Investigación sobre el crimen de Álvaro Gómez no prescribirá

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad el magnicidio del político conservador, periodista y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

 

Fue un homicidio cometido en persona protegida, pues Álvaro Gómez ejercía activamente el periodismo para la época en que fue asesinado”, dijo a RCN Radio Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del asesinado dirigente conservador.

 

Gómez Martínez explicó que luego de varias solicitudes de la familia, la Fiscalía 190 de Derechos Humanos fue quien los notificó de la decisión de esta declaratoria de lesa humanidad.

 

Agregó que lograron “establecer con un catálogo de pruebas la participación de miembros de la Fuerza Pública en la planeación y comisión del homicidio y finalmente hay un claro conjunto de homicidios sistemáticos bajo la administración del (presidente) Ernesto Samper, enfocados a proteger a esa administración de las consecuencias derivadas de sus probadas y notorias relaciones con el narcotráfico”.

 

Con la declaratoria, la investigación del asesinato no solo no prescribirá sino que los responsables no tendrán ningún beneficio por parte de la justicia.

Fallo judicial revivió las Circunscripciones Especiales de Paz

Este lunes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del Gobierno la acción de cumplimiento radicada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, con la que se buscaba revivir las 16 curules de las víctimas.

 

En el fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena al presidente del senado, Efraín Cepeda, enviar a la Presidencia de la República el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones de paz para la promulgación de la ley.

 

La decisión judicial se deriva de un concepto no vinculante emitido por el Consejo de Estado que le daba la razón al Gobierno en el sentido de que con los 50 votos obtenidos se daban por aprobadas las circunscripciones que tendrán las víctimas en el Congreso.

 

Cabe recordar que hace una semana el presidente del Senado se rehusó a cumplir un fallo de tutela que también le ordenaba remitir a la Presidencia el acto legislativo.

 

La sentencia publicada este lunes señala que hay un plazo de tres días para impugnar esta decisión y que el incumplimiento dará lugar a la “apertura de un incidente de desacato”.

Consejo de Estado admitió demanda que busca tumbar curul de Claudia López

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura en contra de la senadora Claudia López.

 

De acuerdo con el demandante, el abogado Hernán Cadavid, la senadora debía declararse impedida para votar el proyecto de ley que propone eliminar del código penal los delitos de injuria y calumnia para descongestionar el sistema penal.

 

Cadavid afirma que, “esto es un claro ejemplo de legislar en beneficio propio”, toda vez que senadora tiene en contra 20 demandas por injuria y calumnia.

 

La demanda contra la dirigente de la Alianza Verde cuenta con el respaldo del senador uribista, Alfredo Ramos Maya, quien sostiene una disputa con López luego de llamarlo “hijo de paramilitar”.

 

Se espera que el Consejo de Estado tome una decisión sobre esta demanda en los próximos días.

Las razones de la Procuraduría para investigar al secretario de Movilidad de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de semáforos inteligentes por $215.000 millones de pesos.

 

“La investigación también afecta a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto, y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

 

Adicionalmente, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial solicitó la suspensión inmediata de la licitación antes las dudas de si fueron tomadas las medidas necesarias para asegurar la conservación del patrimonio público de Bogotá.

 

“El Ministerio Público investiga por qué, sin contar con los productos finales de la consultoría contratada para ese fin, el 10 de junio fue abierta la licitación. Además, se investigan las posibles irregularidades ocurridas en el proceso de suscripción del Otrosí número 3 al convenio entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el que separó el tema de los semáforos del de las comunicaciones telefónicas”, señala la procuraduría.

 

“La Procuraduría apoya la investigación en el traslado que hizo la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, según el cual no hay coherencia entre los documentos contratados a la consultoría por parte de la Secretaría de Movilidad y los que están publicados en el Secop o portal de contratación”, complementa .

 

Entre las pruebas que ordenó figura escuchar en declaración a varios de los oferentes interesados en participar en la licitación, y quienes han hecho observaciones públicas sobre el trámite, en especial sobre el contrato de consultoría por 5.499 millones de pesos con la firma C&M- IDOM, que elaboró los estudios y estructuró técnica, financiera y legalmente el proyecto.

