmente es poco lo que se hace para detener la ilegalidad vinculada a la política, electoralmente las decisiones que tomen los órganos de control electoral van a ser nulas, entre otras porque la norma inhabilita a la persona mientras haya decisión en contra, bien sea de manera judicial o disciplinaria, lo que no evita que esta siga actuando en cuerpo ajeno.

 

De esta manera es como se han mantenido vigentes grupos y familias que han tenido a alguno de sus miembros vinculados a escándalos como el Proceso 8.000 y la Parapolítica, porque es tan fuerte su nivel de influencia desde el nivel local al nacional, que lo único que se logra es diezmarlo por un tiempo, porque mediante alianza con otros actores políticos, este resurge nuevamente.

 

Ni siquiera se puede estar seguro de que la familia Moreno Rojas políticamente se encuentra liquidada, luego de que los dos únicos herederos políticos del General y expresidente Gustavo Rojas Pinilla (Samuel Moreno e Iván Moreno), fueran puestos tras las rejas, luego de comprobarse su vinculación con el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

 

No se puede olvidar que el origen de esta familia es político, y que los hijos de estos dos personajes, a futuro pueden aspirar a algún cargo de elección, cuando consideren que el asunto se encuentre olvidado por los electores.

 

Hoy día luego de que el país ha sido testigo de fuertes escándalos por vinculación de la política con la ilegalidad (narcotráfico,  paramilitarismo y mafias de contratación), estas son algunos de los grupos que se han visto inmersos y hoy día sobreviven en el poder local y nacional:

 

 

Cada uno de estos grupos en la actualidad se encuentran apoyando candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos, con la clara intención de consolidar una vez más su poder local, y así manejar a su antojo la contratación local, que es el objetivo final de querer mantener un poder político.

 

En el informe electoral de Candidaturas Regionales Vinculadas a Mafias de Corrupción e ilegalidad de 2015, la Fundación Paz y Reconciliación describe la manera como hoy día estos clanes políticos se han organizado para electoralmente apoyar a sus fichas (amigos y familiares), haciendo un llamado a los partidos políticos en primer lugar para que no se les diera aval alguno, sin embargo estos hicieron caso omiso argumentando que estas personas no se encontraban inhabilitadas, ni judicial, ni disciplinariamente, por lo que legalmente no había motivos para negarlo.

 

En cuanto a los apoyos de familiares y amigos, el argumento es que “Los delitos de sangre o de amistad no existen”. Esta especie de disculpa, hace pensar que si en la eventualidad de que un familiar del extinto paramilitar Carlos Castaño, decide incursionar en la política, no habría como detenerlo, porque el partido político por el que pretenda aspirar, no negaría el aval, si este llegase a demostrar potencial electoral para lograr la elección.

 

¿Porque es difícil que un partido niegue un aval?


Un candidato se puede inscribir con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral o con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, para lo cual es necesario presentar determinado número de firmas de firmas y la póliza de seriedad.

 

Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral,  otorgan el aval, luego de verificar que el solicitante no se encuentre inmersos en procesos judiciales o disciplinarios, porque según lo establecido en la Reforma Política aprobada en 2008, cuando se conocieron los vínculos entre políticos y paramilitares, estos son responsables de los  candidatos, elegidos, cuando se compruebe su vinculación con grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación popular.

 

Esa responsabilidad se extiende también a los directivos cuando se demuestre que no han procedido con la diligencia necesaria.Aun así el problema persiste, en primer lugar por la negligencia de los directores de los partidos en negar el aval y por la poca diligencia de las autoridades electorales.

 

En el primero de los casos, los directores de los partidos políticos quienes tienen sus propios intereses, deben sortear todo tipo de presiones  de senadores y representantes que de manera anticipada tejen compromisos con líderes y contratistas locales para ser elegidos en el legislativo, los que deben cumplir, en primer lugar concretando que las candidaturas que van a apoyar en lo local, tengan opción de ganar y en segundo lugar para que se les otorgue el aval correspondiente a las personas que estos respalden para alcaldías, gobernaciones, concejos,  asambleas y juntas administradoras locales (JAL), si es el caso. Los que de manera instantánea, entran a hacer parte de su red política.

 

La mayoría de estas solicitudes de avales, que son respaldadas por senadores y representantes, son de personas que resultan desconocidas por los directores de los partidos, quienes deben en primer lugar confiar en sus padrinos cuando estos les aseguran el triunfo electoral en la región correspondiente.

