Nueva escalada de violencia en el nororiente del país

Por: Confidencial Colombia | Septiembre 15, 2015

Nuevos hechos violentos se han registrado en el nororiente del país, especialmente en el Norte de Santander y Arauca. Así lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo.

La Entidad expresó su preocupación ya que en estas zonas del país se han presentado infracciones a las normas de los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario a raíz de varios hechos violentos. Asimismo, pidió a las autoridades competentes ajustar los planes de prevención en esas y otras regiones del país, donde la presencia de los grupos armados ilegales pone en riesgo a las comunidades.

 

Según la Defensoría, unidades del Ejército con presencia en el corregimiento de Aspasica, municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. El ataque se perpetró tras la activación por varias cargas explosivas al paso de tres motocicletas, uno de los militares resultó incinerado y otro desmembrado. De acuerdo con el reporte oficial, en total fueron asesinados dos miembros de las Fuerzas Armadas y un civil.

 

Asimismo, según los reportes de la Fuerza Pública en Fortul, Arauca, presuntos integrantes del frente Domingo Laín del ELN lanzaron artefactos contra la base militar de esa localidad araucana, ocasionó heridas a un adulto (candidato al concejo municipal), y dos niños trasladados a Saravena, además de una mujer embarazada, quien fue afectada emocionalmente.

 

La Defensoría recomendó a los organismos de seguridad del Estado fortalecer las estrategias de vigilancia y control en ambas regiones y en otros 27 departamentos, donde la Institución ha identificado situaciones de riesgo por la presencia y el accionar de las estructuras ilegales, máxime cuando se avecinan las elecciones regionales de octubre.

 

Cabe recordar que el pasado 1 de Septiembre, esta Entidad alertó sobre la posible incidencia de actores armados en 268 municipios del país, donde las Farc, el ELN y los grupos post desmovilizados de las Autodefensas podrían incidir en aspectos como amenazas a candidatos, presiones hacia la población civil y restricciones a la movilidad en sectores específicos para direccionar el voto de los ciudadanos.  


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