La violenta maldición de Las Pavas

Por: Geraldkurt / @Geraldkurt | Enero 24, 2016

El caso de la Hacienda Las Pavas ha sido considerado como uno de los casos emblemáticos en cuanto a restitución de tierras y reparación de víctimas en el país. Sin embargo la burocracia, la violencia paramilitar y el abandono estatal han hecho que los campesinos que allí habitan sean victimizados una y otra vez.

Desde 2005 cuando empezaron las acciones de las 123 familias campesinas agremiadas en ASOCAB (Asociación de Campesinos de Buenos Aires) para tener la titularidad de las tierras que comprenden la hacienda situada en la isla de Papayal, en el sur de Bolívar, la justicia se ha pronunciado sobre el particular e incluso dio pie para pensar que esos 14 predios podrían quedar en manos de los campesinos que han labrado esas tierras desde la primera mitad del siglo pasado.

 

Los predios en disputa son en su mayoría tierra anegables, humedales, que en época de lluvia sirven para pescar bocachico y para cultivar arroz. En épocas secas sustentan yuca y mafufo. Estos cultivos, además de unas cuantas reses, les sirven a estas familias para suplir el sustento diario y para poder tener entradas económicas como fruto de su venta en los mercados de Regidor, Gamarra, Aguachica y el Banco.

 

Estas tierras son las mismas que antes de 2007 estaban en manos de Jesús Emilio Escobar Fernández. Éste, hermano y al parecer testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar, englobó en 1983 los predios que pertenecían a pequeños ganaderos y quedó como único propietario.

 

Según cuentan los campesinos residentes en el corregimiento de Buenos Aires, Escobar Fernández nunca volvió por esas tierras y en la década del 90 varios grupos paramilitares se alternaron la presencia en la Hacienda. En 2003 los primeros fueron desplazados de los terrenos debido a las amenazas del grupo armado ilegal. Con la desmovilización en 2005 de esta estructura delictiva  que operó en la zona, comenzó el tira y afloje jurídico sobre Las Pavas.

 

En 2006, a pedido de los campesinos, el INCODER hizo una visita en el terreno y pudo constatar que los predios estaban en situación de abandono. Esta visita es uno de los puntos nodales para que esta entidad decidiera en 2012 que los predios eran baldíos de la nación.

 

Poco después de que fuera hecha la visita, los campesinos fueron desplazados de nuevo por hombres armados entere los que estaba “Mario Marmol”, señalado de haber sido parte de ese grupo paramilitar que ha fungido como encargado de la Hacienda hasta el día de hoy.

 

A pesar de que el INCODER había decidido iniciar el proceso de extinción de dominio sobre esas tierras, Escobar Fernández vendió la Hacienda en 2007 al consorcio Labrador, compuesto por C.I. Tequendama del grupo Daabon y Aportes San Isidro de José Ernesto Macías.

 

Esta empresa se dedicó a la siembra de palma de aceite en esos predios. El escándalo por los desplazamientos y la victimización de los campesinos hizo que The Body Shop, multinacional de la industria cosmética, decidiera terminar su contrato con el grupo DAABON, alegando contradicciones éticas.

 

Este escándalo habría llevado a que esta última empresa vendiera su parte a Aportes San Isidro en 2011.

 

Para ese momento José Ernesto Macías, dueño de Aportes San Isidro, dio una entrevista a Confidencial Colombia, en la que aseguraba que los campesinos de ASOCAB eran milicianos de las FARC y que esa reclamación de tierras se enmarcaba en la, según él, estrategia del presidente Juan Manuel Santos y del entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, para entregar tierras a la guerrilla de las FARC. Además, reconoció que Rafael de Jesús Cárcamo, testigo estrella de la empresa palmera, se encontraba empleado en por aportes San Isidro después de haber dado su testimonio según el cual no existían víctimas entre los campesinos.

 

En 2009, la empresa solicitó a la Inspección de Policía del municipio del Peñón que desalojara a las familias de los cambuches en los que pernoctan en la Hacienda. Este desalojo fue considerado ilegal por la sentencia 267 de 2011 de la Corte Constitucional.