 

Este es el pasaporte inmediato para que el jefe de la colectividad no se niegue a la firma o por lo menos la considere. No así, sin embargo, estos deben cerciorarse pidiendo información en Procuraduría, Contralorías, Fiscalía, Dijín y Personería, para estar seguros de que el candidato no se encuentra inmerso en procesos de tipo fiscal, judicial o disciplinario.

 

En la práctica la firma del aval debería  darse cuando la respuesta indica que el candidato no tiene ningún antecedente penal o disciplinario en su contra que le impida aspirar a cargos de elección popular. Sin embargo, esto no siempre se cumple, porque en algunos casos sucede que la persona tiene investigación en curso, pero como en el derecho penal prima la presunción de inocencia, y no se tiene certeza de cuanto puede demorar el proceso, el aval es otorgado.

 

Los problemas llegan cuando se emite el fallo y este es en contra o cuando se procede a la captura del individuo, cuando el caso lo amerita.

 

El otro caso se da cuando la persona no tiene ningún tipo de antecedente, pero se sabe y se conoce de su vinculación, bien sea por amistad o por lazos de sangre, con algún clan político que de una u otra forma ha sido vinculado con la ilegalidad o con mafias de contratación.

 

La respuesta del partido político o movimiento es que “No existen los delitos de sangre ni de amistad”. Bajo esta premisa se han otorgado avales a personas como Teresita García (hermana de Álvaro García condenado por parapolítica) o Kiko Gómez, exgobernador de la Guajira, preso por delitos de narcotráfico y paramilitarismo y actualmente a Oneida Pinto quien cuenta con el aval del exmandatario preso en la cárcel de Bogotá.

 

En otras ocasiones, el aval es otorgado porque la respuesta de las entidades de control y disciplinarias, no llega dentro del límite de días en que debe darse, en primer lugar porque por tratarse de temas locales, la información se encuentra en la seccional regional, la que se toma su tiempo a partir del momento en que recibe la solicitud y no de la fecha en que esta se emite.

 

Así por ejemplo, si el Partido Liberal solicita información de tipo fiscal a la contraloría municipal de Caucacia, y esta debe responder en un límite de quince días, esta no lo hace a partir de la fecha en que fue redactada la carta, sino a partir del día en que recibe el comunicado, es decir una carta fechada el 1, que llega al ente de control local el día 15, es respondida el día 30 del mismo mes. A esto hay que sumarle los días que se toman las oficinas de correo tanto a nivel intermunicipal, como urbano.

 

Lo anterior sirve como excusa perfecta en el momento en que la opinión pública reclama al partido o movimiento por la firma del aval  a determinado personaje señalado, porque es claro, que al verse involucrados procesos administrativos en otras entidades, el trámite se va a demorar, lo que facilita tanto la disculpa del movimiento, como la licencia para que en su nombre el candidato inicie su candidatura.

 

De esta manera se pasan los días, sin que el partido o movimiento tenga la suficiente información para sustentar la negativa de un aval, por lo que acude a la firma, y la sostiene si el personaje le asegura el triunfo.

 

En lo que tiene que ver con la presiones que se viven al interior de los partidos políticos para que estos otorguen el aval, se debe decir que estas parten desde el momento en que una persona se candidatiza para aspirar al senado o cámara de representantes, porque al lograr una curul en el legislativo, se gana también cierto grado de influencia en las decisiones que en adelante toma  el movimiento que respaldó su candidatura.

 

De esta manera para un líder local, es más importante contar con el respaldo de un congresista, que ser el mejor amigo del director de su partido.

 

Así las cosas, negarse a firmar un aval es difícil, en la medida en que el partido compite electoralmente contra otra serie de movimientos y solo le interesa ganar mayor número de cargos por elección popular y no le interesa, si para esto el nombre de su organización política, va a quedar en la picota pública por cuenta de una serie de nombres en sus listas que fueron señalados de estar vinculados a mafias de corrupción.

 

En segundo lugar, por todas las presiones a las que se ve sometido un director de un partido, donde juegan intereses de todo tipo para que este no niegue la firma del respectivo aval. Aun así, si este fuera negado, existe un boquete en la ley para que el candidato señalado se presente a unas elecciones: Candidaturas por firmas.

 

Candidaturas por firmas, la salvación para algunas candidaturas cuestionadas


Las elecciones legislativas de 2002 contaron con más de sesenta partido y movimientos, la mayoría de carácter unipersonal que buscaban llevar a determinada persona a la cámara o al senado.

 

Todo esto sucedió porque la Constitución de 1991 abrió el camino para que nuevas fuerzas política compitieran en las elecciones. En esta especie de apertura democrática en Colombia,  no se fijaron mayores requisitos, ni reglas claras  para la conformación de partidos y movimientos políticos, lo que desembocó en un exagerado crecimiento de grupos políticos con pretensiones electorales y reconocimiento jurídico.

