La Supersociedades ha lanzado salvavidas a 244 empresas en crisis en 2017

Por: El Economista América | Noviembre 21, 2017

Superintendencia de Sociedades


Desde enero y hasta el 31 de octubre de 2017, la entidad aceptó 244 solicitudes de reorganización de empresas que afrontan dificultades de diversa índole, que están asfixiadas por deudas o que ven en riesgo su subsistencia por problemas financieros y administrativos.

 

Los procesos de reorganización empresarial, iniciados este año por la Superintendencia de Sociedades, se constituyen en una oportunidad para las empresas que se encuentran en dificultades económicas.

 

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que "estos procesos están orientados a preservar las empresas como unidades productivas, procurando salvarlas de la quiebra y dándoles oxígeno y una segunda oportunidad, para que se mantengan vivas en el mercado y generen riqueza".

 

Además, se busca preservar miles de empleos y evitar que los trabajadores pierdan su sustento. "En las reorganizaciones tramitadas por la Superintendencia de Sociedades, durante la última década, han estado en juego más de 61 mil empleos, por lo que los esfuerzos de la entidad se centran en evitar a toda costa la destrucción de estos puestos de trabajo", precisó Reyes Villamizar.

 

Por sectores, la mayor cantidad de empresas admitidas en reorganización desde 2007 a la fecha, pertenecen al comercio, la industria manufacturera, los servicios, la agricultura, la construcción, la minería y el transporte.

 

Los activos de las empresas que han pasado por procesos de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades superan los 161 mil millones de pesos.

 

Cabe recordar que la ley faculta a la Superintendencia de Sociedades para aplicar la figura del proceso de reorganización, en aras de preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

 

El régimen judicial de insolvencia Ley 1116 de 2006, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización, siempre bajo el criterio de agregación de valor.




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