Piedad Córdoba vuelve al ruedo

Por: Katerine Leal @KT_Leal | Agosto 9, 2016

 

El Consejo de Estado tumbó la sanción impuesta por la Procuraduría General contra la ex senadora Piedad Córdoba, que la inhabilitaba por 18 años para ejercer cargos públicos. La Sala Plena del Consejo de Estado acogió la ponencia que presentó el magistrado William Hernández en la que pedía anular la destitución. La noticia se da en medio de un escenario de posconflicto del que Córdoba ha sido protagonista. ¿Cuáles serán los nuevos caminos que tomará?

El Consejo de Estado tumbó la sanción de 18 años que la Procuraduría le impuso a la ex senadora Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las FARC. La mayoría de los magistrados votaron a favor de que la Procuraduría era la competente para sancionar a altos funcionarios en cargos de elección popular.

 

La decisión se da luego de que votaran sí a que ese tribunal podía hacer una revisión de las pruebas de un proceso penal. En días anteriores hubo consenso con la postura principal del proyecto de fallo en el que coincidían que fue ilegal la recolección de las pruebas, y, en consecuencia, no debieron haber sido tenidas en cuenta por la Procuraduría para sancionar a Córdoba.

 

Estas pruebas fueron la base principal del proyecto de fallo que tumbó la sanción; sin embargo, la discusión de la sala se concentró en otras evidencias, entre ellas, las declaraciones de la ex senadora contra Álvaro Uribe en un simposio en México celebrado el 11 de marzo de 2007 que, en opinión de los magistrados, debe conducir a algún tipo de sanción disciplinaria.

 

Piedad dijo entonces, que Uribe era el promotor del paramilitarismo en Colombia. El ponente, el magistrado William Hernández, fue quien pidió anular la sanción de 18 años de inhabilidad política contra la ex senadora.

  

Precisamente esas pruebas son el sustento que tuvo el Ministerio Público para destituirla, y esos fueron los argumentos del Consejo de Estado para devolverle sus derechos políticos, pues en su contra aún existe otra destitución de 14 años por financiación de campañas políticas.

 

Por ahora el sueño de la ex senadora de volver a la contienda electoral tendrá que esperar un tiempo más, pues todavía está vigente una segunda sanción disciplinaria que la relega a estar alejada de la función pública.


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