 

En consecuencia, los actores políticos empezaron a desarrollar liderazgos personalistas, sin tener que responderle a partidos organizados. El diseño institucional permitía que un solo partido político presentara varias listas para una misma elección. Además, no se exigía una votación mínima para acceder a curules en los cuerpos colegiados.

 

Todo esto estimuló el personalismo político porque al existir muchas fuerzas políticas con presencia en el Congreso, concejos y asambleas,  las negociaciones entre el gobierno y los cuerpos de control político,  resultaban más complejas y sobre todo más proclives a los acuerdos personales en los que con frecuencia primaban negociaciones burocráticas o presupuestales.

 

El Ejecutivo no dialogaba con dos o tres interlocutores, sino con muchos actores, lo que hacía que el procedimiento legislativo fuera ineficiente y costoso.

 

Ante el exagerado número de candidatos y movimientos políticos, la opinión pública y algunos académicos estudiosos del tema, se pronunciaron  a favor de una reforma política que reorganizara el sistema democrático en Colombia, dándole un mejor orden al sistema de partidos.

 

Es entonces cuando por iniciativa del entonces gobierno de Álvaro Uribe se da trámite a una Reforma Política, que organizara las candidaturas a congreso, concejo, jal y asambleas departamentales en listas únicas y se establece que solo obtendrán reconocimiento a la Personería Jurídica los partidos y movimientos hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para Senado de la República en el Territorio Nacional.

 

Esto establece que en adelante se actuará en bancada con reglas fijadas por cada partido, estableciendo además que la curul corresponde al partido y no al candadito, por tanto, cuando este renuncie o tenga alguna inhabilidad disciplinaria que no amerite pérdida del cargo para el partido, este será sustituido por quien le sigue en la lista por número de votos obtenidos en la elección.

 

Sin embargo la ley 130 de 1994, abre un boquete para que la indisciplina de quienes integran los partidos continúen y es la posibilidad de se inscriban para las elecciones por medio de Grupos Significativo de Ciudadanos. Esta opción establece que quienes no cuentan o no desean el aval de un movimiento o partido político, o prefieren crear su propio grupo político, puedan hacerlo y aspirar a una curul cumpliendo con los requisitos que estipula la ley para garantizar a los colombianos diversidad de candidatos y programas políticos.

 

Para este nuevo proceso electoral los candidatos que aspiren por firmas tendrán que contar con un comité inscriptor, debido a la entrada en vigencia de la Ley 1475 o reforma Política del 14 de julio de 2011. Para esto se establece que los grupos significativos de ciudadanos deben solicitar a la autoridad competente el formulario de acuerdo con la corporación a la que aspire, diligenciar lo correspondiente a los datos de los integrantes del comité, así como el nombre del comité y los nombres de los candidatos a quienes los ciudadanos a través de su firma van a apoyar en las elecciones.

 

Fue así como en el 2001, el entonces liberal Álvaro Uribe Vélez, decide no inscribirse como precandadito a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, a donde siempre había pertenecido, sino que opta por una candidatura “Independiente”, a la que más adelante se le sumaría la mitad del liberalismo y la mayoría de conservadores. Gustavo Petro se separa del Polo Democrático Alternativo en el 2011 e inicia la formación de un movimiento al que llama Progresistas, para inscribir su candidatura para buscar la Alcaldía Mayor de Bogotá.

 

Al no sentirse cómodo en un intento por retornar al Partido Liberal, Enrique Peñalosa se separa definitivamente en el 2010 para crear su propio movimiento, al que llama “Por la Colombia que Queremos”.

 

Así mismo encontramos miles de casos en Colombia, donde si la persona no se siente cómoda o por alguna razón le es negado el aval, esta acude a la creación de un movimiento por firmas para presentar su nombre a consideración del electorado.

 

De esta manera vemos como a los nueve partidos con personería jurídica, se les debe sumar el total de candidaturas por firmas que se presentan en las elecciones territoriales que en el 2015, que sobrepasan las mil.

 

¿Es el Consejo Nacional Electoral un órgano inoperante?


La función principal del Consejo Nacional Electoral es la de garantizar la transparencia electoral en nuestro país y se esperaría que para que cumpla esta función, sus magistrados lleguen a sus cargos de una manera que les permita tomar decisiones sin ningún tipo de presión ni ataduras.

