Percepción de corrupción se mantiene en Colombia

Por: Agencia de Noticias UN | Julio 2, 2016

Pese a los cinco años de vida de la Ley 1474 de 2011, las estadísticas parecen indicar que el estatuto anticorrupción no ha servido para cambiar las negativas percepciones sobre uno de los temas que más afecta al país.

La corrupción sigue siendo uno de los factores con el que es más asociado el país en el vecindario, y solo países como Chile y Uruguay parecen mostrar positivos resultados en su lucha contra dicho flagelo.

 

En el último sondeo de Transparencia Internacional (2015), Colombia aparece en el puesto 83 entre 168 países tabulados, y se raja con una nota de 37 sobre 100.

 

Aunque no se puede hablar de una estricta correlación entre el actuar y la percepción, esta última preocupa pues, según una encuesta de Corpovisiones de 2013 sobre confianza en los sectores, a los devaluados políticos (9 %) le siguen, en el penúltimo lugar de percepción de confianza, los servidores públicos (en ellos confían solo el 13 %), que por su naturaleza son los llamados a modificar las prácticas en las instituciones en la que se apoyan los colombianos.

 

La mayor confianza recae sobre los maestros (60 %), la iglesia (57 %) y el Ejército (51 %), fundamentalmente porque “sus miembros están cerca de los ciudadanos durante casi toda la vida e incluso desde la infancia -en el caso de los profesores-“, explicó Fernando Augusto Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública.

 

Además, dentro de las principales entidades ni la mitad de los encuestados expresó mucha confianza, a saber, FF. MM., 49 %; Registraduría, 42 %; Defensoría, 40 %, y Presidencia, 39 %.

 

El tema fue analizado durante el foro “Transparencia, hablemos del tema”, realizado en el auditorio Virginia Gutiérrez de la Universidad Nacional, con el propósito de discutir los desafíos del sector público colombiano, y con este, los que desde el enfoque de la transparencia también le atañen a la universidad pública.

 

La autonomía y la ética son algunos de los componentes sobre los cuales la U.N, como la primera institución en materia de educación pública del país, debe apuntalar sus esfuerzos. Y es que, sobre la academia, “cuanto más autónoma sea, más obligación tiene de rendir cuentas, de enterar a la sociedad sobre las decisiones que toma y sobre el manejo y destinación de sus recursos”, manifestó el vicerrector General de la Universidad Nacional, profesor Jorge Iván Bula.

 

El ex rector de la U.N., Víctor Manuel Moncayo, afirmó por su parte que la Institución debe empezar a cuestionarse y moverse dentro de una ética que responda sobre qué es lo que hay que investigar, cómo abrirse al resto de la sociedad y no exclusivamente a instancias de los programas de extensión, “sino que la población llegue a la Universidad. Y, sobre todo, reflexionar en torno a los programas de pregrado pertinentes para el país, limitados y restringidos desde hace 15 años hacia acá, tiempo en el que han aumentado los posgrados”.

 

Según Fernando Segura, muy a pesar del estatuto anticorrupción, la razón por la cual no ha incidido en las percepciones negativas es que los planes de mejoramiento que la Ley 1474 prevé no han sido hechos de forma consciente por parte de las entidades.

 

“Se ha cumplido con la obligación de hacer el documento, pero los mismos no siempre son hechos atendiendo las necesidades de los ciudadanos, o atacando las debilidades institucionales”. Asimismo, si las entidades realizan planes por cumplir una norma, pero no se identifican riesgos reales, no podrán poner en marcha acciones de mitigación ni estrategias que den respuesta a los temas de interés de los ciudadanos, y seguirán existiendo problemas y corrupción.

 

Finalmente, Flor Alba Torres, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, insistió que nada cambiará si desde la base, desde la educación familiar –antes de la escolar-, no se inculcan esas normas y reglas sociales que permitan cambios sustanciales en el país.

 

*Por Agencia de Noticias UN


Comentarios