Sancionada Ley Zidres

Por: Confidencial Colombia | Enero 29, 2016

En Orocué, Casanare, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la polémica Ley Zidres. Este hecho generó el rechazo de un grupo de congresistas y líderes campesinos y el escepticismo de algunos empresarios.

Acompañado por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; el Ministro Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo; el Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria; y el Director General de la FAO, Jose Graziano da Silva; el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Zidres.

 

Esta ley, de acuerdo al Gobierno Nacional busca el desarrollo de cerca de siete millones de hectáreas en el área rural. Estas tierras estarán distribuidas entre la Altillanura, la Guajira, Urabá Chocoano y la Mojana.

 

Santos declaró que “Pocos países en el mundo tienen el verdadero potencial para aumentar la producción de alimentos y Colombia es uno de ellos. Esta región, la Altillanura, por ejemplo, tiene la vocación de convertirse en una despensa ante el mundo”.

 

Sin embargo, pese al optimismo del mandatario y su gabinete esta ley no es vista con buenos ojos por varios sectores nacionales.

 

Por ejemplo, el senador Alberto Castilla ha señalado que esta ley es regresiva para el campo colombiano e inconstitucional. En ese mismo sentido opina el senador del Polo, Iván Cepeda quien ha anunciado que un grupo de senadores demandarán la constitucionalidad de la norma sancionada. Igualmente, varias ONG entre las que se cuentan ANZORC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina; Oxfam y Planeta Paz demandarán en el mismo sentido.

 

Las razones que sustentan los argumentos para contrariar la ley tienen que ver con la posibilidad que tendrían de acumular baldíos de la nación, aquellos que quieran y puedan desarrollar proyectos productivos en esas zonas estratégicas.

 

Por su parte, en la Mesa de Diálogos de La Habana, no ven con buenos ojos esta ley. Pastor Alape, miembro negociador de las FARC le dijo a Confidencial Colombia en 2015 que está es una legislación que iría en contravía de lo acordado en materia de desarrollo agrario entre las partes.


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