Opinión

Cada año el curso político en la Región se ralentiza algunos meses y vuelve a su actividad normal a mediados de agosto. Como no podía ser de otra manera, los retos políticos, económicos y legislativos, llenan la agenda de los países, especialmente de los que tienen un papel más preponderante.

 Estos días hemos visto las oleadas de propuestas contra la corrupción y la mala administración pública en México.    El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha escatimado recursos políticos para poner énfasis en lo que serán sus líneas rojas en su política de gobierno.

Reducciones salariales, disminución de privilegios en los funcionarios públicos, venta de activos que daban servicio personalizado a las altas instancias del Estado, reducción de la inversión pública en publicidad entre otros. Todo ello encaminado a devolver la credibilidad de la ya denostada clase política.

Al mismo tiempo, en Colombia se votaba una consulta anticorrupción que no pasó por unos pocos votos. Casi una decena de millones de votos indicaban a la clase política el nivel de hartazgo que tiene la ciudadanía. La sorpresa por el resultado ha cogido con el pie cambiado a muchos líderes, especialmente a los de extrema derecha, quienes trabajaron arduamente en contra de ella.

Quizás sea un buen momento para que el presidente Duque enarbole una bandera con la que pasar estos largos cuatro años de gobierno. El comienzo de su mandato no ha podido ser más desconcertante. Un yugo político desde su propio partido, manejado por el ala más reaccionario del Centro Democrático, está haciendo “trizas” las promesas y buena voluntad de sus mensajes electorales de concordia y gobierno para todos.

Por si fuera poco, la sorpresa definitiva saltó estas semanas atrás en el sur del continente. Un ilustrado chofer argentino, con clara vocación de pasar a la posteridad, anotó en ocho cuadernos todas las transacciones, coimas  y compras de voluntades políticas en los diferentes gobiernos kirchneristas. Semejante terremoto político, ha dado lugar al encarcelamiento de más de una docena de empresarios, funcionarios y políticos de aquel entonces.

También, la ya mermada credibilidad de la ex presidenta Cristina Fernández, quedó marcada por los arreglos del ministro Julio Devido, quien siempre fungió de cobrador del gobierno, pero hasta ahora, no habían encontrado pruebas tan irrefutables contra él y otros altos funcionarios.

No salimos de estos casos y encontramos otros en Perú, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Venezuela entre otros. El denominador común, el enriquecimiento por parte de funcionarios públicos a costa de las arcas del Estado y del desarrollo social.

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La región pasa por momentos de incertidumbre política y económica alarmantes. Las previsiones de crecimiento de la CEPAL para este año son apenas de 1,5%, totalmente insuficiente para reducir las brechas sociales. La ola de desencanto por la corrupción y malas prácticas públicas, está haciendo retroceder el crecimiento económico y social como no pasaba hacía décadas.

En multitud de ocasiones, estos últimos años, se han reunido los líderes políticos regionales. El desarrollo económico, la educación, la propia corrupción, la investigación y el desarrollo, entre otros temas, han estado en la agenda de las diferentes cumbres internacionales. Muy poco ha salido de ese sistema cancerígeno, en donde para avanzar, hay que consensuar a todos los miembros de cada convocatoria.

Merecería el esfuerzo de una verdadera conferencia sobre la corrupción y las malas prácticas de la función pública. Con la participación de la sociedad civil, juristas y funcionarios de organizaciones internacionales, que sean capaces de hacer un código de obligado cumplimiento político y moral con respecto a estos delitos de guante blanco.

Con la prohibición para aquellas personas, funcionarios públicos y empresas que corrompan o sean corruptos,  de poder trabajar ellos, sus empresas o cualquier instrumento societario creado al efecto, dentro del territorio de los países firmantes de un acuerdo supranacional  en contra de estas prácticas.

Quizás esto sería sólo el comienzo. Todo no se va a enderezar de la noche a la mañana. También conviene una reflexión adicional sobre los sistemas judiciales en los países, algunas veces inoperantes y otras intrínsecamente corruptos, como para juzgar malas prácticas de otros. En la agenda de la clase política tendrán que estar sin duda ninguna, estos y otros temas relacionados con los usos fraudulentos de los bienes y servicios públicos, si realmente lo que queremos, es tener un futuro mejor para nuestra ciudadanía.