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Gremio de hospitales públicos raja a Santos: deja el sector salud con la peor crisis de la historia

“No se trata de hablar mal del que se va y al que le queda algo más de un mes en el cargo. Durante todo el tiempo no solamente lo argumentamos, sino que lo comprobamos con hechos y cifras: las peores decisiones en contra de la salud en Colombia se tomaron durante los últimos ocho años. El gobierno de Juan Manuel Santos entrega la red pública hospitalaria en la más grave crisis de su historia”, así resumieron voceros de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, el estado en el que deja esa administración el sector, al entrante jefe de estado Iván Duque Márquez.

Si un gobierno en cualquier país entrega las instituciones públicas de salud, como las dejó el gobierno Santos, que le prestan sus servicios al grueso de la población, no solamente a los más pobres y que viven en los sitios más alejados de los cascos urbanos, sino a los colombianos de las ciudades capitales y otros municipios intermedios, que son los que impulsan y sostienen la economía de una nación, no es poco decir que las decisiones que tomó dejaron postrado al sector y casi aniquilado, sostuvo Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de esta asociación.

A pesar de haberse logrado la firma de la Ley Estatutaria en Salud, un gran logro de la sociedad civil, el Ministerio de Salud desde su promulgación ha generado multiplicidad de Decretos, Resoluciones y Circulares que van en contravía del goce efectivo del derecho a la salud y no se logró avanzar en materia de disminuir inequidades, avanzar en el cuidado integral de la población y se continua con políticas orientadas a la contención de costos basadas en barreras de acceso, que tratan desesperadamente de mejorar el patrimonio de las EPS a costa de la negación de servicios a sus afiliados.

En primer lugar la cartera, que es lo que le deben las EPS a los hospitales a cargo del estado casi se triplicó: en 2010 cuando Santos Calderón recibió el gobierno, las deudas de esas empresas, en su inmensa mayoría privadas llegaban a $3,4 billones, muy alta, pero con decisiones acertadas de vigilancia, control y mano fuerte para que esas entidades le pagaran a las empresas sociales del estado, muy seguramente las cosas no hubiesen llegado a los extremos actuales. Al siguiente año (2011) la cartera subió a $3,5 billones y así sucesivamente, 2012 ($4 billones); 2013 ($4,5 billones); 2014 ($4,9 billones); 2015 (5,9 billones); 2016 ($7,2 billones); 2017 ($7,9 billones), y la entrega en el presente año con $8,2 billones). En los últimos ocho años las obligaciones del régimen subsidiado crecieron casi tres veces, mientras los pasivos del régimen contributivo se multiplicaron cerca de 500 por ciento (en 2010 eran de $353 mil millones y en 2018 llegan a $1,7 billones).

La vocera gremial agregó que durante la vigencia del gobierno que concluye el próximo 7 de agosto, las posiciones y decisiones llevan a concluir que el gobierno nacional no realizó acciones claras y concretas para que las EPS pagaran sus deudas, lo que condujo a las empresas sociales a generar serios problemas de liquidez, con lo que se afectaron gravemente sus estados financieros, que obviamente no pueden mentir su triste realidad económica actual.

No contento el gobierno, logró la aprobación de la ley 1438 de 2011, que en su artículo 80 obligó a una clasificación de las ESE acorde con su riesgos fiscal y financieros, “de acuerdo con las condiciones del mercado, de equilibrio y viabilidad financiera”, a sabiendas que el control de los estados financieros y contables de las ESE, no dependían exclusivamente de la gestión gerencial de austeridad, transparencia y buen manejo de los recursos, sino de un problema estructural del sector, entre otras causas, provocado por falta de vigilancia de los organismos de control a las mismas EPS. “Si un hospital no tiene las herramientas legales para obligar a que le paguen sus deudas, apoyado por el propio estado, pues es imposible que la ecuación matemática financiera funcione”, anotó la directora de ACESI.

