Zonas de Reserva Campesina: dos 'colombias' enfrentadas

Por: Geraldkurt / @Geraldkurt | Septiembre 23, 2014

El pasado encuentro de Zonas de Reserva Campesina en el Catatumbo puso de presente el interés de vastos sectores campesinos en que esa figura sea extendida a lo largo y ancho del país. El de estas zonas es un tema que no carece de polémica e incertidumbre ya que son varios los detractores de esta iniciativa. Radiografía de ambas facciones. 

Uno de los problemas constantes de la organización socioeconómica colombiana es el de la distribución de la tierra. Para solucionar esta problemática se han intentado varios modelos de reforma agraria, algunos mejor recibidos que otros. Sin embargo, el conflicto armado que vive el país, que se basa, en gran parte, en la concentración de la tierra y sus usos demuestra que hasta el momento no se ha logrado éxito en ese sentido.

 

En el mes de agosto de 1994 se sancionó la Ley 160 por la cual se intenta redistribuir la tierra. Este intento no se basa en la intervención estatal como sucedió en el pasado. En este nuevo modelo, basado en el “mercado asistido”, lo que se busca es que se puedan estimular los proyectos productivos al impactar directamente en el valor de las transacciones. Serían cerca de 9 millones de hectáreas, representados en más de 50 ZRC en todo el país.

 

Así, las Zonas de Reserva Campesina buscan fomentar las economía de los colonos, al igual que evitar la concentración de la propiedad. Además, se establece que las ZRC deben establecerse en áreas en donde la colonización es fuerte y en zonas de baldíos.

 

En 1996, en el marco de las marchas cocaleras del sur del país, el Decreto 1777 el gobierno pactó, a cambio de la desactivación de estas movilizaciones, el establecimiento de las primeras cuatro ZRC. Guaviare, El Pato (San Vicente del Caguán), Putumayo y Sur de Bolívar, fueron los primeros pasos en el establecimiento de este modelo en el país. Otra de las consecuencias de estas marchas fue que se amplió el alcance de estas zonas. Así, “las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural”, podrían ser incluidas en proyectos de Zonas de Reserva Campesina.

 

Esto trajo el rechazo de los gremios ya que supuso el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina en territorios productivos que no cumplían las características de ser zonas de colonización ni baldíos. Además, generaba unas nuevas relaciones de aparcería en contraposición a las ya establecidas en el “Pacto de Chicoral”.

 

A esto se le sumaría, luego, el argumento de que estas zonas tendrían unas dinámicas diferentes, en cuanto a la propiedad, a las de las demás regiones del país, con lo cual se gestó el discurso de la “República Independiente”.

 

La experiencia vivida por el país a mediados de la década del 60, en la que las llamadas “Repúblicas Independientes” del Pato, Guayabero y Marquetalia, darían origen a lo que con el tiempo se convirtió en las Farc, ha dado argumentos para que ciertos sectores consideren que las Zonas de Reserva Campesina reproducirían esta experiencia con lo cual el país tendría en su territorio espacios ajenos al poder del Estado.

 

El debate, que parecía, zanjado con el preacuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y las Farc en la mesa de diálogos de La Habana, en el que se consideró que este modelo de Zonas de Reserva Campesina es óptimo para el posconflicto en ciertas regiones del país; se reactivó esta semana por cuenta del IV Encuentro de Zonas de Reserva Campesina, llevado a cabo en Tibú por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). A esto se le debe sumar el hecho de declarar la ZRC de hecho del Catatumbo, ante la dilación del gobierno nacional en establecerla.

 

Son, pues vastos sectores del espectro político y académico quienes se encuentran a favor y en contra de este modelo de desarrollo agrario.

 

A favor de las ZRC

 

Alfredo Molano

El sociólogo y periodista es un ferviente defensor de este modelo. Su vasto conocimiento sobre la historia agraria colombiana y su relación con el conflicto armado y social que vive el país le ha permitido argumentar a favor de las Zonas de Reserva Campesina. Para Molano, los señalamientos en contra de las ZRC por considerarse “Repúblicas Independientes” o “Cuaguanes Chiquitos” es una tara que viene del acuerdo entre el gobierno y los sectores que animaron las marchas cocaleras, por considerar a estas últimas como un instrumentos de las Farc.

