Al final no ha sido necesario rescatar la banca en Chipre

Por: Raúl Jaime Maestre | @ruljaimemaestre | Marzo 11, 2016

La crisis económica de Chipre ha sido una de las más duras que se ha tenido que enfrentar Europa. Las entidades financieras de Chipre habían invertido en deuda pública griega, de moda que, una vez aprobada en 2012 la quita sobre los pasivos de Grecia, quedaron totalmente descapitalizados. Esto quiere decir que sus balances tuvieron que cargar con un agujero de 10.000 millones de euros, el equivalente al 60 por ciento del PIB del país.

Lo que se vendió como la gran solución para todos los problemas, la reestructuración de la deuda pública, se vio que era un juego de suma cero en el que algunos ganaban, las autoridades griegas aliviaban la carga de sus obligaciones financieras y podían seguir endeudándose, a costa de que otros perdían, las entidades bancarias que invirtieron en deuda pública.

 

Pero el problema de una bancarrota bancaria no acaba en las propias entidades financieras. Los bancos son intermediarios financieros que operan con un elevado apalancamiento, por esto, sus pérdidas inevitablemente terminan afectando a los acreedores.

 

 

¿Quiénes son los acreedores de las entidades bancarias?

 

El principal acreedor son los depositantes, es decir, todas aquellas personas o empresas que cuentan con una cuenta corriente en la entidad bancaria. Lo podemos decir así que la quita a Grecia destrozó la banca de Chipre, y el resultante agujero patrimonial terminó afectando a los depositantes.

 

Fue entonces cuando se planteó la disyuntiva a la que se enfrentó la economía chipriota. Por una parte aceptar las enormes pérdidas de los acreedores (bail-in) y, por otra parte, rescatar las entidades bancarias con el dinero de todos los contribuyentes chipriotas (bail-out). La segunda opción, Chipre carecía de capacidad financiera para endeudarse y recapitalizar a las entidades bancarias por un capital equivalente al 60 por ciento del PIB de Chipre. Por tanto, el rescate sólo había podido sufragarse con el dinero del resto de contribuyentes europeos. Afortunadamente, la troika se negó a hacerlo, aunque sólo fuera porque una parte de los depositantes eran grandes fortunas rusas que habían buscado refugio en el sistema financiero de Chipre como estrategia de evasión fiscal.

 

¿Cómo ha evolucionado la situación?

 

No quedó otro remedio que poner en marcha el bail-in, es decir, en vez de salvar a las entidades bancarias con el capital extraído de los contribuyentes, se repartió sus pérdidas entre los inversores de los bancos.

 

Todo esto no fue nada sencillo ya que aparte de trasladar una quita del 47,5 por ciento a los depósitos de más de 100.000 euros, hubo que implantar un control de capitales para evitar una quiebra que fuera desordenadas de las entidades bancarias y la Unión Europea tuvo que proporcionar líneas de crédito para que el gobierno chipriota pudiera refinanciarse con los mercados financieros cerrados.

 

Dichas medidas provocaron una honda de recesión económica, que se extendió durante dos años. Es decir, entre el 2013 y 2014, el PIB se desplomó un 7,5 por ciento y la tasa de paro pasó del 11,8 por ciento al 16,1 por ciento. Es decir, la digestión de un agujero bancario equivalente al 60 por ciento del PIB no fue fácil, pero finalmente se ha podido concluir. En Junio de 2015 se levantaron todos los controles de capitales y durante este mes, después de tres años, la troika ha anunciado la conclusión del rescate. Chipre ha empezado a crecer de manera ligera durante el 2015 y su tasa de paro empieza a reducirse. Durante este año se prevé que el país alcanza por primera vez durante la crisis un superávit presupuestario y que su deuda pública deje de subir y caer por debajo del 100 por ciento del PIB. Es decir, los datos parecen afianzar que Chipre está económicamente estabilizada.

 

En definitiva, si algo demuestra la experiencia es que el rescate estatal de las entidades bancarias no era imprescindible. Es cierto que Chipre ha pasado por enormes dificultades económicas.

 

El bail-in, la asignación de pérdidas a los acreedores de las entidades bancarias como alternativa a la socialización entre los contribuyentes, era la opción que debió haber muchas de las economías europeas.


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