En cuanto al riesgo fiscal y financiero el gobierno le puso una marca a los hospitales y los entrega así a 2018: de 910 empresas sociales reportadas a nivel nacional 570, es decir el 62,6% están en riesgo fiscal y financiero medio o alto. El 20% de éstas entidades se encuentran en planes (PGIR) en la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual, implica que no tienen como acceder a recursos para salir de sus crisis financiera. “Estar en alto riesgo fiscal y financiero quiere decir que la situación es más que grave, debe entrar a un programa de saneamiento que con las condiciones que ofrece el mismo modelo Santos, es casi imposible de salir; porque deben incrementar ingresos, bajar gastos e incrementar recaudo. Mientras a las EPS les otorgó 10 años para recuperarse financieramente, los hospitales estatales solamente tienen un año para modificar su categoría de riesgo, so pena de ser intervenidos o liquidados.

Esa medición de las Empresas Sociales del Estado por su capacitad financiera ha llevado a muchos hospitales públicos a iniciar programas de saneamiento con el Ministerio de Hacienda, buscando ser sostenibles sacrificando la rentabilidad social, producto de eso, se observa cómo se han disminuido en forma importante los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y servicios no “rentables” en estas instituciones, siendo el usuario el mayor damnificado con esas medidas, aseguró la médica Olga Lucía Zuluaga R.

Pero si las cifras de las finanzas de las ESE, que no mienten, y que superan toda especulación e interpretación subjetiva, el resultado de la debacle se refleja en la liquidación, cierre y fusiones de estas instituciones.

Son varios los departamentos que ya han sufrido la liquidación de 32 Empresas Sociales del Estado, siendo los más afectados: Antioquia, Boyacá y Valle. Las anteriores cifras no incluyen el total de las ESE que han sido entregadas a privados para su operación como el caso del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial de la isla de San Andrés, el cual, tiene serias dificultades a pesar de estar manejado por entidades privadas.

Tampoco se puede desconocer las grandes dificultades que existieron en inspección, vigilancia y control que llevaron a el desastre ocurrido con la EPS Saludcoop que estuvo en intervención por la Supersalud, para luego continuar con los desaciertos con la entrega a Cafesalud y ahora con Medimás, que no ha dejado de continuar con escándalos por presuntos problemas en los manejo de los recursos y por no garantizar los servicios de salud a la población a su cargo, caso que incluso provocó la suspensión del superintendente nacional de salud.

A este descalabro hay que agregar las enormes acreencias insolutas dejadas por la EPS en liquidación como Caprecom, Saludcoop, Solsalud; EPS Condor, Humana Vivir, Selva Salud entre otras. “Como se dice coloquialmente, esa platica se perdió, con plena indiferencia del gobierno”, añadió la dirigente gremial.

La Directora Ejecutiva de ACESI sostuvo que al nuevo gobierno, el gremio le pide la construcción de una política pública del sector hospitalario, al igual que el fortalecimiento de la baja complejidad, que son las empresas sociales de primer nivel, que se han convertido en ese contacto inicial que tienen los colombianos más humildes con la red, buena parte de esos hospitales están ubicados en sitios alejados a las ciudades capitales, lo cual los convierte en la única diferencia entre la vida y la muerte, en casos extremos. “Hay que modernizar sus equipos e infraestructura para poder brindar servicios con calidad”, dijo.

“A nivel de la mediana y alta complejidad se ha observado un debilitamiento y desaparición incluso de muchos servicios o tercerizaciones, producto de las necesidad de inversión para evitar desaparecer del mercado en el cual, estamos inmersos. El gobierno Duque debe revertir ese nefasto proceso de aniquilación de la red pública hospitalaria en los hospitales más grandes que impactan masivamente a las regiones”, agregó.

De otro lado, Olga Lucía Zuluaga R. indicó que el nuevo gobierno debe sentarse a re pensar cómo va a salvar el sector y la red pública. “No podemos seguir operando con la teoría del recaudo, porque es un contrasentido, con los graves problemas de cartera que tenemos con las EPS, que se graduaron en glosar todas las cuentas, mecanismo para dilatar y dilatar en el tiempo las deudas, hasta llegar a no pagar altos porcentajes de las mismas; hay que recuperar las finanzas de las ESE y avanzar en la aprobación de los giros directos en el régimen contributivo.

Los miembros de la Junta Directiva de ACESI esperan reunirse con los integrantes del gobierno electo para socializar en detalle todos estos aspectos.

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1 Comment

  1. La representación del estado Colombiano, en los últimos 8 años por parte del ejecutivo, eliminó lo más importante como es la SALUD de los Colombianos, y fortaleció el NARCOTRAFICO, la historia tendra que juzgar a los responsables, para que no se repita.

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