 

Las investigaciones que llevó a cabo la fiscal especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, y que señalaban a los campesinos como falsas víctimas quedó desestimada por la investigación que había sido abierta por la Fiscalía 34 de Derechos Humanos de Bucaramanga que reconoce como víctimas a estas familias. Además, la fiscal Martínez murió en un accidente automovilístico en 2012 sobre el que no existe claridad hasta el día de hoy.

 

Luego de otra visita de campo a los predios por parte del INCODER, esta entidad declaró en dos resoluciones de 2012 que 11 predios eran baldíos y que sobre otros 3 aplicaba el proceso de extinción de dominio.

 

Esa decisión abrió la esperanza en las 123 familias que estaban esperando que les fueran adjudicadas esas tierras. Mientras se daban estas decisiones, los miembros de ASOCAB debieron enfrentar el embate de un grupo armado, que no tiene permiso de la Superintendencia de Vigilancia para custodiar esas tierras.

 

Sin embargo, un recurso de revisión presentado por Aportes San Isidro ante el Consejo de Estado detuvo la ejecución de las resoluciones del INCODER.

 

El 24 de octubre de 2013 la Unidad de Víctimas reconoció como víctimas a los campesinos de Las Pavas. En noviembre del mismo año fueron elegidos como ganadores del Premio Nacional de Paz Fescol 2013, por su resistencia pacífica, argumento que el mismo presidente Juan Manuel Santos reconoció en una carta que conserva ASOCAB.

 

De acuerdo a lo que han informado algunos medios el INCODER habría radicado una oferta de revocatoria de sus decisiones anteriores sobre este caso. Como lo ha sostenido el subdirector de tierras Carlos Carmona, esa decisión se basaría entre otras cosas en las “pruebas” de la existencia de falsas víctimas en ese caso.

 

Sin embargo, según fuentes consultadas por Confidencial Colombia, el INCODER todavía no ha radicado oferta alguna en el Consejo de Estado ya que  se había comprometido a no tomar decisiones de fondo hasta tanto no se surtiera el proceso de liquidación que atraviesa esa entidad. Esto implica que la decisión no está tomada.

 

Por otra parte Rey Ariel Borbón, quien era el gerente del INCODER, siempre se opuso a que se realizara esa oferta. Por esa razón llama la atención que esos anuncios se hagan en el momento en que la entidad entra a proceso de liquidación y queda en manos del exsecretario general y ahora agente liquidador Mauro Rodrigo Palta.

 

Fuentes cercanas al INCODER han señalado que Palta es cercano al ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y al viceministro de la misma cartera, Juan Pablo Diazgranados, quien fuera gerente financiero del grupo DAABON al momento de la compra de la Hacienda Las Pavas por parte de este grupo empresarial.

 

Además, cabe señalar que quien ha hablado ante los medios de comunicación sobre las razones que llevarían al INCODER a reversar su decisión, las mismas que casualmente están fundamentadas en los argumentos de la empresa palmera, es Carlos Carmona actual subgerente de tierras. Este fue mano derecha del número dos de la Dirección de Supernotariado y Registro liderada por Jorge Enrique Vélez. Este último es cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en el momento en que se acusó de falsas víctimas a los campesinos de Las Pavas declaró que “Se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”.

 

Vélez ha sido quien ha suavizado la posición del gobierno sobre los predios considerados baldíos y ha sostenido que hasta que Supernotariado y Registro no decidan sobre la unidad de empresas no se puede hablar de acumulación de este tipo de predios. Posición que se aleja de la que hizo carrera en tiempo  de Restrepo como titular de la cartera agrícola.

 

Por su parte Misael Payares, líder de ASOCAB, ha sostenido que la resistencia pacífica de los campesinos continuará hasta que “el Estado actúe de forma consecuente con lo que ha decidido la ley y nos respete el derecho a vivir dignamente en las tierras que hemos cultivado”. Añade que de llegar a existir una decisión contraria a lo que ya ha dicho el INCODER o la Corte Constitucional, acudirán “a instancias internacionales que puedan hacer valer la voz de más de 400 personas que solo queremos un sitio para cultivar”. 


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