 

“Extraña a la Procuraduría General de la Nación que la Secretaría Distrital de Movilidad pese a haber sido notificada de la solicitud de suspensión de la licitación, mediante comunicación física radicada el día 13 de diciembre, a la fecha no solo no ha publicado la petición del Ministerio Público, sino que ha seguido incorporando documentos para avanzar en el proceso hacia la adjudicación del contrato por $215.000 millones”, concluye el comunicado del Ministerio Público.

Líderes sociales alzan voz de protesta por declaraciones del MinDefensa

Hay indignación entre los líderes sociales del país tras las declaraciones que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le entregó este fin de semana a Noticias Uno y donde insitió que no hay patrón sistemático entre los crímenes que se han presentado contra esta población.

 

Los líderes sociales le piden al ministro retractarse por afirmar que la mayoría de los crímenes se han presentado han sido por ‘líos de faldas’.

 

“Las amenazas que tenemos no son por líos de faldas. Eso es irrespetuoso. Exigimos que el señor ministro se retracte de estas declaraciones”,  expresó este lunes en BLU Radio un líder social del bajo Atrato, que, por seguridad, no reveló el nombre.

 

Agregó que este tipo de declaraciones solo justifican los asesinatos y tergiversan la realidad.

 

“El hecho es desafortunado, salido de contexto, un total insulto a las memorias de las víctimas”, puntualizó.

 

El hombre denunció que detrás de las muertes, en sectores como Curvaradó, Chocó, están los “empresarios que financian paramilitares”.

ANIF no ve conveniente aumentar salario mínimo por encima de 4,5%

Mientras se allanan los últimos esfuerzos para buscar un acuerdo sobre el alza del salario mínimo en Colombia para 2018, ANIF ha recomendado que esta no supere 4,5%.

Un análisis de este centro de pensamiento económico subraya que ya es un lugar común mencionar que el mercado laboral colombiano adolece de un grave problema de informalidad.

Y, sin embargo, aún no se adoptan medidas de fondo relacionadas con la flexibilización del mercado laboral y la profundización del desmonte de cargas no salariales (aun bordeando el 50% sobre la nómina tras la Ley 1607 del 2012).

En opinión de Anif, la solución al problema de convergencia del SM hacia el SML y de la elevada informalidad debe buscarse por la vía de: i) asegurarnos que el ajuste del SML cada vez se ciña más a la regla universal (no superando un ajuste del 4.5% para el 2018); ii) profundizar la reducción de los costos no salariales, todavía con multiplicadores del 50%, y de los elevados costos de despido para las firmas; y iii) adoptar diferenciales salariales únicamente para el caso de jóvenes (menores de 25 años) que estén en la etapa de aprendizaje.

De hecho, el Sena venía aplicando este esquema al permitir remuneraciones del 75% de 1SML durante la etapa de aprendizaje (con duración máxima de 1 año); pero sin repetir el error de disparadores según niveles de desempleo nacional, concluye el informe.

La registradora que brindaba nuevas identidades a miembros del Clan del Golfo

En las últimas horas las autoridades capturaron a Luz Estella de Arco, la registradora del municipio de Necoclí, Antioquia.

 

La mujer es acusada de brindar nuevas identidades a los comandantes de la banda criminal conocida con el Clan del Golfo, entre ellos a alias ‘Otoniel’, jefe máximo de esa estructura criminal, y el abatido alias ‘Gavilán’.

 

De acuerdo con las autoridades, gracias a alias la ‘registradora’ como era conocida la mujer dentro del Clan del Golfo, los integrantes de esa banda criminal podían movilizarse libremente por el país, sin levantar sospecha alguna.

 

La captura de Luz Estella de Arco se produjo en Urabá en el marco de la Operación Agamenón II que adelantan las autoridades para neutralizar las operaciones del Clan del Golfo en esa zona del país.

 

La mujer quedó a disposición de las autoridades y deberá responder ante un juez por los diversos delitos que le impute la Fiscalía General la Nación.

 

No es la primera vez que el Clan del Golfo penetra una entidad del Estado en Urabá

 

En en el año 2016 las autoridades también capturaron en Necoclí a Marla Victoria Peña, ex personera de esa localidad.  La investigación en su contra se dio a raíz del descubrimiento de un plan para asesinar a unos funcionarios públicos, en el cual resultó implicado su esposo Orlando Osorio Martínez, alias “Saúl” o “Nicaragua”.