 

Miriam Villegas

La exgerente del Incoder, desde las épocas en que participó en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, conoce a fondo la problemática de estas figuras y los mecanismos de implementación.

Su paso por el Incoder estuvo signado por el compromiso de reactivar el proceso de constitución de las ZRC. Para ello buscó impulsar las de Pato-Balsillas, Cabrera y Guaviare, entre otras. Estas iniciativas estuvieron en sintonía con el cambio de visión del Gobierno Santos en el sentido de reconocer a las víctimas y al conflicto social y armado que vive el país.

 

César Jerez

Jerez es el coordinador de Anzorc y como tal es el abanderado de este modelo desde la base. Este ingeniero de petróleos que se considera campesino, algo que reconocen los mismos miembros de las organizaciones de base que ha liderado y conformado, ha sido quien le ha plantado la cara a quienes cuestionan las ZRC. Los argumentos expuestos para justificar la necesidad inmediata de acelerar el proceso de constitución de estas Zonas de Reserva Campesina, pasan por la necesidad de frenar los proyectos megamineros y de monocultivo extensivo, hasta el de garantizar la soberanía alimentaria en estas Zonas y defender la biodiversidad y el medio ambiente. Su labor ha sido estigmatizada y se le acusó en 2013 de ser parte de las Farc, cuando se encontraba liderando el paro campesino del Catatumbo.

 

En contra de las ZRC

 

El senador Álvaro Uribe Vélez

El parlamentario durante sus dos periodos como presidente de la República, frenó la implementación del modelo de ZRC. En 2003, aduciendo conflictos sociales en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, esta fue suspendida. Para Uribe estas zonas podrían convertirse en entes autónomos sin control estatal y por cuenta de ello servir de retaguardia para los reductos de las Farc y para que en ellas se desarrolle el narcotráfico sin mayor entorpecimiento. Además, ha señalado que este modelo no es rentable por cuenta de la imposibilidad de establecer proyectos agroextensivos, como los de palma africana. En su lugar, durante su gobierno la apuesta fue por el modelo de Zonas de Consolidación. En estas la fuerte presencia militar hacía las veces de presencia estatal y garantizaba que el orden llevara de la mano el desarrollo económico.

 

Edward Álvarez Vacca

Este economista solidario se convirtió en uno de los grandes contradictores de las Zonas de Reserva Campesina por cuenta de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por él. Esta demanda buscaba que se declararan inexequibles varios artículos de las Ley 160 de 1994. La controversia jurídica terminó con una sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequibles dichos artículos pero que los supeditó a una consulta previa para proteger los derechos indígenas en esas zonas. El otro argumento de Álvarez es el de la posible vulneración que se estaría ejerciendo sobre el medio ambiente por cuenta de los colonos que allí se establezcan.

 

José Félix Lafaurie

El presidente de Fedegan ha sido uno de los más grandes críticos y contradictores de este modelo ya que considera que gran parte de los 9 millones de hectáreas que serían contempladas como ZRC serían sembrados con cultivos ilícitos, en detrimento de los cultivos y proyectos productivos. Además, considera que de constituirse estas zonas tendrían modelos de gobierno propios que dejarían la jurisdicción por fuera de ejercicios tan básicos como la administración de justicia. Para Lafaurie este tipo de modelos, como carta jugada en la mesa de diálogos de La Habana, le estaría dando poder y oxígeno a organizaciones como las Farc. También, considera que estaría afectándose la garantía de la propiedad privada en el campo colombiano.

 

Así las cosas, queda claro que el debate está abierto en torno a este modelo de desarrollo agrario. Sería menester medir en términos de productividad y protección del medio ambiente las experiencias de ZRC que ya existen en el país y contrastarlas con los argumentos a favor y en contra que han animado un debate que está cruzado por la necesidad de plantear un modelo de desarrollo agrario que funcione en un eventual posconflicto. 

 


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