 

Sin embargo vemos que no es así. La sola candidatización de un partido político a magistrado, se traduce en una atadura que termina por neutralizar cualquier acción que sobre el mismo partido, este deba tomar o discutir en el pleno de la sala de sus miembros. A esto le debemos sumar que aspirante debe ser escogido por el Congreso de la República, lo que se convierte en otra atadura, porque las decisiones que debe fallar, se hacen sobre algún miembro que pertenezca a su red política en lo local.

 

De esta manera teniendo en cuenta lo anterior, era difícil por ejemplo de que la candidatura de Oneida Pinto a la gobernación de la Guajira, se viera afectada por alguna decisión del Consejo Nacional Electoral, al ser ésta avalada por el Partido Cambio Radical y apoyada por los Partidos de la U y Liberal, quienes tienen de magistrados en el  CNE a  Bernardo Franco y Alexander Vega, (Partido de la U); Héctor Helí Rojas y Emiliano Rivera, (Partido Liberal) y Yolima Carrillo (Cambio Radical). 

 

En la lógica del Derecho, para una decisión como esta, estos funcionarios debieron declararse impedidos, lo que obligaría al nombramiento de conjueces, sin embargo no fue así. El fallo que se dictó fue a favor de la aspirante, al igual que hace cuatro años sucedió con el exgobernador de la Guajira Francisco Gómez Cerchar.

 

Otro de los aspectos que hace ver al CNE como un órgano inoperante es por la dependencia que este tiene de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien es la encargada de contratar la nómina de sus funcionarios y administrar su planta de funcionarios. Esta se encuentra atada a los intereses del registrador de turno.

 

Es así como por ejemplo, no se puede nombrar a quienes integran a los Tribunales Locales de Garantías Electorales a cabalidad, si la Registradurías no hace el desembolso correspondiente para que esto se cumpla en todos los territorios.

 

Tampoco se puede nombrar al personal capacitado para que cumpla con esta labor de manera íntegra y transparente, porque no faltan las presiones de partidos y congresistas para que se designen a sus fichas, quienes van a cuidar los intereses de estos y no tanto a cumplir con las labores que su contrato le ordena.

 

Puede ser que se vean titulares en los medios de comunicación que dejan ver que efectivamente se está cumpliendo con la labor de vigilar las elecciones, cosa de que a futuro estas no cuenten con presencia de ilegalidad o corrupción en las urnas, el problema está en que las candidaturas que tienen fallos en contra se dan para casos que no van a afectar en buena medida los intereses de los partidos que representan los magistrados, ni de los congresistas que acompañan las campañas políticas.

 

Por lo anterior titulares que anuncian la revocatoria de candidaturas, en la práctica no se queda sino en la mera noticia, porque son candidaturas que no representan mayor pérdida a los partidos políticos, y que no se hacen sobre ciudades principales, ni gobernaciones, sino en su mayoría sobre concejos municipales, de hecho de un total de 729 candidaturas que pidió la Procuraduría su anulación, más de 50% eran aspiraciones a concejos municipales; solo 14 correspondían a alcaldías y una sola a gobernación.

 

Aquí se configura una especie de estrategia de darse pasito, mostrando titulares en la prensa que con letras mayúscula hace pensar que se está trabajando de forma eficaz, cuando la realidad es otra.

 

Todo esto ha hace que se piense o se considere si valdría la pena  eliminar el CNE, dejando sus funciones en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que debe resolver  procesos electorales relacionados con elecciones o nombramiento o si más bien reestructurar el organismo.

 

Esto le quita a los partidos políticos la potestad de postular los candaditos que integrarían la sala de magistrados, lo mismo que al Congreso de la República de elegirlos y más bien pensar en un sistema de cooptación, para que así se les permita tener la total independencia de fallar, libres de presiones políticas.

 

También se debe pensar que el trabajo de vigilancia sobre los gastos en campañas, se debe vigilar en tiempo real y no después de que estas ocurren, porque en realidad ningún candidato presenta informes donde dan cuenta de su excesiva publicidad. Estos siempre reportan menos de lo ejecutado, para así evitarse una multa.

 

Por esto se debe pensar en que el trabajo de veeduría se debe hacer mientras se esté en el tiempo proselitista y no después, con el personal formado técnica y profesionalmente para esta labor, por esto la designación de esta tarea y el nombramiento debe estar libre de cualquier presión política, con el manejo de la nómica en manos de la misma entidad y no de la Registraduría.

 

Si en realidad Colombia desea sanear las elecciones de las mafias de contratación y de la ilegalidad, lo primero que debe hacer es reestructurar sus órganos electorales, porque de lo contrario, siempre estarán los ratones cuidando el queso.


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