Petro tendrá que responder por meganegocio de la TGI

Por: Erick Frasser | Octubre 11, 2016

La Contraloría Distrital acaba de abrir el juicio de responsabilidad fiscal más grande de la historia de la capital, por 509 millones de dólares, contra la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) que estuvo entre 2011 y 2014. Entre los llamados a responder está el entonces alcalde, Gustavo Petro, como también las expresidentas de esa empresa Sandra Fonseca y Mónica de Greiff.

Con este  tuit  el ex alcalde Petro se defiende  por el  llamado que le hiso la Contraloría en un juicio de responsabilidad fiscal.  

 

 

La EEB, empresa  encargada de generar y llevar la electricidad a la ciudad de Bogotá, se convirtió desde hace algunos años en un grupo dueño o accionista de empresas de energía y gas natural en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, con más de 12 billones de pesos en activos. En Colombia posee la Transportadora de Gas Internacional (TGI) que opera y mantiene 3.957 kilómetros de gasoductos.

 

TGI nació en 2007 después de que la EEB pagó 3,25 billones de pesos por el 97,91 por ciento de Ecogas, empresa del gobierno nacional. La ciudad financió esa operación, considerada una gran jugada, con recursos propios, créditos y emisión de bonos.

 

Frente a este endeudamiento y a la necesidad de aumentar e instalar una nueva infraestructura, la Administración optó por vender el 31,92 por ciento de la empresa en 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno.

 

Tras un arduo proceso, Citi Venture Capital International (CVCI), un fondo del Citibank, decidió pagar 400 millones de dólares, que se invirtieron en la ampliación de la infraestructura de TGI. Dicho fondo creó la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdings (Ielah) con sede en España, que quedó con la titularidad de las acciones.

 

Dentro de la negociación con el nuevo socio, la Empresa de Energía le otorgó al comprador la primera opción en caso de que decidiera vender, pero pactó un periodo de congelación de venta de tres años.  Culminado dicho lapso de tiempo, a finales de 2013 Ielah informó a la junta directiva de la EEB que iba a vender su participación en TGI, con ello, se da inicio a las dudas de la Contraloría.

 

A finales de noviembre de 2013, el comité de inversiones de la EEB dio la recomendación de recomprar las acciones  e informó que el valor de referencia era de 614 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo realizado por la banca de inversión Sumatoria. Estas acciones presentaban una increíble valorización de 214 millones de dólares en dos años, sin embargo, si Ielah estaba vendiendo, debió haber fijado un precio de oferta de la compañía para que el comprador pudiera proponer sobre esa base.

 

Aun así, la junta directiva de la EEB, reunida el 11 de diciembre de 2013, delegó en el alcalde Petro y en la gerente Fonseca el cometido de recomprar las acciones por 614 millones de dólares. Las negociaciones se interrumpieron en diciembre porque The Rohatyn Group adquirió el fondo CVCI y con ello su participación en TGI. En medio del proceso, la Contraloría Distrital no entiende por qué, si la empresa estab dispuesta a recomprar las acciones, decidió en febrero de 2014 repartir el ciento por ciento de las utilidades obtenidas en 2013, estimadas en 130.000 millones de pesos, de los cuales giró 41.558 millones a Ielah a España.

 

La contraloría Tampoco entiende por qué Sumatoria afirmó en febrero que el valor estimado del 31,92 por ciento ya no era de 614 millones de dólares, sino 842 millones. Siendo aún sorprendente  que la presidenta de la empresa, según ella con la autorización de Petro, decidió comprar el 31,92 por ciento por 842 millones de dólares, es decir, 442 millones de dólares más de lo que costaban, sin contar que se pagaron 29 millones de dólares en comisiones e intereses.

 

Otro aspecto que merece ser esclarecido  es que para la compra se constituyó en junio la Sociedad Transportadora de Gas Iberoamericana España, no se sabe si para evitar pagar impuestos en Colombia o para aumentar aún más la rentabilidad a los vendedores. Lo único cierto y tangible, es que TGI España se constituyó con 264 millones de dólares y una deuda de 616 millones de dólares. Al momento de adquirir a Ielah España, que siempre fue una empresa de papel, ya no había ni un peso de las utilidades que recibió.

 

Según la apertura del juicio de responsabilidad fiscal, la Contraloría evidencia “un presunto daño al patrimonio público por 509 millones de dólares, que resultan de la diferencia entre el valor de venta inicial de 400 millones de dólares en 2011 y la recompra por 880 millones de dólares más 29 millones de dólares pagados en comisiones en 2014, generando una lesión al patrimonio público, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna”.

 

Asimismo, la Contraloría ha lanzado una alerta por el manejo que se le puede estar dando a las 14 empresas y filiales constituidas con capital de la ciudad en el exterior, ya que estas no han sido auditadas por tener un régimen privado o de otra nación. “Las vamos a auditar, sin importar dónde estén, pues se terminó el tiempo en el que nadie las ronda ni las vigila”, dijo el contralor distrital.

 

Este caso entorpece los objetivos del actual alcalde, Enrique Peñalosa, quien había pedido autorización al Concejo para vender el 20 por ciento de la Empresa de Energía de Bogotá, con el fin  de financiar parte de su plan de renovación para la capital.  


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