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Desde el Concejo insisten que no hay soporte jurídico para exigir cambio de taxímetros a tabletas

Concejal-Roger-Carrillo

Esta semana vence el primer plazo que ha fijado el Distrito a los taxistas para que empiecen a implementar el nuevo sistema de taxis inteligentes en Bogotá; sin embargo, desde el Concejo insisten que el Distrito no cuenta con soporte jurídico para exigir a los taxis cambio de taxímetro por tableta.

En una carta publicada por su despacho, el Concejal Roger Carrillo Campo desglosó, las irregularidades en las que incurre el Distrito con la medida que obliga a los taxistas a dar el salto tecnológico a las tabletas inteligentes.

De acuerdo con el cabildante, en un auto del 30 de abril de este año el Consejo de Estado, evidenció que el Ministerio de Transporte procedió a expedir la reglamentación del ofrecimiento y prestación del servicio público de transporte terrestre en la modalidad individual de lujo definido en el Decreto 2297 de 2015, sin esperar el concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Ahora bien, como lo indicó esta Corporación, el efecto jurídico de expedir actos administrativos con fines de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, sin el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio es el de la nulidad del acto por expedición de forma irregular y con violación de las normas en que deben fundarse”, indica el Concejal citando a la Consejera Ponente del mencionado auto.

Insiste el Concejal Campo que frente a esa decisión, El Distrito, presentó Escrito de Coadyuvancia dentro de la Acción de Nulidad contra la Resolución 2163 de 2016, en el que solicitó al Consejo de Estado, modular o modificar los efectos de la medida cautelar, expresando que con fundamento en la Resolución 2163 de 2016, las normas distritales expedidas, han arrojado entre otras cifras que 52 empresas de las 57 existentes en Bogotá, ya dispusieron de una plataforma tecnológica para el uso de sus vehículos y la presentaron para verificación por parte de la Secretaría de Movilidad. Estas Empresas agrupan a 47.240 vehículos que equivalen al 95% de los taxis activos de la capital del país.

Sin embargo, el cabildante manifiesta que con base en los argumentos  del Distrito la Consejera ponente levantó la medida cautelar de suspensión de la Resolución 2163 de 2016, “bajo la condición que el Ministerio de Transporte continúe con el trámite de la Resolución que deroga el acto aquí demandado, con el lleno de los requisitos legales”.

En ese sentido, Campo planteó una serie de interrogantes al Distrito que contemplan entre otras, las siguientes inquietudes, ¿Cómo pretende creer que las normas Distritales están vigentes y no tienen vicios de legalidad, si la Resolución 2163 de 2016, está suspendida hasta tanto no se expida la nueva Resolución?, ¿Cómo pretende la Administración Distrital, hacer creer que sus normas son legales, si la Resolución 2163 de 2016 que les dio origen, es ilegal y por eso será derogada por el mismo Ministerio de Transporte, en el nuevo proyecto de Resolución?, ¿Quién responde por los perjuicios económicos que se pueden generar al ser declarada nula y/o derogarse la Resolución 2163 de 2016 y no tener fuerza de obligatoriedad las normas distritales?.

Finalmente, el Concejal Campo instó al alcalde Enrique Peñalosa y al Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo,  a replantear su posición y esperar a que la nueva Resolución que Reglamente el ingreso del servicio público en el nivel lujo, sea expedida por el Ministerio de Transporte, para evitar daños y perjuicios antijurídicos a la ciudad y al mismo gremio y usuarios del transporte individual en el nivel básico- taxi.

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