PGN tiene entre ojos al Gobernador de Córdoba por contrato de 14.000 millones

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad y otros tres funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la cancelación de un Convenio de Cooperación de Ciencia y Tecnología suscrito con la Fundación George Dahl por $14.000 millones de pesos.

 

La Primera Delegada para la Contratación Estatal también vinculó al proceso disciplinario a Manuel José Benjumea Simancas, director de Planeación Administrativo de la Gobernación de Córdoba y/o director Departamental de Regalías de Córdoba; a Sandra Milena Ruíz Pérez, asesora del despacho del Gobernador de Córdoba, y a Jairo Rafael Cruz Lozano, director de Contratación del Departamento de Córdoba y delegado para el Desarrollo de Procedimientos Administrativos Sancionatorios.

 

El representante de la Fundación George Dahl, Kalil Petro Sakr, denunció ante la Procuraduría que aunque el convenio de “Investigación en Recursos Hidrobiológicos del Caribe Colombiano”, para abril de 2016 avanzaba en un 48,9% lo que hacía prever que sería cumplido antes de la fecha señalada, la administración de Besaile Fayad declaró el incumplimiento y lo multó con más de $2.800 millones de pesos, sin atender ninguna de las pruebas que desmentían los señalamientos de la gobernación.

 

La apertura de investigación se dispone con base en el artículo 153 de la Ley 734 de 2002, para determinar si hubo conductas irregulares y si estas son constitutivas de faltas disciplinarias, los motivos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el perjuicio causado a la administración pública.

“Uribe es el político que más le ha ayudado a las AUC”: alias Don Mario

El ex narcotraficante Daniel Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Don Mario‘, rompió este viernes su silencio tras conocer que el Gobierno había autorizado su extradición a Estados Unidos.

 

El ex paramilitar le dijo a W Radio que “una fuerza oscura buscó su extradición a Estados Unidos”. 

 

Criticó fuertemente al expresidente Álvaro Uribe, de quien dijo era el político que más le había ayudado a las Autodefensas.

 

Asimismo, hizo mención al sonado caso del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.

 

“No soy el principal testigo de Santiago Uribe, pero sí puedo decir que en el país se conformaron unos grupos de seguridad privada, y que los tuvieron al mando varias familias del país, entre esos la familia de los Uribe, y que después mutaron a ser hombres de atrás en los doce apóstoles. Esto es lo que yo le he dicho a la justicia, no es que yo tenga prueba de hechos como tales. Sé que tuvieron un grupo de seguridad privada y después conformaron los doce apóstoles”. aseguró Rendón Herrera con la cadena radial.

 

En las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos anunció que firmó la orden de extradición de este ex paramilitar y ex narcotraficante que es acusado en Estados Unidos de crear la banda criminal conocida como ‘Clan del Golfo’.

Denuncian al presidente del Senado por hundir curules de las víctimas

Este jueves un grupo de parlamentarios radicó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia por prevaricato contra Efraín Cepeda, presidente del Senado, argumentando que la negativa por parte del senador conservador para remitir el acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones de paz para su respectiva promulgación por parte del presidente Juan Manuel Santos, puede interpretarse como un prevaricato por omisión.

“Esa negativa podría ser encuadrable y dar lugar a la derivación de la consiguiente responsabilidad penal por la comisión del delito de prevaricato por omisión” reza un fragmento de la denuncia.

Para el senador Iván Cepeda Castro y los representantes a la Cámara Germán Navas Talero, Alirio Uribe, Ángela María Robledo y Víctor Correa Vélez, firmantes de la denuncia, el presidente del Senado pudo haber incurrido en el delito de prevaricato por omisión, al haberse negado a reconocer la aprobación del acto legislativo en mención y, posteriormente, el negar la petición que le hiciese el ministro del Interior, Guillermo Rivera, para que remitiera el acto legislativo a la Presidencia de la República para su respectiva sanción.

Dentro del texto, los congresistas argumentan cómo la votación alcanzada en Senado sí cumplía con el requerimiento legal vigente y cómo Cepeda Sarabia desconoció abiertamente la Constitución, así como los pronunciamientos al respecto por parte de la Corte Constitucional.

 

Esta denuncia contra el presidente del senado se convierte en otro capítulo en la novela que se ha convertido el acto legislativo que creaba 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado. Actualmente es incierto si dicha reforma constitucional entrará o no en vigencia.