FARC violaron DIH en El Conejo

Por: Confidencial Colombia - @confidencialcol | Febrero 24, 2016

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de Naciones Unidas y de los delegados del Gobierno en el proceso de paz lo que considera una grave violación al Derecho Internacional Humanitario por parte del grupo guerrillero. Según la investigación del organismo de defensa de los derechos humanos las FARC ocuparon, mediante engaño, las instalaciones de un colegio con hombres fuertemente armados.

No fue solo una visita para hacer pedagogía sobre el proceso de paz. Según la Defensoría del Pueblo durante el tiempo que los delegados de las FARC Iván Márquez, Jesús Santrich y Joaquín Gómez en la localidad de El Conejo, Guajíra, el pasado 18 de febrero, transgredieron normas del Derecho Internacional Humanitario que les impide a combatientes ocupar lugares como escuelas  y colegios. 

 

“La Defensoría concluyó que tal como sucedió con la tarima dispuesta en el parque principal de la población, las instalaciones académicas que albergan a cerca de 300 estudiantes fueron prestadas a personas que realizaron la solicitud con el pretexto de llevar a cabo un evento cultural. Sin embargo, para la Entidad es claro que allí hubo presencia armada de las Farc, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esa organización en La Habana”, advierte un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

 

Los delegados del organismo de defensa de los derechos humanos que estuvieron esta semana en El Conejo pudieron establecer hombres de las FARC repartieron volantes alusivos al proceso de paz entre la población civil lo que constituye una presión indebida contra la población civil.

 

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"La Defensoría del Pueblo pudo comprobar que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personas fuertemente armadas, las cuales acompañaban a los delegados, que encabezados por Iván Márquez instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a su visión sobre el proceso de paz” afirman los funcionarios de la Defensoría que estuvieron haciendo la verificación en la población. 

 

 

Ante esta situación, y a pesar de que el impasse parece haber sido superado, la Defensoría elevó la queja ante el Gobierno colombiano y ante instancias de Naciones Unidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. 

 

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“Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que a partir del engaño al que fueron sometidas las directivas y profesores del plantel educativo fueron suspendidas las actividades escolares el día del evento, para la Defensoría del Pueblo estas circunstancias constituyen una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional”, concluye en forma vehemente la Defensoría. 

 

La ocupación de bienes públicos como escuelas y hospitales por parte de actores del conflicto, que ponga en riesgo o afecte a la población civil constituye una grave violación a los Estatutos de Ginebra.

 

El propio Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, dijo recientemente que lo ocurrido en El Conejo fue muy grave y que eso erosiona la confianza entre las partes; que deben cumplirse los acuerdos y respetar los protocolos.

 

 

El incidente, que puso en riesgo la continuidad del proceso de paz, originó que el Gobierno suspendiera las llamadas “jornadas pedagógicas para la paz”, en las que se permitía el desplazamiento de jefes de la guerrilla de las FARC desde Cuba a Colombia para informar a sus tropas sobre los avances del proceso. Está acordado entre las partes que el 23 de marzo se firme el documento que permita poner fin al conflicto armado de mas de 50 años en Colombia.

 

 Ya están acordados los principales puntos de la agenda y actualmente se discute el tema de la dejación de armas. Está pendiente un acuerdo sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Las FARC quieren que sea mediante una Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno ha propuesto un plebiscito para que los colombianos digan en las urnas si están o no de acuerdo con lo que se pacte eventualmente en La Habana.


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